Aprueban un proyecto de preservación cultural

Diputados lo sancionó con cambios; ahora lo tratará el Senado
Laura Serra
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29 de mayo de 2003  

La Cámara de Diputados aprobó ayer, aunque con modificaciones, el proyecto de ley referido a la preservación de los bienes culturales, una iniciativa que se propone limitar la participación extranjera en el patrimonio de determinadas empresas, sobre todo en los medios de comunicación.

Los diputados modificaron el artículo quinto de la iniciativa, por lo que el texto completo deberá retornar al Senado (cámara de origen), que podrá aceptar el cambio propuesto o bien insistir con el artículo original.

La intención del oficialismo era convertir ayer mismo en ley la iniciativa, sin introducir modificaciones. Sin embargo, la oposición logró torcerle el brazo y, por 99 votos a 87, impuso cambios en el artículo quinto, una de las claves de la norma.

Según el texto original aprobado por el Senado, este artículo exceptúa del instituto del "cram-down" (establecido en la ley de quiebras) a los medios de comunicación. Este mecanismo actualmente habilita a los acreedores extranjeros y nacionales a hacerse cargo de una empresa que no pueda afrontar el pago de su deuda.

La titular del bloque de ARI, Elisa Carrió (Chaco), que desde un primer momento se opuso a la iniciativa por considerar que sólo beneficia a empresas periodísticas, propuso que en lugar de crear una excepción se derogue lisa y llanamente el mecanismo de "cram down" para todas las empresas nacionales. "Este es un proyecto de ley claramente inconstitucional", bramó la legisladora.

En cambio, desde el radicalismo, los diputados Margarita Stolbizer (Buenos Aires) y Pascual Capelleri (Buenos Aires) propusieron mantener el sistema de "cram down" en el caso de los medios periodísticos endeudados, aunque restringiendo la participación sólo a los acreedores nacionales. Es decir, excluyen a las compañías extranjeras de la posibilidad de hacerse cargo de los medios de comunicación endeudados.

Los legisladores, además, cuestionaron la segunda parte del artículo quinto, que faculta al Poder Ejecutivo -a solicitud de la empresa concursada- a autorizar la participación o no de compañías extranjeras en la propiedad de medios de comunicación.

"Con esta redacción (del artículo), transformaríamos al juez del proceso (de quiebra) en una figura decorativa que queda atado a la iniciativa de la concursada y, en última instancia, a la autorización del Poder Ejecutivo", advirtió Capelleri, que propuso que sólo el juez (no el Poder Ejecutivo) deberá determinar la participación de una empresa extranjera "teniendo especialmente en cuenta el espíritu de la ley y la continuidad de la fuente laboral".

Deudor nacional

El diputado Eduardo Di Cola (PJ-Córdoba), miembro informante del proyecto, intentó hasta último momento preservar el texto original. "Esta herramienta (la exclusión del "cram down") la aplicamos en defensa del deudor nacional. Si hay otros sectores que también la necesitan, veámoslo", dijo.

Después de un largo debate, el PJ perdió la votación. Y se impuso el criterio del radicalismo. De todas maneras, el resto del proyecto se aprobó sin modificaciones, como pretendía el oficialismo. La UCR y los demás partidos de la oposición no pudieron imponer mayores cambios.

Los legisladores pudieron preservar otro de los artículos clave: el segundo, que establece que la propiedad de los medios de comunicación, deberá ser de empresas nacionales, "permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%".

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