Afirman que una patota prominera impide protestas

Militantes denuncian que no se les permite hacer reclamos por la represión en Andalgalá
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13 de febrero de 2012  

En otro capítulo de la disputa por la continuidad de los proyectos de megaminería a cielo abierto en distintas provincias del país, asambleístas de Catamarca denunciaron ayer la existencia de "una patota prominera" que busca "controlar los accesos" a la ciudad de Andalgalá, con objeto de impedir el ingreso de manifestantes que viajan a sumarse a la protesta contra la minera Bajo La Alumbrera.

Pobladores catamarqueños dieron a conocer esta situación a través de un comunicado distribuido por la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se manifiesta en distintos puntos del país en reclamo de la protección del ambiente y de los proyectos mineros en el norte del país.

"Desde hace cinco días esta patota prominera, avalada por los gobiernos provincial y nacional, y financiada por Bajo La Alumbrera, entre otras empresas, actúa con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá", afirmaron en un comunicado. Y aseguraron que con esa modalidad los grupos de desconocidos al parecer "impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante".

En tanto, asambleístas y pobladores de Tinogasta continuaron ayer las protestas en distintos puntos de las rutas que conducen a empresas mineras que operan en Catamarca, luego de los graves incidentes en la ruta 60. En la mañana del viernes, la policía provincial utilizó gases lacrimógenos, perros y balas de goma para despejar la ruta y permitir el paso de camiones que se dirigían al emprendimiento minero de Bajo La Alumbrera.

"No exigimos que los repriman, sino que se libere inmediatamente el tránsito de personas, ya que no aceptamos eso de ninguna manera", aclararon los asambleístas tinogasteños, y pidieron que "Andalgalá sea liberado". Advirtieron, sin embargo, que "si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país".

Sin comentarios

Mientras se mantienen las protestas en distintas localidades de Catamarca, la gobernadora kirchnerista Lucía Corpacci mantuvo su silencio en relación con los incidentes del viernes último.

Hace una semana, la mandataria había defendido la actividad minera, la calificó de "una política de Estado" y la definió como "un factor de desarrollo provincial".

Nacido en 1997, el proyecto Bajo La Alumbrera en Catamarca representa el 70 por ciento de los ingresos genuinos de esa provincia, según datos oficiales.

Si bien escasean las respuestas oficiales, la que sí habló fue la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, quien defendió a los manifestantes y criticó "los atropellos permanentes" que sufren por parte de la empresa y el gobierno de esa provincia.

En la Cámara de Diputados, las diputadas Laura Alonso y Soledad Martínez (Pro) propusieron a sus pares de la Comisión de Minería trasladarse a Catamarca para sesionar allí, cerca de un conflicto que amenaza con nuevos capítulos violentos en los próximos días.

Restricciones a la prensa

Periodistas locales y de medios nacionales denunciaron ayer que un grupo de personas les impidió el ingreso en Andalgalá. Entre los medios afectados estuvieron los enviados del canal de noticias TN, encabezados por Julio Bazán, y el periodista Gabriel Levinas, quien una vez que pudo sortear el piquete, intentó radicar la denuncia en un destacamento policial, pero no le fue tomada. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) había reclamado el viernes a las autoridades de Catamarca y nacionales que, al mismo tiempo que aseguren la paz social en la provincia y la libertad de manifestación, garantizaran el ejercicio de la libertad de prensa.

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