Años de enajenación y dolor

José Claudio Escribano
Después de haber apagado el incendio subversivo, el Proceso militar de 1976 terminó dilapidándose en quimeras personales y luchas de facción y desembocó, desordenamente, en los comicios de 1983.
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23 de octubre de 1999  

Uno de los grandes testigos del siglo que concluye, el pensador alemán Ernst Jünger, escribió que el artista sabe dolorosamente que la voluntad sólo alcanza para la acción; no para la creatividad.

Otro tanto sucede con la política y los negocios de Estado. Aquí lo sabemos por las experiencias notables que los años de violencia, de la década del setenta dejaron respecto del destino de los voluntarismos mesiánicos, carentes de una sabiduría sencilla, pero profunda.

Fracasó la guerrilla. Fracasó también su contraparte, la generación de militares que, después de haberla combatido sin más ley que la de vencer a cualquier precio, se propuso reorganizar el país sobre bases enteramente nuevas.

A la luz de las campañas presidenciales de 1983, 1989, 1995 y de ésta que acaba de finalizar, se observa de qué manera la sociedad ha dejado sin espacios a quienes quisieron proyectarse con algunas de las banderas de aquellos años trágicos.

Ha conseguido el país que el funcionamiento de sus instituciones madure a lo largo de dieciséis años, por mucho más tiempo del que se habían acostumbrado los argentinos.

En el ínterin, la Argentina y el mundo se han transformado intensamente. En 1989, cayó el símbolo de las miserias del comunismo, el muro de Berlín. Diez años más tarde -años trabajados por el surgimiento de conflictos no menos complejos que los de la Guerra Fría-, hay intelectuales y políticos que se preguntan, con desaliento en el mundo: "Y ahora, ¿qué?".

También los militares argentinos pudieron preguntarse, al cabo de 1976 y 1977 en que aniquilaron virtualmente a los cuadros subversivos: "Y ahora, ¿qué?" No acertaron con la respuesta. La soberbia volvió a actuar como el prisma que filtra la realidad que no se quiere ver. Y ese filtro hizo estragos en la conducción del golpe militar que se había denominado a sí mismo Proceso de Reorganización Nacional.

Seguramente esos años hubieran sido distintos de no haberlos sincronizado la Historia con el capítulo definitorio de la Guerra Fría. Aunque pocos quieran reconocerlo en las grandes capitales del mundo, los militares argentinos enfrentaron en aquellos años a la subversión con la doctrina y los métodos que se habían aplicado en muchas otras partes desde Indochina y Argelia, en los años cincuenta.

* * *

Como si fuera un dogma, los militares proclamaron que la Argentina era un país «occidental y cristiano».

Se olvidaron de que a pesar de la extraordinaria gravitación del cristianismo en Occidente, ateos y agnósticos encontraron más comprensión en esta parte del mundo que en Oriente o allí donde han perdurado las formas atávicas de organización tribal. Tan mal tuvieron en cuenta la sedimentación que el pluralismo religioso iba adquiriendo en la sociedad argentina que, pocos años después, el doctor Carlos Menem se incorporaría a la galería de presidentes argentinos como el primero de origen familiar musulmán. Y se iría más lejos todavía, cuando por la reforma constitucional de 1994 se eliminó la cláusula discriminatoria por la cual sólo podían acceder a la presidencia los ciudadanos católicos.

Occidente correspondió a los amores del Proceso con menor entusiasmo del que esperaban sus actores. En noviembre de 1977, en una visita a Buenos Aires, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyrus Vance, dejó helados a sus contertulios del Palacio San Martín al darles una lista de alrededor de 7000 desaparecidos.

El Proceso se notificó, paralelamente, de la vulnerabilidad de otros de sus secretos. Occidente, por así llamarlo, hizo llegar a fuentes gubernamentales argentinas el nombre de 300 oficiales del Ejército involucrados directamente en la represión. ¿Chantaje? ¿Simple presión? Al poco tiempo de su instalación, el Proceso dictó normas con fuerza de ley, que imponían hasta penas de prisión para quienes divulgaran informaciones sobre las actividades políticas y gremiales, que estaban prohibidas. Pero no hay silenciamiento que no pueda de alguna forma resquebrarse, y así sucedió aquí y todavía más aún en el exterior, al amplificarse debidamente el relato de lo que sucedía en la Argentina.

* * *

Fueron años de enajenación y temores colectivos. Franjas amplias de la sociedad -políticas, sociales y culturales- acompañaron explícita o implícitamente al gobierno militar.

Si el apoyo a Isabel Perón, inmediatamente después de muerto su marido, en julio de 1974, constituyó para no pocas fuerzas ajenas al peronismo una contribución desinteresada en favor de la legalidad institucional -o de los restos de legalidad, que quedaban en pie-, no fue en lo esencial diferente el comportamiento de vastos sectores de la sociedad respecto del golpe de 1976.

