Aprueban las polémicas pensiones a ex detenidos

Por abrumadora mayoría y sin debate, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley un polémico proyecto por el cual se conferirán pensiones a aquellas personas que fueron detenidas de manera ilegal hasta el 10 de diciembre de 1983 por razones políticas o ligadas a su actividad sindical.

La iniciativa, elaborada por el diputado oficialista Juan Carlos Díaz Roig, se aprobó con 176 votos a favor, dos en contra –los diputados Carlos Brown (Fe) y Alberto Asseff (Compromiso Federal)–, mientras que el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) se abstuvo.

De acuerdo con la flamante ley, los ex presos políticos estarán en condiciones de cobrar una pensión mensual "igual a la remuneración asignada a la categoría D del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional". En la actualidad, es más que el doble de la jubilación mínima (2477 pesos).

Al convertir en ley la iniciativa, los diputados aceptaron los cambios que había introducido el Senado, que eliminó la fecha de inicio del período que comprendía el otorgamiento de la pensión graciable, fijada originalmente entre el 6 de noviembre de 1974, cuando la entonces presidenta Isabel Perón decretó el estado de sitio, y el 10 de diciembre de 1983.

Debate en el peronismo

Esto había generado una fuerte polémica interna dentro del oficialismo, por lo que los senadores decidieron suprimir la fecha de inicio para evitar susceptibilidades y hacer más abarcativa la norma.

En rigor, la iniciativa no estaba incluida en el plan de labor de la sesión de ayer en la Cámara baja, pero se la incorporó a último momento a sugerencia de la jefa del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, lo que fue festejado por las decenas de militantes políticos que colmaron los palcos del recinto de sesiones.

En cambio, no tuvo la misma suerte el proyecto que propone beneficiar con una indemnización a los familiares de una decena de soldados muertos por un ataque de la agrupación guerrillera Montoneros al cuartel del Regimiento de Infantería Monte 29, en la provincia de Formosa, el 5 de octubre de 1975. Esa iniciativa iba "atada" con aquélla, finalmente convertida ayer en ley, que propone otorgar pensiones a los ex presos políticos, en un acuerdo integral entre la UCR y el oficialismo.

En aquel ataque murieron 24 personas: 12 guerrilleros y 12 defensores del cuartel, entre ellos 10 jóvenes que a los 21 años cumplían con la obligación legal del servicio militar. Hasta ahora sus deudos no recibieron reparación alguna por parte del Estado, situación que la iniciativa del diputado radical Ricardo Buryaile ahora busca reparar.

"Vamos a reclamar que en la sesión de mañana [por hoy] sea incluida en el temario, aunque todavía no tiene dictamen", reconoció Buryaile.