Armas: un informe complica a González

Alerta: Enrique Candioti, ex director de Seguridad Internacional de la Cancillería, aseguró que previno al Gobierno sobre el tráfico.

21 de Septiembre de 1998

Un informe confidencial sobre exportaciones de armas, elaborado por el ex director general de Seguridad Internacional de la Cancillería embajador Enrique Candioti, y agregado recientemente a la causa por las ventas ilegales de material bélico a Croacia que investiga el juez federal Jorge Urso, podría comprometer seriamente la situación judicial del ministro de Trabajo, Antonio Erman González, y de otros funcionarios del Gobierno.

Candioti declaró el miércoles último ante el magistrado aportando el documento de marras, al que accedió La Nacion, y dejó en claro que con ello se ocupó de prevenir al gobierno nacional en 1990 sobre la posibilidad de generar un tráfico ilegal con armamento argentino si se recurría a la firma de decretos "marco".

Ese modalidad, que permite englobar grandes cantidades de armamento en una sola autorización presidencial, y efectuar una serie de operaciones a lo largo del tiempo, fue la utilizada en dos decretos suscriptos en 1991 que indicaban a Panamá como destino de las armas, que finalmente fueron enviadas a Croacia en seis embarques durante cuatro años.

"Sólo puedo responder por lo ocurrido durante mi gestión al frente del Ministerio de Defensa", dijo González a Urso en un escrito presentado el martes último.

De esa forma, intentó limitar su responsabilidad a uno solo de los "desvíos" a Croacia: el buque Opatija que, con armas argentinas, partió del puerto de Buenos Aires en agosto de 1991.

El transporte de armamento desde nuestro país a la ex Yugoslavia continuó en junio de 1993, en el buque Senj, cuando González había dejado la cartera militar en manos de Oscar Camilión, y se prolongó en otros cinco envíos más. La advertencia de Candioti incluyó el "riesgo" de operaciones continuadas de exportación con un solo decreto y despertó el interés judicial por la sospecha sobre un plan de tráfico ilegal de armas a zonas en conflicto, que pudo haber sido apoyado por sectores del Gobierno.

Los nuevos elementos

Los nuevos elementos que analiza Urso no sólo se convierten en un problema para González, a quien el juez debe fijar una fecha para tomarle declaración indagatoria, sino que desbaratan el principal argumento del Gobierno, que afirma haber sido "engañado" por las empresas intermediarias.

En su informe "confidencial" a la Cancillería, Candioti menciona una conversación con el entonces gerente de Ventas de Fabricaciones Militares, coronel Carlos Núñez, en la que queda como blanco sobre negro el sistema que se impulsaba desde el Gobierno.

Afirma el funcionario que el militar le solicitó que "se autorizara un marco general (constituido por la lista completa) que permitiera a la parte empresaria desenvolverse libremente en la transacción, posiblemente a través de pequeñas transferencias dentro de ese marco".

Candioti dejó en claro en su escrito que se oponía a esos decretos de ejecución "en cuotas", ya que abrían la puerta a maniobras sin control, se daba lugar a la intervención de grupos u organizaciones privadas y aumentaba el riego de tráfico ilegal con triangulaciones a terceros países.

Los decretos 1697 y 2283 (de agosto y octubre del 91, respectivamente) firmados por González, por Guido Di Tella y por Domingo Cavallo, junto al presidente Carlos Menem, además del decreto 103 (enero de 1995), fueron utilizados en conjunto para triangular armas a Croacia entre septiembre de 1991 y febrero de 1995, y en esta última oportunidad también se desvió armamento argentino a Ecuador, durante la llamada Guerra del Cóndor, entre esa nación y el Perú.

"Asociación ilícita"

Esta serie de operaciones, la cantidad de elementos que ya obran en las causas y el escenario posible de hechos ilícitos que advirtió Candioti llevaron en la semana transcurrida al fiscal federal Carlos Stornelli a solicitar que se abra una línea investigativa para determinar si existió un plan para el tráfico de armas por el que funcionarios gubernamentales y altos oficiales del Ejército podrían quedar implicados en el delito de "asociación ilícita".

Algunos de los elementos que se reiteran en todas las operaciones y que fueron analizados en la solicitud del fiscal son los siguientes:

Los trámites de aduana El fallecido subadministrador de la Aduana de Buenos Aires, Carlos Alberto Alonso, llevó de manera casi idéntica los trámites necesarios para los embarques de las armas desde el puerto de Buenos Aires a Croacia.

El deceso del funcionario, producido el martes último como consecuencia de un infarto, se sumó a una larga lista de testigos muertos (seis en total) que debían presentarse en la Justicia.

Buena parte de los expedientes aduaneros, a los que tuvo acceso La Nación , se iniciaron con una solicitud de verificación de la carga enviada desde Fabricaciones Militares (FM) por Teresa Canterino, jefa de Abastecimiento.

Canterino pedía que los contenedores en los que FM había colocado el armamento fueran controlados en dependencias del organismo.

Fuentes allegadas a la Administración Nacional de Aduanas (ANA) dijeron a La Nación que, en 1991, Fabricaciones Militares envió una enorme cantidad de material bélico, que habría obtenido de diversos batallones de arsenales del Ejercito, a la Fabrica Militar San Martín, en esa localidad bonaerense.

Una vez en ese lugar, los agentes verificadores de aduana se limitaban a precintar los contenedores que no eran abiertos (supuestamente por contener material bélico "secreto"), ni removidos de los camiones sobre los que se cargaban.

Otras advertencias

En los expedientes se advierte que el control sólo alcanzaba a verificar la cantidad de contenedores que se envían a puerto, y el número de patente de los camiones que intervienen en el transporte.

La posibilidad de "llenar" los contenedores sin verificación habría permitido extraer una cantidad superior de material bélico que el que figuraba en los papeles.

De esa forma, las exportaciones en negro y el consiguiente cobro por ellas no ingresaba en las cuentas de FM. La modalidad se reiteró en cada una de las siete exportaciones a Croacia.

Libre en puerto Se trata de todas las operaciones que se hicieron con la cláusula FOB de exportación. Esto es, se dejaba libre la mercadería en puerto de salida del país, sin verificar la recepción de parte del destinatario que figuraba en los decretos (Panamá y Venezuela, en cada caso).

La conexión Palleros

Un mismo intermediario Todas las operaciones realizadas contaron con la intervención, como nexo con los compradores, del traficante de armas teniente coronel (R) Diego Emilio Palleros.

Este militar argentino que se encuentra en Sudáfrica, prófugo de la Justicia, participó en la prolongada serie de maniobras a Croacia por medio de la empresa Debrol SA Internacional Trading, y en la triangulación a Ecuador con la firma Hayton Trade.

Las dos empresas "fantasma" tuvieron domicilio en extrañas oficinas en Montevideo y desaparecieron cuando estallo el escándalo.

Movimiento de fondos Por la operación a Ecuador, el traficante Palleros dijo haber depositado una coima de 400.000 pesos en una cuenta de Daforel en el MT Bank, en los Estados Unidos, "destinada a un hombre muy cercano al Gobierno", según confió en declaraciones periodísticas.

El asesor presidencial Emir Yoma negó ser el destinatario de ese pago.

Previamente, la firma Elthan Trading (empresa constituida en Montevideo a nombre de Yalal Nracach, sobrino de Emir Yoma) depositó fondos supuestamente provenientes de las operaciones a Croacia también en una cuenta norteamericana de Daforel. Elthan Trading se constituyó finalmente en la socia mayoritaria del grupo Yoma, con aportes millonarios en dólares.

Juan Castro Olivera

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