Los crímenes provocados por la subversión suscitaron espanto y desprecio. En el aislamiento en relación con la sociedad, no le fue mejor al fascismo de izquierda, actuante bajo la denominación vernácula de Montoneros, que a los trotskistas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Algunos cabecillas montoneros se enriquecieron; otros se dirigieron al exilio. La mayoría de los militantes desapareció, en muchos casos después de ser sometidos a tormentos, según testimonios sobre los que se fundamentó, a mediados de los ochenta, la condena a los ex comandantes en jefe.

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Desde la juventud que pretendía, por medios violentos, convertir en realidad ilusiones superadas en otras partes del mundo, hasta los militares adueñados de la vida y la muerte de quienes se interpusieran en sus planes, todos, en algún sentido, actuaban como rezagados de la historia.

Los acuerdos de Helsinki, de 1977, fueron el gran legado del presidente Jimmy Carter a la humanidad. Por esos acuerdos, que permitieron a la delgada fibra de papel atravesar con la información y la cultura de la libertad la Cortina de Hierro, se había instaurado el compromiso de revisar periódicamente en los países comunistas del Este y, como ecuánime derivación, en el resto del mundo, la situación de los derechos humanos.

Nadie quedaría así a salvo de la responsabilidad por la comisión de delitos en ese campo, pero la diplomacia del Proceso demoró en comprenderlo. Una visión egocentrista infería, en cambio, que el mundo se ensañaba unilateralmente contra los procedimientos del majestuoso Proceso de la Argentina.

Entre marzo de 1976 y marzo de 1981 el ex teniente general Jorge R. Videla fue presidente de la Nación y comandante en jefe del Ejército; y, por ser esto último, también miembro del órgano superior del Estado, la Junta Militar, junto con sus pares de la Armada y la Fuerza Aérea.

Esos cargos no alcanzaron para impedir que Videla fuera, en los hechos, un presidente desarmado, en muchas oportunidades en confrontación directa, tanto él como el jefe de su Estado Mayor General, Roberto Viola, con los verdaderos señores de la guerra: los comandantes de cuerpo y sus subordinados, los jefes de las áreas de represión.

Aun con ser notable, no fue aquélla la única paradoja descomunal del Proceso.

Nada resultó tan absurdo, tan objetivamente demostrativo del grado de perturbación mental tan compartido en esa época del país, que el acuerdo solemne por el cual cada una de las Fuerzas Armadas retenía para sí el 33,33 por ciento del poder.

Se confundió la naturaleza del poder con las hijuelas de una sucesión o con un reglamento de propiedad horizontal, sin duda por creerse que el último presidente militar, el general Alejandro Lanusse, había acumulado un caudal excesivo de facultades. Y se terminó como inexorablemente se termina cuando en un teatro de operaciones militares el mando se dispersa alocadamente.

El resultado fue una catástrofe para las Fuerzas Armadas, de la que llevan dieciséis años reponiéndose, pero con recidivas que renuevan periódicamente el vía crucis y fatigan moralmente a las nuevas generaciones militares, ajenas a lo sucedido entonces.

En tan doloroso camino, dejó de regir lo que parecía, desde un siglo atrás, intocable: el servicio militar obligatorio, mientras parte del país se desinteresaba del creciente desmerecimiento presupuestario y de otras cuestiones vitales para la Defensa Nacional.

Videla se notificó ex post facto de hechos gravísimos resueltos por los comandantes de cuerpo que en teoría eran sus subordinados. El affaire Graiver y la detención del periodista Jacobo Timerman, en 1977, por ejemplo, tuvieron aristas que reflejaron la magnitud de los roces entre la Casa Rosada y el Estado Mayor General del Ejército, desempeñado por el general Roberto Viola, por un lado, y el comandante del Cuerpo I, general Guillermo Suárez Mason, el gobernador de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean, y el jefe de la policía bonaerense, el entonces coronel Ramón Camps, por el otro.

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Al alborear el Proceso, el jefe de la Armada, almirante Emilio Massera, y el general Suárez Mason emergían ante empresarios y políticos como los campeones del liberalismo económico.

Un año después, Massera comenzaba a tomar distancia del ministro de Economía, José Martínez de Hoz, mientras preparaba sin mayores disimulos el terreno para su promoción política personal. Y, sobre Suárez Mason, se afirmaba la impresión de que prestaba oídos a personajes coloridos como José Rafael Trozzo, presidente del Banco de Intercambio Regional.

La caída del BIR echó por tierra con las aspiraciones ministeriales de quien era observado, por los amigos de Martínez de Hoz, como un típico subproducto de ríos revueltos: un malabarista en el manejo de influencias, entre las que anotaban las de sus supuestas vínculaciones con el ascendente Opus Dei. Al fin, Trozzo huyó del país -y, aún hoy, se encuentra en México, nada menos que dictando cátedra- cuando miles de ahorristas advirtieron que el BIR no pagaría sus depósitos.

