Arroyo Salgado ya estudia ir a la CIDH

La ex esposa del fiscal Nisman denunciaría su muerte ante ese organismo
Silvia Pisani
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24 de febrero de 2015  

WASHINGTON.- La presidenta Cristina Kirchner logró que la relación de la Argentina con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no pase por su mejor momento. Pero lograr que ese grupo de trabajo se involucre de modo activo en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman sería toda una excepción.

La posibilidad cobró fuerza a partir de dichos de su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Al exponer en una audiencia pública ante el Senado, la magistrada consideró la posibilidad de que la muerte del fiscal "sea denunciada" ante la CIDH.

Consultada por LA NACION, la Comisión Interamericana no hizo comentarios formales sobre solicitud alguna. "Por norma, no hacemos ninguna valoración pública sobre las más de 2000 solicitudes que recibimos por año hasta no tener respuesta de si son aceptadas o no", se explicó.

Lo que sí está claro es que, en caso de concretarse, el pedido pondría a una comisión ya exigida en trabajo y con recursos siempre escasos a una de sus muy acotadas excepciones en la historia.

"En el medio siglo de vida que tiene la CIDH, sólo en tres oportunidades tomó la decisión de acompañar activamente el desarrollo de una investigación", dijo una fuente cercana a ese comité.

Una de esas excepciones fue a nuestro país y por el caso AMIA, el mismo en el que trabajaba el fiscal muerto. Los otros dos tuvieron el foco en México, primero, con el aparente "suicidio" -no con uno sino con dos disparos de calibre 22- de la militante de derechos humanos Digna Ochoa. El otro, aún en curso, refiere a la desaparición de 50 estudiantes en Iguala.

"No son recursos que se puedan atender fácilmente", se indicó. Tampoco el mensaje de la jueza Arroyo fue del todo claro. Descargó en la Defensoría General del Pueblo la tarea de "evaluar" una posible denuncia del caso ante la CIDH. Más allá del curso que se adopte, la CIDH emitió ya un duro pronunciamiento en el que exige la investigación "clara y objetiva" de lo ocurrido y la protección a los proveedores de justicia.

Si no hay modificaciones, la CIDH volverá a tomar el caso en su habitual informe anual. Pero el correspondiente al año en curso, se dará a conocer en abril del año próximo. El dato suma a las limitaciones de la comisión para un hipotético seguimiento específico del caso.

La relación con la CIDH atraviesa un momento sensible en varios países de la región, que se hicieron eco de las protestas promovidas desde Caracas y desde Quito por lo que consideran una "persecución", a partir de llamados de atención que se le formulan por violaciones de derechos humanos. El Gobierno suele avalar esa posición.

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