Ante las denuncias, en el Congreso demoran las definiciones

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
Los intentos de un grupo de diputadas feministas choca contra la pasividad de la mayoría
Gabriel Sued
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15 de diciembre de 2018  

La condena social que cayó con rapidez sobre Juan Darthés después de la denuncia de la actriz Thelma Fardin no se replicó en el Congreso ante la acusación contra el senador Juan Carlos Marino (Cambiemos-La Pampa), ni ante la reactivación de la causa judicial contra el diputado José Orellana (Justicialista por Tucumán).

Los dos legisladores nacionales están acusados por abuso sexual, pero seguirán por ahora en sus bancas.

Sin respuestas claras desde ningún sector político, la mayoría de los oficialistas y opositores analizaron los pasos a seguir con cautela y pasividad, como si les costara adaptarse al escenario abierto por la denuncia de la actriz.

Luego de que se conoció la acusación contra el senador bonaerense de La Cámpora Jorge Romero, terminó de instalarse la sensación de que en la política acaba de abrirse una caja de Pandora, con consecuencias impredecibles.

Ayer, no hubo comunicados de la presidencia de ninguna de las dos cámaras. Gabriela Michetti y Emilio Monzó apuran la reglamentación de un "protocolo para la prevención de la violencia laboral con perspectiva de género", aprobado el 4 de octubre, a pedido del sindicato.

Ese protocolo prevé la creación de comités de seguimiento de violencia laboral y de género en todas las áreas del Congreso y mecanismos de protección de las denunciantes.

Pese al estupor que causó el caso Marino, tampoco se pronunció ninguno de los bloques. En soledad, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) pidió la renuncia inmediata del senador y advirtió que "van a aparecer más casos de abuso y acoso" en la política. "Hay que ponerlos sobre la mesa", sostuvo.

Durante todo el día de ayer, Donda intentó articular una respuesta rápida con el resto de las bancadas de la Cámara baja. Golpeados por la denuncia contra Marino, en el oficialismo prefieren la cautela. Donda no pudo convencer todavía a todas las diputadas feministas que promovieron la legalización del aborto.

El tema va a estallar en la sesión del martes. Podría surgir en el recinto o en una conferencia de prensa que se organiza para las 15. La idea de Donda es reclamar el desafuero de Marino y de Orellana.

Otra denuncia

El diputado Orellana es investigado a partir de una denuncia por abuso sexual que hizo en 2016 Agustina Poch, que era asesora de la diputada socialista Gabriela Troiano.

De acuerdo con la denuncia, el diputado aprovechó que se habían quedado solos en el despacho, la abrazó sin su consentimiento y le dio besos en el interior de la oreja izquierda, mientras le decía: "Seguramente nadie te besó así, ¿no?".

Orellana fue beneficiado con la falta de mérito, pero en abril de este año la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, apeló la resolución y aportó dos nuevos testimonios.

Uno de ellos es el de Verónica Figueroa, secretaria de Género del municipio de Famaillá, la ciudad de Orellana. En su tarea de asistencia psicológica, Figueroa asegura haber recibido cinco testimonios de presuntas víctimas de Orellana, exintendente de la ciudad.

Al margen de lo que suceda con los casos particulares, la secretaria de la Mujer de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Gladys Benítez, reclamó un cambio de conducta de parte de los legisladores. "Muchos se manejan como patrones de estancia", dijo, en diálogo con LA NACION.

Para la dirigente, "hay casos que no se conocen y que no se denuncian por miedo", en especial entre las empleadas que están asignadas en despachos.

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