Avances en un caso por el que se investiga al jefe de la Sigen

Es Claudio Moroni, ex superintendente de seguros; procesan a cuatro empresarios
Gabriel Sued
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17 de junio de 2006  

La Justicia acaba de procesar a cuatro empresarios del seguro como responsables del vaciamiento de la compañía Sud América, hecho por el que también es investigado, aunque en otra causa, el actual síndico general de la Nación, Claudio Moroni.

El jefe de la Sigen está cuestionado por episodios ocurridos durante su primera gestión como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), cargo que ocupó entre 1995 y 1998 y entre 2002 y 2004.

A fines del año pasado, el fiscal federal Miguel Angel Osorio reclamó al juez Rodolfo Canicoba Corral que citara a Moroni a declarar como sospechoso. En diciembre, el síndico general se presentó espontáneamente ante el magistrado, que todavía no decidió sobre el pedido del fiscal.

La investigación en la que está involucrado el síndico general es sólo una parte de una causa mucho más grande en la que se averigua acerca de las quiebras presuntamente fraudulentas de seis compañías de seguros durante la década del 90. En total, el fiscal Osorio pidió la declaración de unos 50 acusados, entre ellos unos diez ex funcionarios.

De hecho, en otra porción del expediente, la Cámara Federal confirmó en los últimos días los procesamientos de Ignacio Warnes, que ocupó la jefatura de la SSN durante el gobierno de Fernando de la Rúa, del ex funcionario de la SSN Carlos Gallo y de los empresarios de la firma Omega Carlos y Eduardo Fucito. La Sala I del tribunal dispuso, además, el procesamiento de otros diez empresarios.

Canicoba Corral recibió esta semana la resolución del juzgado de instrucción N° 30 en la que se procesó a los empresarios de Sud América Alain Hombreaux, Rogerio Marcondes, Zolfang Guerrero y Esteban Mónaco. De ese fallo, no se desprende que los funcionarios hubieran colaborado en la maniobra. Pero en el juzgado de Canicoba Corral creen que esa investigación servirá para avanzar en la causa contra los funcionarios.

El magistrado investiga por separado las caídas de esas firmas, así como la posible responsabilidad de la SSN, el organismo encargado de controlar las actividades de las compañías aseguradoras.

En general, las operaciones investigadas consistieron en el vaciamiento de empresas aseguradoras por medio de la creación de compañías paralelas del mismo grupo a las que se transfería la cartera de asegurados, pero no los siniestros. La consecuencia fue que los miles de asegurados que tuvieron accidentes quedaron en la firma original sin respaldo alguno.

En el caso en que está involucrado el jefe de la Sigen quedaron pendientes unos 7000 juicios, según la descripción de Osorio.

El fiscal -que también pidió la indagatoria de Gallo y del ex superintendente de seguros Daniel Di Nucci- puntualizó varias operaciones que terminaron con el vaciamiento a las que atribuyó falta de control o colaboración de los funcionarios de la SSN.

Entre ellas, la cesión "gratuita" de la cartera de pólizas a una firma del mismo grupo, la venta de los inmuebles a la empresa paralela, la venta de créditos en apariencia difíciles de cobrar a Sud América de parte de la empresa paralela y el cambio de nombre de la compañía de Sud América.

Ante una consulta de LA NACION, allegados de Moroni respondieron a las acusaciones del fiscal. Dijeron que Sud América no cedió su cartera de pólizas a una empresa paralela, sino que como ambas compañías eran del mismo grupo y se habían especializado en ramas diferentes, ante el vencimiento de las pólizas, el grupo las fue redireccionando, situación a la que sólo podían oponerse los asegurados. Argumentaron que no hay constancia de que la venta de inmuebles haya sido una maniobra y que la SSN no está facultada para impedirla.

Afirmaron que hay dos fallos que avalan el cobro de los créditos cedidos y que eso permitirá pagarles a los asegurados. Y agregaron que el cambio de nombre de la empresa Sud América fue autorizado dos meses después de la salida de Moroni.

Maniobra millonaria

  • Si bien las fuentes consultadas no pudieron establecer la cantidad de damnificados ni el monto del perjuicio originado por el vaciamiento de las compañías de seguros, todas coincidieron en que se trata de una maniobra varias veces millonaria. Ocurre que no todos los asegurados en empresas quebradas denunciaron los hechos ante la Justicia. Uno de los casos que sí llegó a tribunales es el de la damnificada Eva Orozco, representada por el abogado Pablo Jacoby. Ese letrado pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral una serie de medidas de prueba para determinar la responsabilidad de empresarios y funcionarios en la caída de Federación Agraria Cooperativa de Seguros Limitada.
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