Apuran en Diputados la figura del arrepentido en casos de corrupción
El oficialismo convocó a un plenario de comisiones para el miércoles próximo; se incluirá el proyecto para que el Estado recupere los bienes de actos ilícitos; apoyo del Frente Renovador
José López lo hizo. El ex funcionario kirchnerista no sólo revoleó bolsos con millones de dólares por encima de los paredones de un monasterio, sino que, a partir de este hecho escandaloso, obligó a oficialistas y a opositores en la Cámara de Diputados a apurar, la semana próxima, el debate de dos iniciativas que estaban demoradas: la que instaura la figura del arrepentido en casos de corrupción y la que promueve que los bienes de origen ilícito provenientes de la corrupción y del lavado de dinero pasen a dominio del Estado.
Con la opinión pública conmocionada por el caso López, el oficialismo desempolvó sus banderas en pos de la transparencia -que había guardado para priorizar otras leyes, como el pago de la deuda a los jubilados y la designación de dos jueces en la Corte Suprema- y citó para el miércoles próximo a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Tal es la celeridad que le quiere imprimir a la discusión que ese mismo día pretende emitir despacho para llevarlo al recinto en una sesión especial al día siguiente.
¿Podrán ser aplicables al caso de López? El ministro de Justicia, Germán Garavano, no lo descartó, aunque para ello las iniciativas primero deben ser convertidas en ley. "Creemos que el proyecto del arrepentido es importante, pero igual hoy existen varias figuras que pueden ser utilizadas y que se implementan tanto en temas como el narcotráfico y lavado de dinero -sostuvo en declaraciones radiales-. También tenemos la probation y la figura del juicio abreviado, que perfectamente tienen puntos en común para este tipo de casos."
Todo anticipa que el trámite legislativo no tendrá mayores inconvenientes en la Cámara de Diputados: el oficialismo cuenta con el apoyo del Frente Renovador, de Sergio Massa, para avanzar. Entre ambos bloques reúnen número suficiente para el quórum y se descuenta que a ellos se sumarán otras bancadas menores.
En rigor, el problema será el Senado; como publicó hace dos semanas LA NACION, el oficialismo había decidido congelar el tratamiento del proyecto sobre el arrepentido para delitos de corrupción ante los reparos que esta figura genera en sectores del peronismo. Obligado a negociar las leyes por su condición de minoría, el oficialismo dejó la iniciativa en stand by para avanzar en otros temas a su juicio más urgentes, admitieron a LA NACION fuentes gubernamentales.
Cambio de escenario
Pero el escándalo que protagonizó el kirchnerista José López cambió el escenario. En la Cámara de Diputados, el jefe del interbloque Mario Negri instruyó el martes pasado a los radicales Luis Petri y Gabriela Burgos a que convoquen a sus respectivas comisiones -Seguridad y Legislación Penal- para apurar el tratamiento de ambos proyectos, el del arrepentido para casos de corrupción y el de extinción de dominio.
"Desconozco si hubo intentos de demorar ambos proyectos. En la Cámara de Diputados se había avanzado en algunos consensos con el Frente Renovador y la decisión, ahora, es sancionarlos", sostuvo Negri.
¿Qué sucederá en el Senado? En el oficialismo se muestran más confiados. "Difícilmente, en esta coyuntura, los legisladores peronistas estén en condiciones de resistir estos proyectos. Quedarían demasiado pegados con el kirchnerismo y con López", especulaban.
El proyecto de ley que instaura la figura del arrepentido en casos de corrupción tiene como base una iniciativa que elaboró la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, y otra que presentó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. En la actualidad, esta figura está contemplada en las leyes que sancionan el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, pero no está prevista para los delitos perpetrados contra la administración pública.
"La idea es crear una figura del arrepentido que se aplique tanto para los delitos contra la administración pública (corrupción) como para los casos de crímenes organizados", explicó a LA NACION el diputado Petri.
En tanto, la extinción de dominio de los bienes provenientes de actividades ilícitas tendrá como base una iniciativa presentada por Massa y Graciela Camaño, jefa de bloque del Frente Renovador.
Mediante esta figura, el Estado podrá perseguir aquellos bienes de procedencia ilícita sin necesidad de una condena previa del individuo acusado. En efecto, esta herramienta se diferencia del decomiso -previsto en el Código Penal- por cuanto en este último caso el castigo recae sobre el sujeto. La extinción de dominio, en cambio, es una acción legal de naturaleza civil que va por un carril independiente al de la vía penal, pues se dirige hacia los bienes de origen ilícito, más allá de la responsabilidad criminal del individuo.
¿Cuál sería el derrotero de ese bien de origen ilícito en manos del Estado? En su proyecto, Camaño propone crear un organismo descentralizado, con personería jurídica propia, que administre esos bienes para mantener su valor. El fruto de esos bienes se destinará, según establece el proyecto, a programas de salud, educación, trabajo y vivienda, como también a la prevención y asistencia de personas con adicciones.
"Estamos decididos a trabajar en un dictamen para aprobarlo cuanto antes", confirmó Camaño.
En agenda para el miércoles
Mario Negri
Pte. Interbloque Cambiemos
- Este miércoles se reunirán las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad para debatir los proyectos que instauran la figura del arrepentido en casos de corrupción (esa figura hoy existe sólo para algunos delitos penales) y el que propone la extinción de dominio para los bienes de origen ilícito. Así lo confirmó el presidente del interbloque, Mario Negri, quien confía en emitir dictamen y llevarlo al recinto al día siguiente
- La estrategia cuenta con el apoyo del Frente Renovador, de Sergio Massa. La jefa de este bloque, Graciela Camaño, presentó uno de los proyectos que se debatirán el miércoles, el que se refiere a la extinción de dominio para que los bienes de origen ilícito provenientes de la corrupción y del lavado de dinero pasen a dominio del Estado