En realidad, el pago de tasas de interés desorbitadas, precisamente porque el Banco Central se hacía cargo de las reposiciones en caso de quebrantos, constituyó una de las causas de mayor escándalo de la época. Hubo otros varios asuntos parecidos al del BIR, como el de los hermanos Greco, dueños del igualmente poderoso Banco Los Andes.

Sin dudas, los militares se habían equivocado, al negarse a dejar sin efecto la garantía absoluta de los depósitos bancarios, tal como había sido reclamado por el ministro Martínez de Hoz.

La fragmentación caricaturesca del poder en la Argentina produjo hilaridad en el mundo. Aquí, vergüenza. Con la aterciopelada suavidad de la diplomacia vaticana, el cardenal Antonio Samoré se encargó de hacer saber cuántas dificultades interponían los militares en su trabajo de representante del Papa, en la mediación por la cuestión del Beagle con Chile.

Cada capítulo que Samoré negociaba con los miembros de la comisión oficial era después reinterpretado por los voceros de cada una de las fuerzas. Pero fue preferible el papelón a la guerra con Chile.

Gracias a Su Santidad, que se dispuso a mediar, y a los buenos oficios del Departamento de Estado norteamericano, la Argentina salió del inmenso riesgo de una guerra con Chile, cuando el choque de armas parecía inminente, en diciembre de 1978.

Frente a la posición de la Armada y de algunos comandantes -en particular el del Cuerpo III, general Luciano Menéndez-, los generales Videla y Viola lograron, a último momento, que prevaleciera el espíritu de negociación, a pesar de las provocaciones de Pinochet y sus epígonos que reiteradamente denunciaba el gobierno argentino.

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Las posiciones más radicalizadas del Proceso no fueron asumidas con exclusividad por algunos sectores militares.

Jaime Perriaux, un ex secretario de Justicia, que durante la presidencia del general Roberto Levingston había redactado la ley de pena de muerte para ciertos casos de delitos subversivos, fue un intelectual gravitante durante la gestación del golpe y en los años ulteriores. Pudo haber sido el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designada por el Proceso, pero no quiso aceptar.

Discípulo de José Ortega y Gasset, que había alentado sus estudios durante su estadía en Buenos Aires, a fines de los años cuarenta, Perriaux aportó al Proceso recursos humanos. También contribuyó con su influencia en ámbitos empresarios y con su conocimiento de la experiencia chilena posterior al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.

Entre el criterio de los generales Videla, Viola, Villarreal (secretario general de la Presidencia) de que debía negociarse con los partidos políticos democráticos, hombres como Perriaux hablaban de una renovación tajante de la política argentina. En los hechos, ésta debía comenzar con clubes políticos y cierto adoctrinamiento, hasta que éste penetrara razonablemente en la ciudadanía.

Algunos intelectuales, como Brian Crozier, fueron reiteradamente invitados a venir a la Argentina para promover la idea de que el futuro político debía afirmarse a partir de una paradójica "democracia autoritaria", distante, todo lo que fuera posible, del populismo de los treinta años siguientes a la Segunda Guerra.

Este cronista recuerda un almuerzo celebrado por esos años en el entonces Banco Nacional de Desarrollo. Su presidente, Carlos Helbling, había invitado al polémico embajador de los Estados Unidos, Raúl Castro, a ministros militares y a empresarios influyentes. También concurrió Perriaux.

El almuerzo se desarrolló en medio de la tenaz insistencia del embajador Castro en que debían cesar las arbitrariedades políticas. Perriaux y otros comensales exaltaron, a su turno, las bondades de la "democracia autoritaria". De pronto, el canciller, vicealmirante César Guzzetti, interrumpió a todos, para corregir: "No; el Proceso se ha hecho para arribar a una democracia en serio". Guzzetti fue asesinado por la guerrilla urbana.

La Iglesia sufrió intensamente en esos años. Años de tanto silencio, como dijo amargamente el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Bergoglio, en el reciente acto de homenaje al padre Carlos Mugica. La represión no se detuvo ni ante dos monjas francesas, cuya desaparición condenó definitivamente al régimen ante Europa.

Mugica había sido asesinado en 1974, en los años de la presidencia de la señora de Perón, en Mataderos, por matones de la Triple A, el grupo parapolicial que se había enseñoreado en las calles en nombre de un anticomunismo recalcitrante.

En cuanto a las bajas que la Iglesia sufrió en esos años de delirio, hay que incluir al obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, y a un puñado de religiosos palotinos asesinados mientras dormían, en uno de los actos atroces de la represión.

