Advierten sobre abusos de la prisión preventiva

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires hizo ayer una advertencia sobre el "abuso" del recurso de la prisión preventiva, una medida que se aplicó recientemente con cierta polémica en los casos de Julio De Vido y Amado Boudou .

"A fin de evitar abusos de discrecionalidad judicial que afecten el principio de legalidad penal y la división de poderes, los recientes hechos de público conocimiento plantean la necesidad de reanalizar los límites de la restricción de la libertad durante el trámite del proceso", planteó en un comunicado de prensa la entidad que preside Guillermo Lipera.

La entidad expone allí que "como principio rector rige la libertad del imputado durante el desarrollo del proceso penal. La privación de la libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental y cautelar".

En las últimas semanas el tema de la prisión preventiva se transformó en una cuestión de debate jurídico porque empezó a utilizarse en forma más frecuente a partir de un fallo del camarista Martín Irurzun.

En un fallo que sentó una jurisprudencia más flexible para aplicar la prisión domiciliaria, Irurzun, con el acompañamiento de su colega Leopoldo Bruglia, dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento.

Se debe considerar un "escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito".

En este sentido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó que "la prisión preventiva es una grave restricción a la libertad personal, pues implica una detención sin condena que sólo podrá ser admisible si se fundamenta debidamente en que el imputado intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecerá la investigación".

A partir de ese diagnóstico, la institución señaló "la necesidad de que el Congreso de la Nación reglamente las causales que, objetivamente, puedan configurar los supuestos de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, para lo cual deberá ponderar no sólo la ley procesal, sino también la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos, en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos".