Aprobó Diputados el proyecto de emergencia económica

Laura Serra
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24 de marzo de 2000  

Pese al rechazo de gran parte de la oposición, la Alianza impuso su mayoría numérica en la Cámara de Diputados y logró aprobar ayer el proyecto de ley de emergencia económica del Estado, una de las herramientas que, con insistencia, requiere el Poder Ejecutivo.

La iniciativa, que fue girada al Senado para su sanción definitiva, motivó en el recinto un extenso debate que trascendió los límites legislativos para dar paso a lo estrictamente político, con un eje principal de discusión: si las actuales condiciones económico-financieras del país ameritan una declaración de emergencia económica.

El justicialismo rechazó esta posibilidad de plano y, en defensa de su gestión anterior, votó en contra del proyecto oficial, al considerarlo "innecesario". De igual manera votó el bloque que responde al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, Acción por la República.

Como era previsible, la Alianza -que contó con el respaldo parcial de los diputados provinciales- defendió la iniciativa con el argumento de la delicada herencia fiscal recibida de la gestión anterior.

"El Estado afronta pleitos por 19.000 millones de pesos, a los que se deben sumar otros 6000 millones por los juicios de jubilados y miembros de las Fuerzas Armadas. La administración nacional no tiene recursos para afrontar semejante erogación", sintetizó el diputado Raúl Baglini (UCR-Mendoza), titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El proyecto aprobado contempla los siguientes capítulos: la declaración de emergencia por un año, la facultad de rescindir o renegociar los contratos con el Estado (en el primer caso, el Estado abonará una indemnización que no incluirá lucro cesante), la posibilidad de reubicar empleados públicos y dejar sin efecto las funciones jerárquicas, la suspensión por un plazo de 20 días de los juicios contra la administración nacional y una nueva consolidación de deudas con la emisión (sobre lo que se informa por separado) de bonos.

Este texto fue el resultado de arduas negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el oficialismo legislativo, que rechazaba en forma tajante la redacción original. Tantos cambios fueron impuestos que, a la postre, sólo permaneció vigente su título.

Precisamente, este punto fue el más criticado por la oposición legislativa.

"Este proyecto es una mera copia del aprobado en 1991, cuando el país era amenazado por la hiperinflación -sostuvo Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe)-. Hoy el contexto es diferente, y no entiendo por qué el Gobierno dice por Internet que al país le va bien y en el Congreso, que le va mal."

Lamberto y Baglini protagonizaron en el recinto un contrapunto que, con dosis de humor, marcaron el tenor de las diferencias entre sus bancadas.

"Daltonismo político"

El legislador radical, conocido por la formulación de chispeantes "teoremas", se atrevió en el recinto a esbozar uno nuevo, al que bautizó "de daltonismo político".

"En las leyes de emergencia, la situación fiscal es vista por el oficialismo con realismo extremo, rayano en pesimismo moderado; por la oposición, con euforia burbujeante. Terminada la sesión, la visión vuelve a la normalidad", apuntó, desatando una carcajada general en el recinto.

Lamberto no tardó en retrucarlo. "La actitud del oficialismo me recuerda la historia del piloto que llama a la torre de control diciendo que está en emergencia. El copiloto le dice que los instrumentos indican que todo anda bien, a lo que el piloto responde: "Sucede que no sé leer los instrumentos". Eso es lo que le pasa a la Alianza", comparó, provocando el aplauso de su bloque.

En el mismo tono se expresó el titular del bloque de Acción por la República, Guillermo Francos (Capital). "Si bien el Estado afronta problemas graves, como los millonarios juicios de los jubilados y de las Fuerzas Armadas, no es necesario declarar al país en emergencia", dijo.

La diputada Elisa Carrió (UCR-Chaco) rechazó este argumento. "Para disponer una nueva consolidación de deudas y una suspensión de los plazos en los juicios contra el Estado es necesario una previa declaración de emergencia; si no, sería inconstitucional", alegó.

Por su parte, María América González (Frepaso-Capital) defendió el capítulo sobre consolidación de deudas, en cuya redacción participó modificando el proyecto original. "El jubilado no se verá perjudicado, ya que cobrará la retroactividad hasta abril de 1992 en bonos I y II, que cotizan en un 100%. Hasta diciembre de 1999 cobrará en bono III, y desde enero en adelante podrá cobrar en efectivo", aclaró.

La sesión finalizó tras ocho horas de debate político y la Alianza se impuso fácilmente por mayoría. La suerte en el Senado podría ser otra.

Responsables

El ex titular de la Cámara baja Alberto Pierri (PJ-Buenos Aires) responsabilizó ayer a todos los diputados por la demora en que supuestamente incurrió el cuerpo legislativo para entregar a la justicia tucumana la declaración jurada de Antonio Domingo Bussi, acusado, entre otras cosas, de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Durante el primer tramo de la sesión de la Cámara baja, el diputado Jorge Rivas (Frepaso-Buenos Aires) pidió una cuestión de privilegio para repudiar la actitud de Pierri de dilatar durante dos años la entrega de una copia de la declaración jurada del ex militar.

Por su parte, Pierri dijo en el recinto que nunca pudo cumplir con los requerimientos de la justicia tucumana porque el plenario de Diputados "nunca votó el pedido del juez Ricardo Maturana".

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