Admiten que es difícil aplicar el protocolo

El 17 de febrero, una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación estableció el "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas". La norma tuvo hasta ahora un desarrollo dispar, sobre todo en la Capital, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admite dificultades para aplicar el protocolo por la magnitud de algunas marchas que terminan interrumpiendo totalmente el tránsito vehicular.

"En el caso de las rutas federales y las autopistas, hemos logrado que no haya cortes de puentes, ni de la Panamericana. En la ciudad de Buenos Aires ha habido muchas marchas en las que se ha logrado que no se corte toda la circulación.

En otras circunstancias, por la cantidad de gente que había, se hizo mucho más difícil. Como tiene la carga más fuerte de marchas, la ciudad no puede disponer del 100% de la policía para esto. Entonces, tiene más problemas de aplicación" evaluó Bullrich, en diálogo con LA NACION.

La dificultad para aplicar el protocolo en territorio porteño quedó expuesta el miércoles 16 de marzo, cuando una multitudinaria manifestación cortó durante más de tres horas el tránsito en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. El corte de la avenida se repitió el martes 5 de abril, en la intersección con Avenida de Mayo. Una marcha que también llegó a la puerta de la cartera de Desarrollo Social fue controlada el 3 de marzo: en esa oportunidad quedaron carriles libres sobre la 9 de Julio. El 24 de febrero, una protesta de la izquierda bloqueó totalmente el cruce de Corrientes y Callao.

El protocolo establece un espacio de negociación para que cese el corte. Tras ese primer diálogo, el jefe del operativo de seguridad debe comunicar a los manifestantes que tienen que desistir de cortar el tránsito. Si no cumplen la orden, las fuerzas de seguridad pedirán que depongan la actitud bajo apercibimiento de proceder de acuerdo a un delito cometido en flagrancia, pondrán al tanto de los hechos al juez competente e intervendrán para disolver la manifestación. Luego, se dialogará con los líderes de la protesta para encauzar los reclamos con las autoridades pertinentes.

La Fiscalía General porteña estableció criterios para aplicar el protocolo en la Capital. Lo hizo el 31 de marzo, con la resolución Nº 25, que firmó el fiscal Luis Cevasco.

Pero los problemas para controlar los cortes exceden el territorio porteño. También están en provincias como Tierra del Fuego, cuyo extendido conflicto gremial por el recorte de salarios y los cambios en el régimen jubilatorio derivó en bloqueos de los accesos a Ushuaia y al aeropuerto. Bullrich considera que "en muchas provincias hay más diálogo y se logra que no se corten rutas, salvo en algunas en las que el nivel de conflictividad es muy alto y las mismas provincias quieren continuar sin otro tipo de acción".

Preocupación de la CTA

El protocolo genera resistencias gremiales. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma lo puso en la mira en su último informe, como un elemento represivo en un contexto de conflictividad social por los despidos.

El informe subraya que el protocolo "implicó una generalización de la decisión estatal de avanzar contra la resistencia de los trabajadores a las políticas de ajuste por medio de la utilización de las fuerzas de seguridad".

"Vemos que hay conflicto político, pero no hay conflicto social. Nos parece importante distinguir estos conceptos. No vemos una sociedad en la calle, vemos conflictividad política. Si uno mira algunas de las manifestaciones, van a la baja, no aumentan su caudal", planteó Bullrich. La ministra advirtió que "hay un intento, en algunos casos, de buscar la reacción policial".

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