Astiz, a punto de quedar en libertad

La Cancillería resolvió ayer rechazar el pedido de extradición del ex capitán de corbeta Alfredo Astiz, que había sido pedido por la justicia de Suecia.

Astiz había sido detenido el 28 de diciembre último y quedó detenido en espera de esta resolución del Gobierno. Recuperaría la libertad en las próximas horas tras cumplirse los pasos procesales.

Ante la visita a los Estados Unidos del canciller Carlos Ruckauf, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en su carácter de subrogante de la cartera de Relaciones Internacionales, firmó ayer la resolución que rechaza la solicitud de un tribunal de primera instancia de Estocolmo, en la causa en que se investiga la desaparición de Dagmar Ingrid Hagelin.

En los considerandos que fundamentan la decisión argentina se señala el decreto 1581/2001, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa, que instruyó a la Cancillería a rechazar todos los pedidos de extradición por causas relacionadas con la dictadura militar.

En su fugaz paso por la presidencia, Adolfo Rodríguez Saá informó que derogaría ese decreto, pero fuentes de la Cancillería confirmaron que ese gesto no pasó de las palabras. Con sus dichos, el ex gobernador puntano alentó el reclamo de tribunales extranjeros para juzgar a militares imputados en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

Principio de territorialidad

Los fundamentos apuntan también a que "la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este ministerio (por la Cancillería) se expidió en el sentido que dar curso al pedido de extradición iría en desmedro de la soberanía de nuestro país".

Con este caso, el gobierno argentino ratifica el principio de territorialidad que aplicaron los sucesivos presidentes constitucionales.

La resolución 113 de la Cancillería sostiene que "los hechos por los cuales se lo requiere al señor Alfredo Ignacio Astiz fueron investigados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que lo absolvieron por considerar que no estaban probados los hechos que se le imputaban".

En el entorno del canciller Ruckauf comentan que el costo político del decreto que rechaza de por sí los pedidos de extradición recae todavía en De la Rúa, pero aseguran también que esa posición quedará fija como una política de Estado, más allá de la administración del gobierno de turno.