Audiencia en la CIDH por la ley de medios

El gobierno nacional y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al kirchnerismo se cruzaron ayer en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y titulada "Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina". Cada uno dijo lo suyo, sin apartarse de los argumentos previsibles, pero algunos inesperados elogios a la delegación gubernamental por parte de los comisionados descolocó a los peticionantes. De entrada, el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, destacó el "altísimo nivel" de la delegación enviada por el Estado argentino. De todas formas, los elogios a ambas delegaciones fueron permanentes en los comisionados y en el relator de la libertad de expresión, Edison Lanza, que expresamente reconoció "los pasos dados por el actual gobierno al atender las recomendaciones que dio la relatoría en relación a otros temas" no abordados en la audiencia.

La reunión había sido pedida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y en representación de esa entidad expusieron su presidente, el periodista Horacio Verbitsky, y su secretario, Damián Loreti (además, autor del proyecto original de lo que en 2009 se convirtió en ley de medios). Como experto independiente expuso Martín Becerra, y también hablaron voceros de entidades universitarias y de medios comunitarios, pymes y cooperativos. Por el gobierno del presidente Mauricio Macri expusieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y los ex relatores de la libertad de expresión de la propia CIDH y actuales funcionarios del frente Cambiemos, Santiago Cantón -secretario de derechos humanos bonaerense- y Eduardo Bertoni -director nacional de protección de datos personales-, en tanto que el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel De Godoy, cerró la respuesta con la invitación a los "peticionantes" a participar de la discusión en marcha para la redacción de una nueva ley marco de comunicación.

"Es una política de hechos consumados que habilita una mayor concentración en lugar de limitarla, como viene reclamando la CIDH", afirmó Verbitsky. Loreti se detuvo en tres aspectos "que resultan violentados por las normas impuestas por el Poder Ejecutivo, quitar autarquía legal a las autoridades, la violación del estándar de la obligación de transmitir o must carry y el principio de legalidad porque un DNU no cumple con los estándares de la Corte Interamericana, ni aún refrendándose por el Parlamento".

La delegación oficial sostuvo que las modificaciones introducidas mediante los DNU a las leyes de medios y Argentina Digital son "reformas transitorias" mientras se avanza en un nuevo marco regulatorio. En ese contexto, la parte más contundente de la respuesta del gobierno de Cambiemos al CELS provino del ex relator Bertoni. "Es una obviedad que la decisión de impulsar una nueva normativa es una clara decisión de política pública del actual gobierno y demás está decirlo, no hay en el derecho internacional una obligación de instrumentar una política u otra. En la medida en que la decisión del gobierno argentino de impulsar una nueva legislación no viole las obligaciones del Estado estaríamos entrando en un debate académico sobre cuál política es mejor que otra según criterios más bien subjetivos." A su turno, De Godoy agradeció a la comisión, al relator y a las organizaciones que pidieron la audiencia y las invitó a participar del proceso de redacción de la nueva norma.

Elogios por la ley de acceso

• La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) saluda la iniciativa presentada por el gobierno nacional que promueve la sanción de una ley de acceso a la información pública, la cual será tratada en el Congreso de la Nación. Para Adepa, la iniciativa es "una herramienta esencial para todo Estado que pretenda ser abierto, transparente y promotor de la participación y la construcción ciudadanas". Ayer, el proyecto oficial llegó a Diputados.