El acto final más descabellado del Proceso fue la invasión a las Malvinas. Pero, antes de eso, se produjo un hecho de política exterior y raíz económica que, a medida que transcurre el tiempo, más impresiona por su temeridad.

En razón de nuevas violaciones a los derechos humanos en el Este europeo, los países occidentales habían resuelto embargar las exportaciones de granos a la Unión Soviética. Sea por el desaire al que el gobierno militar se sentía expuesto por aquella misma cuestión, sea por la preservación a rajatabla de antiguos criterios de independencia exterior, que se expresaban en la continuidad argentina entre los países no alineados o, sea por lo que fuere, la Argentina siguió adelante con sus ventas de granos a la URSS.

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Otra curiosidad del Proceso fue que los comunistas habían hecho desde un primer momento buenas migas con el régimen. Por lo menos tan buenas como eran posibles entre dos antítesis manifiestas.

Miembros del comité central del PC se pasearon por Europa, después de conferenciar aquí con funcionarios gubernamentales, para explicar que los militares argentinos no eran tan malos como los de Pinochet. Como la política anda a la búsqueda de las compensaciones naturales, en relación con Chile fueron los maoístas quienes salieron al mundo a decir que Pinochet era, en rigor, mejor que Videla.

También la inflación dañó fuertemente a la Argentina en esos años, pero el descontrol mayor se sintió desde el otoño de 1981, con la transferencia del poder de Videla a Viola, hecho que irritó a la línea más dura y, en particular, al general Suárez Mason, quien se sentía con derecho a la sucesión.

Videla y, en mayor medida, Viola acompañaron a la dureza de la represión antisubversiva con un propósito que, corriendo por vía separada, podía considerarse de relativa moderación política. Esto llevó a que dirigentes de partidos tradicionales ocuparan embajadas y permitió, como en el caso de la jurisdicción del Cuerpo III, en Córdoba, que hubiera un número alto de intendentes radicales y peronistas.

La responsabilidad de Videla y Viola en la represión fue inequívocamente grande, pero nadie acusó a ninguno de ellos de haber usado la violencia ilegítima para ponerla el servicio de siniestras fantasías de encumbramiento político personal.

El embajador en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, desapareció para siempre en el centro de Buenos Aires. Otro tanto ocurrió, por ejemplo, con los periodistas Horacio Agulla y Julián Delgado, con la diplomática Elena Holmberg y el publicitario Marcelo Dupont, casos en los cuales ha habido serias sospechas sobre la actuación de comandos militares en operaciones.

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Al Proceso de Reorganización Nacional se lo ha condenado en el mundo por la metodología que imprimió a su lucha contra las organizaciones subversivas. En el fondo, esa metodología del Estado no fue distinta de la perversidad con la cual estas actuaron. Falta decir, sin embargo, que hubo aún algo más grave que una guerra sin límites ni reglas.

El cargo más ilevantable contra algunos de los protagonistas del Proceso fue haber puesto el poder de fuego de que disponían a la orden de quimeras personales o de luchas entre facciones internas que llevaron a amenazar, atentar y acabar, a veces, con la vida de ciudadanos genuinamente adversos a la subversión que se combatía.

Debe interpretarse el desplazamiento del general Viola de la presidencia, en diciembre de 1981, como un paso deliberadamente calculado antes de que se pusiera fecha a la invasión a las Malvinas. Todo indica que, con Viola en la presidencia y, por lo tanto, en la Junta de Comandantes, no se habría producido tal desatino.

Un hecho de esa magnitud sólo se hubiera explicado de haber dispensado los Estados Unidos una suerte de luz verde como contrapresentación por el alto número de oficiales del Ejército que estaban por entonces involucrados en la América Central en acciones contra el sandinismo. De hecho, no pocos funcionarios del régimen creyeron que, por una cuestión táctica, los Estados Unidos abandonarían la estrategia que los ha vinculado desde tiempos inmemoriales con su madre patria, Gran Bretaña. El equívoco no pudo haber sido más grave.

En el camino hacia las Malvinas, el Proceso se dirigió rápidamente a la ruina.

Los militares jugaron su última carta a la reversión de la impopularidad creciente que sufrían por medio de un espectáculo conmovedor para la conciencia histórica de millones de argentinos: la bandera nacional ondeando en las islas reconquistadas, por primera vez desde 1833, como si de un plumazo azul y blanco se hubiera podido cambiar la dirección de los vientos en la política interna del país.

Fue como jugarlo todo a pato o gallareta. Salió gallareta. La tragedia se mensuró por la muerte de cientos de valientes soldados y oficiales, mientras las Fuerzas Armadas debieron prepararse, después de aquélla ruleta rusa, para un final tan desordenado como el que no habían imaginado ni sus más tenaces adversarios.

Así se llegó al 30 de octubre de 1983.

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