AMIA: el Gobierno apuesta a instaurar el juicio en ausencia
Macri creó una secretaría de Estado para investigar el ataque a la mutual judía y también la muerte del ex fiscal Nisman
El ex senador radical Mario Cimadevilla fue designado ayer por el gobierno de Mauricio Macri nuevo titular de la Secretaría de Investigación del Atentado contra la AMIA (Unidad AMIA), que también investigará la muerte del fiscal Alberto Nisman. Su primer objetivo será presentar un proyecto de ley para permitir el juicio en ausencia de los crímenes de lesa humanidad y, así, poder obtener una condena de los ocho imputados iraníes por el atentado a la mutual judía.
La nueva secretaría de Estado dependerá del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien ayer convocó al ex legislador de la UCR por Chubut y así acordaron los primeros pasos del nuevo organismo.
En relación con la investigación por la muerte Nisman, el ex fiscal especial de la UFI AMIA, la primera actividad que desarrollará Cimadevilla será tomar contacto con la fiscal criminal de la causa, Viviana Fein, para interiorizarse de la marcha del proceso, luego de lo cual conversará con todas las partes.
Según adelantó a LA NACION el titular de la secretaría de Estado bautizada informalmente "AMIA-Nisman", la primera definición será enviar al Congreso un proyecto de ley para reformar el Código de Procedimientos Penales y permitir el juicio en ausencia de los ex funcionarios de la República Islámica de Irán que habían sido acusados por Nisman y cuya captura había sido pedida por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para indagarlos.
"El juicio en ausencia para el caso de crímenes de lesa humanidad se puede hacer para que haya condenas y para que las víctimas tengan justicia", dijo Cimadevilla luego de su primera reunión con el ministro Garavano. "De ese modo se puede hacer juicio a ocho imputados de Irán que nunca se presentaron en la Argentina para declarar, y también hay que investigar las conexiones locales", agregó.
Los acusados originalmente fueron los ex jerarcas del gobierno iraní Moshen Rabbani, Alí Akbar Rafsanjani, Alí Akbar Velayati, Alí Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour y Ahmad Reza Ashgari.
El pacto con Irán
Luego de años de falta de respuesta de Irán al pedido de Canicoba Corral, la entonces presidenta Cristina Kirchner firmó en enero de 2013 un memorándum con ese país para que esos imputados pudieran declarar y ser juzgados en Teherán, con presencia del juez argentino, pero con la intervención de una polémica Comisión de la Verdad.
Ese pacto fue criticado por diversos sectores políticos y en especial por la comunidad judía, que consideró que la finalidad real del acuerdo era garantizar la impunidad de los eventuales culpables. Luego de varias idas y venidas el memorándum fue declarado inconstitucional por la Justicia y el gobierno de Macri desistió anteayer de apelar ese fallo, por lo cual ese acuerdo cayó.
Así las cosas, luego de este fracaso del memorándum, el gobierno de Macri apuntaría a impulsar el juicio en ausencia para avanzar en la causa AMIA y en caso de ser condenados los sospechosos seguirían con alertas rojas de Interpol.
En medio de aquel conflicto, el 14 de enero de este año el ex fiscal Nisman denunció un supuesto encubrimiento de la ex presidenta y varios de sus funcionarios a los posibles responsables del atentado. El 18 del mismo mes, un día antes de presentar pruebas ante el Congreso, fue encontrado muerto en su departamento.
Tras la sospechosa desaparición de Nisman, la UFI-AMIA fue compuesta por los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y la coordinación de Patricio Murray, designados por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, cercana al kirchnerismo.
Al estar bajo la órbita del a Procuración, la unidad especial no podría ser removida en forma directa por el Poder Ejecutivo. Pero el asunto está en estudio y la semana próxima podría haber novedades.
En tanto, la causa por la muerte de Nisman sigue a cargo de la fiscal Fein por delegación de la jueza criminal porteña Fabiana Palmagini.
La nueva dependencia del Miniterio de Justicia deberá "asistir con información" y declaraciones al Poder Judicial. En principio, estiman que desde el Poder Ejecutivo se pueden encontrar elementos y testimonios que luego podrían ser ratificados en la Justicia.
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