Avanza en Diputados la ley que penaliza las empresas por corrupción

Después de mucho trajinar, finalmente ayer el oficialismo dio el primer paso en pos de una ley para castigar a aquellas empresas que cometan delitos de corrupción. Se trata de una norma sobre la que el Gobierno tiene particular expectativa pues, de sancionarse, le permitiría negociar un acuerdo con la empresa Odebrecht para que confiese qué funcionarios del kirchnerismo recibieron coimas a cambio de obras públicas.

La iniciativa obtuvo dictamen ayer del plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General de la Cámara de Diputados. Sólo la avaló el oficialismo; el resto de los bloques presentaron dictámenes en minoría. El debate en el recinto se hará dentro de dos semanas.

Este régimen penal empresario establece duras sanciones para aquellas firmas privadas que cometan delitos contra la administración pública, sanciones que van desde multas hasta la suspensión de sus actividades.Pero lo innovador del proyecto es que incluye la figura del colaborador eficaz, que prevé la posibilidad de que aquellas empresas "arrepentidas" puedan celebrar un acuerdo de cooperación con la Justicia para que, a cambio de información detallada y precisa sobre el delito cometido, cese la acción penal en su contra. Eso sí: deberán pagar una multa reparatoria integral y la restitución de los bienes o ganancias obtenidas de manera mal habida.

¿Qué prevé la iniciativa para casos como el de la empresa Odebrecht, es decir, para delitos cometidos en el pasado? Esta firma brasileña confesó en Estados Unidos que pagó durante el kirchnerismo unos 35 millones de dólares en coimas a funcionarios argentinos.

Como se sabe, ley penal en nuestro país no tiene efecto retroactivo, por lo que este régimen penal empresario, de ser sancionado por el Congreso, no podría aplicarse al caso Odebrecht.

Sin embargo, el gobierno nacional encontró una fórmula legal para hechos delictivos cometidos con anterioridad: para estos casos propone, en el artículo 37 del proyecto de ley, que las empresas puedan voluntariamente acogerse a un "acuerdo administrativo de colaboración eficaz", en el que únicamente intervendrá la Procuración del Tesoro, previa conformidad de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

En buen romance, para casos como el de Odebrecht las empresas podrán acordar con el Gobierno sin pasar por el Ministerio Público Fiscal. La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, genera una enorme desconfianza en el oficialismo por su proximidad con el kirchnerismo.

El dictamen fue celebrado por el oficialismo. "Es un avance, ya que permitirá sancionar a las empresas por delitos de corrupción, al tiempo que prevé acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas que cometieron los delitos", exaltó la Oficina Anticorrupción.

El Frente Renovador, en la voz de la diputada Mónica Litza, indicó que si bien el oficialismo hizo suyos varios cambios pedidos por su bloque, las empresas deberían ser penadas por todos los delitos, no sólo los de corrupción.

Las bancadas de la oposición presentarán sendos dictámenes de minoría. "Esta es una ley que se debería llamar ley Odebrecht porque cesa la persecución penal para los responsables de un acto de corrupción, con lo cual seguirá libre a cambio de información", criticó la diputada Victoria Donda (Libres del Sur).