Amenazan con cancelar licencias de radio

Es para quienes promuevan la conmoción
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20 de diciembre de 2001  

Una nota del Comité Federal de Radiodifusión recordó que está vigente la ley 22.285, aprobada durante el último gobierno militar, que le permite al Gobierno disponer la caducidad de la licencia de radiodifusión a los medios que, “por el contenido que trasmiten o por la forma de expresión, produzcan conmoción o alarma colectiva”.

El Comfer recordó que esa ley establece que “las noticias relacionadas con hechos o episodios sórdidos, truculentos o repulsivos, deben ser tratadas con decoro y sobriedad, dentro de los límites impuestos por la información estricta”.

Esta es la primera medida concreta adoptada luego de que el presidente Fernando de la Rúa dictó el decreto 1678, que dispuso el estado de sitio.

La Constitución

La Constitución establece expresamente que el Presidente, durante el estado de sitio, puede disponer el arresto de las personas, las que pueden optar por salir del país.

También dice que durante la vigencia de la medida de emergencia quedan en suspenso las garantías constitucionales.

“¿Qué derechos pretende limitar este gobierno?”, preguntó LA NACION a un hombre muy cercano al primer mandatario.

“Pueden limitarse todos los derechos. La Constitución no fija límites”, respondió el funcionario.

Habitualmente, la declaración de estado de sitio sirvió a los gobiernos para restringir los derechos de reunión y de huelga o para coartar la libertad de expresión, pues muchas veces fueron censurados los contenidos periodísticos o secuestradas algunas publicaciones. Pero, el decreto 1678 no estableció límite concreto alguno.

Ese funcionario también aclaró que el Gobierno no movilizará a las Fuerzas Armadas, de las cuales el gobierno es comandante en jefe, sino a las fuerzas de seguridad.

Hoy, a las 15, se reunirá el Consejo de Seguridad Interior, integrado por el ministro del Interior, Ramón Mestre, los titulares de las fuerzas de seguridad y los gobernadores.

El gobernador de San Luis pedirá al Poder Ejecutivo que no se aplique el estado de sitio en su provincia porque allí no se da la situación de conmoción interior que puede justificar la aplicación de la medida en el resto del país.

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