AMIA: congelan bienes de los sospechosos

La bomba que explotó el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la AMIA
La bomba que explotó el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la AMIA
La Justicia había detectado en Castelar propiedades de Rabbani, uno de los principales acusados
Damián Nabot
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9 de agosto de 2019  

Unas 50.000 entidades, entre bancos, financieras, casas de cambio y casinos, tienen la obligación desde ayer de congelar cuentas y bienes de siete sospechosos de participar en el atentado contra la AMIA, en 1994, entre quienes figuran el exembajador de Irán Hadi Solemainpour y el exagregado cultural Moshen Rabbani.

Los siete sospechosos figuran en el nuevo registro de grupos terroristas que abrió el Gobierno y que incluyó por primera vez a Hezbollah, señalado por la Justicia como el responsable de atentar contra la mutual judía.

Las entidades deberán rastrillar los nombres entre sus clientes y congelar preventivamente dinero o bienes.

La Justicia ya había detectado propiedades de Rabbani en la localidad de Castelar, según información a la que accedió LA NACION. El exagregado cultural de Irán en la Argentina fue señalado como el cerebro de los servicios de inteligencia iraníes que pergeñó el atentado.

El pedido de congelamiento fue dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que encabeza Mariano Federici.

Una vez que se detectan los bienes, las entidades deben congelarlos automáticamente durante seis meses, a la espera de que el juez a cargo de la investigación, Rodolfo Canicoba Corral, ratifique la decisión.

En la lista aparecen también Ali Akbar Velayati, a quien los investigadores ubican en la reunión del 14 de agosto de 1993, en la ciudad iraní de Mashad, donde los informes de inteligencia incorporados en la causa señalan que se decidió el atentado. A su vez se incluye a Ali Fallahijan, quien ejerció como ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997. También figuran Moshen Rezai y Ahmad Vahidi, comandantes del grupo a cargo de la operación, y Ahmad Reza Asghari, otro de los miembros de la reunión de la ciudad de Mashad.

La sanción se encadena con una sucesión de medidas que reforzaron la persecución económica de las personas y organizaciones vinculadas por la Justicia con el ataque contra la AMIA.

Tras la publicación del registro de grupos terroristas, la UIF también ordenó el congelamiento de los bienes de las personas vinculadas a Hezbollah en la Argentina. Fue en coincidencia con el anuncio de los Estados Unidos, que ofreció una recompensa de 7 millones de dólares para quien aporte información sobre Salman Raouf Salman, que apareció en los cruces de llamadas realizadas en 2005, según reveló el actual fiscal a cargo de la causa, Sebastián Basso.

La primera medida que exhibió el gobierno de Mauricio Macri, en el camino de endurecer las sanciones económicas contra la agrupación chiita Hezbollah, fue en julio de 2018, cuando la UIF detectó una operación de lavado de 10 millones de dólares en un casino de la localidad de Iguazú, en el área conocida como la Triple Frontera, entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

Si bien Estados Unidos e Israel habían repetidamente advertido sobre la existencia de un circuito de financiamiento entre la Triple Frontera y Medio Oriente, aquella fue la primera vez que el Gobierno tomó una medida directa de congelamiento de bienes y fondos en territorio argentino por las ramificaciones de esta organización de origen libanés, a la que se responsabiliza por el ataque contra la AMIA.

Según datos recopilados en las entidades financieras que fueron advertidas de la maniobra, el dinero provino del denominado clan Barakat, que opera en la Triple Frontera y se le atribuyen vínculos con Hezbollah. Ya en 2006 Estados Unidos había señalado al líder del clan Barakat como un "financista terrorista clave en América del Sur".

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