Antes de fin de año se definiría el caso Ciccone
La Cámara debe analizar los procesamientos; el fallo sería el mes que viene o en diciembre
Si no hay sorpresas ni nuevas dilaciones, el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou comenzará a definirse a fines de noviembre o principios de diciembre. Será entonces cuando la Cámara Federal porteña definirá si revoca su procesamiento, anula todo o parte del caso Ciccone y aparta de la causa al juez federal Ariel Lijo.
Los tiempos de la Cámara responden a la dinámica misma del expediente, en el que Boudou y otros acusados, como su socio, José María Núñez Carmona; su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el empresario Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, entre otros, apelaron sus procesamientos y presentaron nueve pedidos simultáneos de nulidad.
Ante ese cuadro, los integrantes de la Sala I de la Cámara -Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah- ya celebraron todas las audiencias necesarias con los procesados, la última de ellas con el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri.
Completado ese requisito previo, los camaristas podrían definir ahora si confirman, revocan o anulan los procesamientos que dispuso Lijo. Pero optaron por esperar para evaluarlos junto con las nulidades por razones de "economía procesal".
Con el apoyo del fiscal federal Jorge Di Lello, Lijo rechazó el 9 de este mes los pedidos de nulidad, tanto de los Ciccone como de Boudou y otros acusados, por sus citaciones a indagatoria. Pero rechazó todos esos planteos el 9 de este mes.
Nuevas audiencias
Una vez que las apelaciones por esas nulidades rechazadas lleguen a la Cámara, se ordenará la citación a una nueva ronda de audiencias, indicaron a LA NACION fuentes tribunalicias. Escucharán sus objeciones y sólo luego emitirán su fallo, en el que podrían confirmar o apartar al magistrado de la investigación.
El 9 de junio pasado, la misma Sala I de la Cámara apoyó el proceder de Lijo en el caso Ciccone, al rechazar la nulidad que había presentado Boudou. Y, en una tácita señal de respaldo, difundió su fallo mientras el vicepresidente transitaba por su cuarta hora de declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.
Al mismo tiempo, sin embargo, la Cámara le indicó a Lijo que debería avanzar sobre la ruta del dinero -tal como lo pidió el fiscal Di Lello-, para determinar así quién o quiénes aportaron los fondos usados para la controvertida resurrección de la ex Ciccone Calcográfica.
Tanto Di Lello como uno de los camaristas, Farah, fueron más lejos. Le pidieron a Lijo que cite como testigos o incluso a indagatoria a Jorge Brito y a un ex colaborador, Máximo Lanusse, quien salió del Banco Macro para asumir como número dos de Ciccone junto con Vandenbroele.
Boudou pretende ahondar en esa supuesta grieta abierta entre la Cámara y el juez, al sostener que Lijo no quiere avanzar sobre la ruta del dinero porque entre los financistas en las sombras podrían encontrarse el ex banquero Raúl Moneta o el dueño del Banco Macro, quien fue invitado de honor a la fiesta de su segundo matrimonio.
El objetivo de fondo del vicepresidente, sin embargo, no es avanzar sobre Brito o Moneta -quien podría ser declarado inimputable por razones de salud-, sino sostener que Lijo no es imparcial y que, por lo tanto, debe ser apartado del expediente, un objetivo que ambiciona desde hace años.
Hasta ahora, el juez Lijo no ha dicho nada sobre esa ofensiva. Pero porque la defensa del vicepresidente nunca lo recusó en el expediente. Si aludieran a Scioli, Brito o al abogado de los Ciccone, Marcelo Ruiz, indicaron a LA NACION, "Lijo desarmaría esa jugada en minutos".
Gonella: aplazan las indagatorias
- Carlos Gonella, el fiscal antilavado, pidió posponer su declaración indagatoria prevista para ayer por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado hizo lugar a la solicitud y fijó una nueva cita para el próximo 6 de noviembre.
- También pospuso para el 7 de noviembre la declaración como sospechoso del fiscal ad hoc Omar Gabriel Orsi. Están acusados de perjudicar la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, al no incluirlo entre los sospechoso por investigar.