Adulteran un sumario para acusar a una ex funcionaria

El Gobierno la denunció tras haber aportado datos sobre la IGJ; editó información para acusarla
Hugo Alconada Mon
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27 de noviembre de 2014  

El Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez, quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

Al presentarse ante la jueza, de todos modos, Alak acompañó copias de algunos tramos de los tres sumarios simultáneos que se iniciaron dentro de la IGJ para averiguar qué ocurrió con esos legajos y quiénes fueron los responsables por lo ocurrido. Esas copias que aportó Alak incluyen varias inconsistencias. Entre otras, la foliatura no es correlativa, no se respetó la secuencia cronológica para incorporar documentos y testimonios y se mezclaron los testimonios, hasta el punto de aparecer alguno del sumario sobre The Old Fund en el de London Supply. De los tramos disponibles de esos tres sumarios surge, además, que sus instructores decidieron avanzar sobre Martínez -que fue desplazada de la IGJ- y el jefe del Archivo, Guillermo Agüero, pero obviaron los testimonios e indicios sobre otros funcionarios jerárquicos que estuvieron o siguen allí.

En esa línea, el propio Agüero detalló al declarar que Martínez era una de las autoridades que solía pedirle legajos de empresas sin que quedaran registros de sus solicitudes, pero que la misma práctica repetían de manera habitual el entonces titular del organismo, Marcelo Mamberti; el director de Sociedades Comerciales, Pablo Lagarrañaga; el de Entidades Civiles, Luciano Palacios, y la delegada administrativa, Karina Bellizzi.

En su última declaración -en total declaró tres veces más y presentó un escrito-, Agüero aportó más nombres. Entre otros, el del por entonces subinspector general de la IGJ, Gustavo Varela, y el de una por entonces asesora, Analía Spátola, quien ahora es la número dos del organismo.

"El señor Varela pedía expedientes en forma directa, en mano, y enviaba a su secretaria. A veces baja[ba] y pedía [que] se le llevara tal o cual expediente en forma directa, sin observar los procedimientos establecidos", declaró Agüero. Otros, añadió, "mandaban a sus secretarias. Palacios mandaba a Sol y Laura, y Larrañaga no me acuerdo el nombre. Varela [también] mandaba a Analía Spátola."

En su escrito, Agüero fue más preciso aún. "El suscripto, al remitir los expedientes o los trámites, se quedaba con alguna constancia del expediente de la [sic] The Old Fund (Expediente 1798649, Trámite 2776773), que fue llevado a la Secretaría Privada." Es decir que lo último que el jefe del Archivo supo del legajo más sensible del "caso Ciccone" fue cuando lo entregó en mano en el despacho del entonces titular de la IGJ, Mamberti. Como saldo de la investigación interna de la IGJ, sin embargo, Agüero recibió cinco días de suspensión. Y se obviaron las hipótesis que apuntaban a Mamberti, Varela, Spátola, Larrañaga, Palacios o Bellizzi, entre otros. Por el contrario, entre agosto y octubre pasados desde el Ministerio de Justicia aceleraron la conclusión del sumario, para pedir que se los acepte como querellantes.

El apuro entre agosto y octubre no es casual. En ese período, Martínez declaró como testigo ante la Justicia, mientras que la nacion reveló que aunque la IGJ había anunciado la completa reconstrucción del legajo de The Old Fund, faltan 18 páginas de la actuación original, y la reconstrucción incluye datos adulterados.En el sumario del Ministerio nunca se citó a Martínez, para que ejerciera su derecho de defensa, ni a nadie de su equipo del Registro Nacional de Sociedades.

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