Asociaciones que se oponen al proyecto, en el Senado

La decisión del bloque kirchnerista del Senado de volver a discutir el dictamen del proyecto de ley que limita las cautelares contra el Estado podría convertirse en una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles.

Luego de que el oficialismo aceptara escuchar la opinión del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , la Comisión de Justicia, cabecera del debate, recibió una lluvia de pedidos de varias organizaciones civiles y profesionales para que su opinión también sea escuchada. Además, la oposición confirmó que dará por concluido el boicot que inició la semana pasada y asistirá este mediodía al plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales y de Legislación General.

Así, la reunión prevista para hoy, a las 11, contará con la presencia de representantes de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Asociación de Abogados Laboralistas. Todas tienen posturas críticas hacia el texto redactado por el Poder Ejecutivo.

A esto se suma el pronunciamiento de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima , que anticipó que presentará "una propuesta superadora" (de lo que se informa por separado).

La reapertura del debate del proyecto sobre medidas cautelares a otras organizaciones, además del CELS, que preside el periodista Horacio Verbitsky, fue anunciado en un comunicado que firman el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), y el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos).

Ambos justifican el cambio de estrategia en la ausencia de la oposición durante el debate de las iniciativas de la reforma judicial, la semana pasada.

"Desde el bloque del Frente para la Victoria queremos avanzar en el debate con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia judicial, cuyos aportes revisten particular importancia como consecuencia de la ausencia de la oposición, que no ha querido discutir los proyectos en el ámbito natural, como lo son las comisiones del Senado", fustigaron.

En declaraciones a un canal de noticias, Pichetto amplió su embate contra las bancadas opositoras, a las que acusó de haberse "dedicado a hablar por los medios en vez de venir a la comisión".

Sin embargo, y alentada por las diferencias internas que surgieron en el conglomerado oficialista, la UCR y el FAP anunciaron la conclusión del boicot contra el debate en comisiones de los proyectos que integran la reforma judicial.

"El efecto político que habíamos buscado, que era manifestar el repudio a la metodología oficialista de no aceptar modificaciones, ya está cumplido", explicó a LA NACION José Cano (Tucumán), jefe del bloque radical. Rubén Giustiniani (Socialista-Santa Fe) agregó: "La situación es diferente, ahora han dicho que van a permitir modificaciones; vamos a ver si tienen voluntad real de aceptarlas".

Además del proyecto de ley para imponer la limitación de las medidas cautelares, el Poder Ejecutivo remitió al Senado la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de tres cámaras de casación, todas con dictamen. Estas dos últimas se discutirán en el recinto mañana, mientras que la primera está prevista para pasado mañana, aunque la coincidencia con la marcha del 18-A podría modificar este esquema.

El resto del paquete (publicación de declaraciones juradas de jueces, accesibilidad a cargos en el Poder Judicial y libre acceso a las sentencias judiciales) ingresó en la Cámara de Diputados, que iniciará su debate hoy, a las 15, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.