Apuran la auditoría sobre el Proyecto X de la Gendarmería

El Gobierno definirá en las próximas horas las eventuales sanciones a los jefes de la Gendarmería que pudieran estar implicados en tareas de inteligencia a movimientos sociales y gremiales en el contexto del denominado Proyecto X . Para tomar una resolución, la presidenta Cristina Kirchner exigió acelerar una auditoría interna, que ya elabora el Ministerio de Seguridad.

La ministra Nilda Garré ordenó una auditoría sobre el Proyecto X y no se descarta que en las próximas horas haya definiciones sobre las responsabilidades y las eventuales sanciones de los jefes de la fuerza que pudieran estar implicados.

Fuentes del Gobierno aseguraron que el secretario de Planeamiento, Gustavo Sibila, estuvo ayer varias horas en el Ministerio de Seguridad, que conduce Garré, terminando los detalles de la auditoría que se presentará a la ministra y, posteriormente, a la Presidenta.

Una vez que se analicen los resultados de ese informe, Garré tomará una decisión junto con Cristina Kirchner, que ayer regresó de El Calafate, donde festejó su cumpleaños número 59. La jefa del Estado hoy encabezará un acto, a las 19, en la Casa Rosada, por el Día de la Antártida Argentina y no se descarta que allí hable de la estrategia de la Argentina por recuperar las islas Malvinas.

Ayer en el Gobierno se afirmaba que en el caso de demostrarse que en el marco del Proyecto X se hizo inteligencia no autorizada sobre grupos políticos podrían rodar las cabezas del jefe de la Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, y de quien hasta el sábado era director de Inteligencia Criminal, Marcelo Martinengo, que ahora pasó a ocupar la Dirección de Planeamiento de la fuerza.

"Todo se va a evaluar con la ministra", aseguraban ayer a LA NACION fuentes muy ligadas a la investigación gubernamental en marcha. "Los resultados se comunicarán lo más pronto posible", agregaron. No se descarta tampoco que Cristina Kirchner se reúna hoy, por la mañana, con Garré en Olivos.

La principal preocupación en el Gobierno es el impacto que tuvo en sectores del progresismo oficialista la revelación sobre la base de datos bautizada por los propios gendarmes Proyecto X. Las leyes vigentes autorizan a ejecutar tareas de inteligencia interna sólo a pedido de un juez o para prevenir la comisión de un delito (siempre y cuando se informe a la Justicia). Más allá de que en este caso hubiera o no una violación de la ley, los datos conocidos en los últimos días parecen demostrar que la Gendarmería tomaba como un posible delito la organización de una protesta sindical por los despedidos en la empresa Kraft, en 2009. Eso se choca de frente con la política declarada por el Gobierno de no criminalizar la protesta social.

"Es una cuestión más política que legal", añadió una fuente oficial.

En los informes que entregó la Gendarmería a la Justicia en el marco del conflicto de Kraft se aportaban datos sobre los autores de los cortes de ruta, se analizaba políticamente el conflicto y hasta se aportaban hipótesis sobre las eventuales peleas internas en los gremios movilizados.

Garré prometió ser "inflexible" si se comprobara el espionaje. Aunque lleva más de un año a cargo de Seguridad, en su entorno culpan al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que manejaba la fuerza en el momento de las protestas de Kraft.

Los planes

• Auditoría. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, encomendó una auditoría interna para definir si la Gendarmería violó la ley de inteligencia al trabajar en el Proyecto X, que investigó a referentes de organizaciones sociales y gremiales.
• Consecuencias. En el caso de que se confirme que se espió a militantes políticos, no se descarta el pedido de renuncia a los jefes de la Gendarmería.