Alberto Fernández se lanza a la batalla judicial mientras la caja se agota

El gasto crece más que los ingresos. La recesión -escondida tras una montaña de pesos- sigue ahí. La inflación apenas cede a fuerza de precios congelados. El FMI hace concesiones al relato oficial, pero juega al póker. La bomba de los vencimientos de deuda se mantiene activada, con bonistas que ni siquiera han sido convocados a negociar. Alberto Fernández enfrenta hoy la Asamblea Legislativa con menos certezas de las que imaginó que tendría a estas alturas cuando asumió el poder. El plan económico es un misterio, y lo seguirá siendo tras su paso por Diputados.

"No esperábamos que fuera a ser fácil. Cada cosa que arreglás trastoca otra igual de importante. Hoy lo prioritario es mostrar acción y tener control político de la situación", se sincera un habitante relevante de la Casa Rosada.

La caja está para usarse, como suele ocurrir en gobiernos peronistas. Si se seca, se buscan nuevos bolsillos a los que recurrir. Lo sufren otra vez los productores rurales, a los que el Gobierno se esmera por ahora en cuidar desde el discurso para no empujarlos a la protesta.

Pero la impronta albertista de enfriar conflictos tiene un límite: el desafío externo a su poder. Nunca como esta semana quedó en evidencia con la escandalosa sesión de la Cámara de Diputados, en la que el Gobierno decidió recurrir al embajador Daniel Scioli para sacar adelante la reforma de las jubilaciones especiales de jueces y diplomáticos.

Sabía que era una jugada antiestética y reñida con la ética. Y que iba a dinamitar cualquier ilusión de concordia con la oposición. En el Gobierno se descartó casi de entrada ceder a los pedidos de Cambiemos para añadirle al proyecto una cláusula que ahuyentara el temor a una renuncia masiva de jueces. Alertado de que el quorum iba a estar muy justo, el Presidente analizó la opción de postergar la sesión para completar el trámite de renuncia de Scioli y asunción de su reemplazante, Claudia Bernazza, cuya vocación de acompañar el proyecto jamás estuvo en duda.

En el debate, sin juntarse, participaron activamente Cristina y Máximo Kirchner, Sergio Massa y el propio Fernández. Se optó por no ceder y pedirle una nueva prueba de lealtad al hombre que estuvo a un punto de ser presidente en 2015.

Lógica simple: no se podía exponer al Presidente a una señal de debilidad en un momento tan delicado en el que los mercados, el FMI y gran parte de la sociedad miran con incertidumbre el rumbo de la nueva Argentina kirchnerista.

El sainete de Scioli resulta, al cabo, funcional a una estrategia de distracción. La batalla con la oposición y con los jueces tapa los días oscuros en la economía, otra vez con récord de riesgo país, datos alarmantes de déficit, freno de inversiones, un FMI comprensivo de palabra pero inconmovible en los hechos.

Y, de paso, le permite al Gobierno dar pasos en un objetivo central para los primeros tiempos de esta gestión: transformar el Poder Judicial de un modo compatible con los deseos de Cristina Kirchner, cuya mayor preocupación es derrumbar las acusaciones por corrupción que pesan sobre ella y su familia. Ella necesita algo más que la autoproclamada absolución de la historia.

Fernández se niega a las amnistías generalizadas con las que soñaban los kirchneristas presos y sus defensores. Pero activa cambios sistémicos que, a largo plazo, pueden desencadenar los mismos resultados.

En esa cruzada, es funcional exponer las ventajas de los funcionarios del Poder Judicial en materia previsional. No dudó, incluso, en enfrentarse con la Corte Suprema por primera vez, al enrostrarle el fondo multimillonario que mantiene ahorrado desde la presidencia de Ricardo Lorenzetti. "Nos quiere poner a la gente en contra. Es de manual", analiza una fuente del máximo tribunal.

El proyecto de reforma judicial que anunciará hoy en el Congreso sigue sujeto a discusiones en el seno del gabinete, pero no está en duda el espíritu de licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py, que investigan las principales causas de corrupción.

En la Corte corrió en las últimas semanas un rumor fuerte de que el plan incluía ampliar el máximo tribunal para sumar jueces afines. Fernández les hizo llegar de que eso "es un delirio" que no está ni siquiera en estudio, al igual que la posibilidad de modificar de manera sustancial el Consejo de la Magistratura.

"Ventajas" para todos y todas

La política judicial es un instrumento útil para la cohesión del Frente de Todos. Fernández no puede permitirse un atisbo de duda sobre la fortaleza política del Gobierno, en las vísperas de la renegociación de la deuda que marcará su mandato. Cualquier precio es poco, aunque implique exhibir sin disimulo el poder inmenso de quien en los papeles es su número dos.

Paradójicamente, esa batalla por la Justicia también resulta de enorme utilidad a Cambiemos, todavía aturdido por la derrota electoral que amenazó su subsistencia como coalición.

La demanda de un frente político que defienda la institucionalidad explica, a ojos de los integrantes de la actual oposición, el 41% que obtuvo Mauricio Macri en octubre a pesar del fracaso económico de su administración y el desastre político de las PASO.

"Alberto nos está dando alimento para la unidad", sintetizó un integrante de la mesa chica de Cambiemos.

Una vez más fue Elisa Carrió quien marcó el camino discursivo de la coalición, cuando denunció un "golpe" al Poder Judicial, conformado por la reforma de las jubilaciones, el intento de intervenir la Justicia jujeña (en defensa de Milagro Sala) y el insólito proyecto pensado para liberar presos por corrupción en caso de que los medios hubieran publicado información sobre ellos.

Macri (aún en silencio, pero muy irritado en privado con su sucesor), Carrió, el radical Alfredo Cornejo, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Miguel Pichetto y los gobernadores de la UCR han mantenido reuniones grupales e individuales en las últimas semanas, en las que ratificaron que su gran objetivo ahora mismo es blindar Cambiemos más allá de cualquier diferencia.

Escenas como la de Scioli dando quorum ayudan a ese cometido. La oposición magnificó el escándalo con una retirada en masa del recinto que le evitó argumentar su oposición a una medida ("terminar los privilegios") demandada por la opinión pública.

Advertencia y reacción

De hecho, fue el propio bloque de Cambiemos el que alertó en diciembre que el gobierno de Fernández se proponía eliminar la movilidad automática de las jubilaciones estándar mientras la mantenía para jueces y diplomáticos. En aquel momento no vislumbraron que estaban abriendo una puerta para provocar una avalancha de renuncias que obligaría a una renovación del Poder Judicial a gusto del kirchnerismo.

La reacción opositora se consolidó a partir de señales que alarman a los hasta ahora cautos dirigentes de Cambiemos al frente de gobiernos locales. A Rodríguez Larreta le añaden cada día una nueva amenaza de recorte de fondos.

Al comprensivo Gerardo Morales le cayó la ficha de que no habrá concordia fácil cuando se vio cómo su cuñado, el senador Guillermo Snopek, propuso la intervención federal de los tribunales jujeños sin que nadie de la Casa Rosada lo desautorizara. De hecho, será en su tierra donde los dirigentes opositores escenificarán el miércoles el primer acto de protesta pública desde el cambio de mando.

La realidad, de a poco, decanta y seguramente pocos de ellos se sentirán hoy movilizados cuando vuelvan a oír al Presidente jurar su intención de cerrar de una vez por todas la maldita grieta.