Armas: nuevas pruebas contra Menem en Bolivia

Involucran a Jaime Paz Zamora
Involucran a Jaime Paz Zamora
Jorge Elías
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26 de agosto de 2001  

LA PAZ.- “Y este papelito costó más de 10 millones de dólares”, dice el coronel Edgar Prudencio, agitando un documento tamaño carta con membrete de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) y sello del Ministerio de Defensa de Bolivia. Del otro lado del escritorio, el coronel Freddy Zabala, presidente de la Mutual del Seguro Policial, asiente con la cabeza: “Mi país se ha prestado a un juego maquiavélico de las autoridades argentinas”, afirma en la entrevista de ambos con LA NACION.

El papelito en cuestión, firmado por el general de división Augusto Sánchez Valle, gerente general de Cofadena, dice concretamente: “Comunicamos a ustedes que los materiales que se adquieren a esa Dirección General de Fabricaciones Militares de la República Argentina tendrán como destino final el uso por parte de las Fuerzas Armadas de la República de Bolivia”. Está fechado el 8 de enero de 1991. Y es, según Prudencio y Zabala, la clave del primero de los cuatro decretos del gobierno de Carlos Menem de venta de armas, luego trianguladas a Croacia y a Ecuador. También es el único que involucra a Bolivia (otros dos son para Panamá y uno es para Venezuela) y, asimismo, el único que naufragó por un error elemental: la entrega del arsenal, valuado en 51.603.601,85 dólares, según el decreto 1633, del 3 de septiembre de 1992, iba a ser en La Quiaca. Es decir, lejos del mar.

No sirvió, finalmente, por falta de un puerto cercano, pero ha sido tenido en cuenta por el fiscal Carlos Stornelli en el auto de procesamiento de Menem, detenido desde el 7 de junio por decisión del juez federal Jorge Urso.

Detrás del decreto, sin embargo, Prudencio y Zabala, policías retirados que están enrolados en la Vanguardia Institucional Mariscal de Ayacucho (VIMA), han hilvanado la supuesta trama de una operación que habría comenzado entre el 14 y el 15 de abril de 1990, en ocasión del cumpleaños de Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia entre 1989 y 1993, con una visita privada de Menem a su finca Picacho, en Tarija. A ella habría concurrido, también, el entonces ministro de Defensa de Bolivia, Héctor Ormachea. Ya se habían reunido en La Rioja.

Lista cambiada

Prólogo, al parecer, de la venta que no fue. Entre cuyos papeles Prudencio y Zabala (ex hombres de inteligencia que trabajaron con pares argentinos en operaciones antinarcóticos y antiterroristas, en forma respectiva) hallaron presuntas irregularidades, empezando por el pedido de las armas, consignado el 16 de enero de 1991 por el comandante del ejército de Bolivia, Guido Sandoval Zambrana, en una carta dirigida al ministro Ormachea, soslayando de ese modo al comando en jefe de las Fuerzas Armadas.

Figuran, por ejemplo, 35 cañones remolcados calibre 155 milímetros, L33 Citer, Modelo Argentino, con accesorios y herramientas, y 1500 pistolas calibre 9 x 19 milímetros, HP, modelo militar, con baqueta de limpieza y cargador; en el decreto argentino, firmado por Menem y cuatro ministros, son 18 y 4500 unidades, respectivamente.

“Todos los trámites han sido un fraude para justificar un negociado -dice Prudencio-. La lista inicial de materiales, enviada a Fabricaciones Militares, fue tentativa. La cambiaron después sobre la base de las existencias en la Argentina y de las posibilidades de fabricación. Al punto que han pedido miles de cartuchos... Bolivia tiene desde hace 20 años su propia fábrica de municiones.”

En VIMA militan oficiales retirados que, en su momento, colaboraron con la dictadura de Hugo Banzer. Dicen que, con el mote hermanos vanguardistas, eran una agrupación secreta de la policía. Y que, ahora, luchan contra la corrupción. En sus filas está el coronel Germán Linares, tildado de autor del secuestro del ex presidente Hernán Siles Zuazo, en 1984, y jefe de Inteligencia en el gobierno de Paz Zamora.

No se definen como un partido político, pero plantearon ante el Congreso, el 12 de julio, un pedido de juicio de responsabilidades contra Paz Zamora, Ormachea y otros supuestos involucrados en la operación de las armas con la Argentina por traición a la patria, violación de las garantías constitucionales y malversación de fondos, entre otros delitos. Insistirán el martes, con una nueva presentación, por más que tengan poca fe en una eventual investigación.

“Eso es una cochinada”

Ormachea, radicado en Madrid, procuró desvincularse de la operación con una carta remitida el 10 de junio, tres días después de la detención de Menem, a la embajada de Bolivia en España, reproducida por la prensa boliviana: “Debo aclarar que si verdaderamente tal situación ha existido ha sido con mi total desconocimiento”, dice.

Paz Zamora, a su vez, en carrera para la presidencia en las elecciones del año próximo por el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), dice en la edición del 5 de julio del diario Los Tiempos, de Cochabamba: “No por politiquería van a querer echar la desgracia de un amigo a mi persona. Eso es una cochinada”.

En su momento, el presidente Banzer, sucedido el 7 de este mes por el vicepresidente Jorge Quiroga por razones de salud, también tomó distancia del asunto.

Pero de él, sin efecto el decreto de Menem, ha sido sustancial el certificado de uso final de las armas. Que, según Prudencio, se cotiza en oro en el mercado: “Las autoridades argentinas sabían que el documento no tenía valor jurídico por ser de un organismo de jerarquía menor como Cofadena, sin atribuciones para la provisión de armas al Estado -dice-. Debió existir un decreto supremo, firmado por Paz Zamora y autorizado por el Congreso, por medio de una resolución del Ministerio de Defensa”.

El arsenal en sí, por su volumen, podría haber causado un desequilibrio en la región, y, por su precio, podría haber causado un déficit a Bolivia.

En uno de los documentos a los que tuvo acceso LA NACION, fechado el 18 de marzo de 1991, el ministro Ormachea comunica al director de Fabricaciones Militares, Nicolás Granillo Ocampo (escrito Granadillo), que continúa interesado en el equipamiento de sus fuerzas armadas, pero han surgido inconvenientes. Sobre todo, por las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De ahí, aparentemente, la posibilidad de saldar el pago con la cuenta del gas que Bolivia provee a la Argentina.

“Bolivia no iba a comprar esas armas -dice Zabala-. No las podía pagar. Ni las necesitaba, en realidad. El quid de la cuestión era darle a Fabricaciones Militares una excusa para fabricarlas y requería para ello el certificado de uso final.”

Por él, Prudencio concluye que se habrían pagado más de 10 millones de dólares. ¿De dónde sale la cifra? “Fácil -dice-. En el escrito del fiscal Stornelli figura el pago de una comisión del 20 por ciento como anticipo, cosa que no se hace habitualmente. Ese fue, precisamente, el valor del papelito que percibió Bolivia, desembolsado, seguramente, por Croacia o por el Ecuador.”

Cómo empezó la venta ilegal

  • Jaime Paz Zamora era presidente de Bolivia en 1991, cuando ese país solicitó armas a la Argentina por valor de más de 50 millones de dólares.
  • Ese encargo dio lugar al primer decreto secreto que autorizó la venta de armas que después fueron desviadas a Croacia y a Ecuador.
  • En Bolivia dejan trascender que Menem y Paz Zamora habrían tenido encuentros secretos en Tarija y en La Rioja, en 1990. Se sospecha que el vecino país cobró una comisión de 10 millones de dólares.
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