Alerta de la OCDE por la corrupción en el país

Pidió al Gobierno que tome medidas urgentes; enviará una misión en 2016
Hugo Alconada Mon
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19 de enero de 2015  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reclamó al gobierno argentino que tome "medidas urgentes" para combatir la corrupción dentro y fuera de sus fronteras, según consta en un durísimo informe en el que planteó incluso que "duda" del verdadero compromiso del Gobierno para afrontar ese flagelo.

La OCDE apuntó, además, a la controversia que la Casa Rosada mantiene con un sector del Poder Judicial y alertó sobre la injerencia en "los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales". Consideró que "amenazan la independencia" de la Justicia y lamentó que "demoras generalizadas siguen entorpeciendo las complejas investigaciones de delitos económicos".

Aunque no la menciona por su nombre, el informe incluso apuntó a la Presidenta por las sospechas que rodean a su hotel Alto Calafate. Y recordó varios de los escándalos de la última década: Lázaro Báez y la puja por destituir al fiscal José María Campagnoli.

El informe también se refiere a la compra de los activos de Petrobras por el zar del juego, Cristóbal López, la "diplomacia paralela" con Venezuela o el caso Antonini Wilson, que bordea la prescripción en la Cámara Nacional de Casación Penal (de lo que se informa por separado).

Dada la gravedad de esas y otras conclusiones, la OCDE decidió que la "Argentina será sometida a una nueva evaluación a finales de 2016 para valorar su progreso", mientras que una misión de alto nivel viajará al país a principios del año próximo para otra revisión "in situ".

Ese Grupo de Trabajo ya pasó por Buenos Aires entre el 10 y el 12 de junio pasado. Mientras el caso Ciccone y la suerte del fiscal José María Campagnoli se disputaban las portadas con el seleccionado ya en Brasil para el Mundial de fútbol, expertos de España y la República Eslovaca -jueces, fiscales y funcionarios- se reunieron junto con tres integrantes de la Secretaría de la OCDE con funcionarios de 19 áreas del sector público nacional, legisladores, cámaras empresarias, sindicalistas, académicos, abogados y referentes de la sociedad civil

Tras retornar a Europa, debatir sus observaciones y redactar las conclusiones, difundieron su informe el 18 de diciembre pasado. Pero pasó de largo en la Argentina, eclipsado por otras noticias, como el recambio de gabinete, la purga en la ex SIDE o el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, entre otras.

Incumplimientos

El crítico tono general del informe, sin embargo, quedó explicitado desde el título mismo del comunicado de prensa con que se difundió desde París: "La Argentina incumple gravemente los principales artículos de la Convención Anticohecho", según la OCDE.

Los primeros ejes críticos del informe apuntaron a la veta transnacional del cohecho. Es decir, cuando argentinos sobornan en el extranjero para obtener o destrabar negocios. Tampoco le fue bien al país en ese punto. "El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE duda del compromiso de Argentina para combatir el cohecho internacional. La Argentina sigue sin contar con una ley que penalice a las empresas por el cohecho internacional y que permita procesar a los ciudadanos que cometan este delito en el extranjero", precisó.

En su comunicado, la OCDE volcó además "nuevas recomendaciones para mejorar" el cuadro argentino.

Entre otras, la pronta implementación del nuevo Código Procesal Penal, la reducción del elevado número de vacantes judiciales y el uso de jueces sustitutos y "la investigación y persecución con seriedad de todos los casos de cohecho internacional, según sea necesario".

El Grupo de Trabajo también pidió "la creación de incentivos para que las empresas adopten medidas encaminadas a prevenir y detectar los cohechos internacionales" y "una mejor protección de los denunciantes ante las represalias", como ocurrió en múltiples casos en que denunciantes y testigos terminaron acusados de falso testimonio o, incluso, fuera del país.

Avances y demoras

El informe destacó también ciertos "avances positivos" durante los últimos años, "como las reformas legislativas, los nuevos organismos creados para la investigación de delitos económicos, las mejoras en la comunicación de transacciones sospechosas de blanqueo de capitales, el endurecimiento de las normas contables y de auditoría, y los esfuerzos de concienciamiento" [sic] de la Cancillería.

El grueso del informe, sin embargo, expuso más sombras que luces, en línea con otros reportes internacionales sobre la corrupción local. Según el último ranking de Transparencia Internacional, también difundido en diciembre, la Argentina aparece en el puesto 107 de 175 países relevados, un escalón más atrás que en 2013.

Pero en el caso de la OCDE se trata de un informe al que la Argentina se somete como Estado, con sucesivas "fases de monitoreo" sobre la aplicación de la convención anticorrupción a la que adhirió entre 1991 y 2001, como también ocurre con otros países. Así, en enero de 2013 emitió también un crítico reporte sobre España y en septiembre pasado, sobre Gran Bretaña.

En el caso de la Argentina, el Grupo de Trabajo indicó que deberá presentar "dentro de seis meses y un año informes sobre el progreso realizado en la puesta en marcha de determinadas recomendaciones clave", mientras que "dentro de dos años" deberá entregar "un informe escrito donde detallará las medidas adoptadas para la aplicación de todas las recomendaciones".

Los expertos que realizaron el informe de la OCDE se mostraron "seriamente preocupados por el uso por el gobierno argentino de los procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales".

Añadieron que "estas acciones son un serio asalto sobre la independencia judicial y de los fiscales. Como el Grupo de Trabajo ha comentado en numerosas ocasiones, la protección de jueces y fiscales de la presión externa y la influencia es esencial para asegurar que factores políticos económicos externos no afecten las investigaciones sobre corrupción".

"Por esta razón -completaron-, los expertos recomiendan que la Argentina garantice que el ejercicio de los poderes de investigación y acusación, en particular en ofensas de corrupción extranjera, no quede sujeto a la influencia impropia por razones de naturaleza política."

El duro informe de la OCDE

  • La Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aseguró que "duda del compromiso de la Argentina para combatir" la corrupción. El Grupo de Trabajo visitó el país en junio del año pasado, pero dio a conocer el informe a mediados de diciembre
  • Cuestionó la "injerencia del Poder Ejecutivo" en los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales al considerar que "amenazan su independencia". Y pidió la "reducción del elevado número de vacantes judiciales y el uso de jueces sustitutos" para que instruyan las causas de corrupción
  • Reclamó la aprobación de una ley que penalice a las empresas por "cohecho internacional" y que permita procesar a los ciudadanos que cometan delitos de corrupción fuera del país. Pidió "una mejor protección de los denunciantes ante represalias"
  • La Argentina será sometida a una nueva evaluación a finales de 2016 para "valorar su progreso". A principios del próximo año, una misión de "alto nivel" viajará al país . El Gobierno debe presentar durante 2015 dos informes sobre los avances en la implementación de las recomendaciones
  • El Grupo de Trabajo, integrado por los 34 países miembros de la OCDE más otros siete, solicitó la "pronta implementación" del nuevo Código Procesal Penal y la creación de "incentivos" para que las empresas adopten medidas encaminadas a "prevenir y detectar cohechos internacionales"

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