Avanza en el Senado la nueva ley petrolera
Luego de dos días de debate en un plenario de tres comisiones, y tras escuchar al presidente de YPF, Miguel Galuccio, defender la iniciativa como una herramienta que permitirá atraer inversiones, el kirchnerismo firmó dictamen ayer en el Senado al proyecto de ley de hidrocarburos.
El texto sufrió ligeras modificaciones con relación a la versión remitida por la Casa Rosada, pero los cambios no alcanzarán para sumar apoyos más allá de los tradicionales aliados del oficialismo. Los bloques de la UCR, el FAP-UNEN, el PJ disidente y Pro ya anunciaron que votarán en contra de la iniciativa.
No obstante, en el oficialismo se muestran confiados en que tienen los votos para aprobar el proyecto cuando sea debatido en el recinto, el miércoles próximo. Anoche se sumó al rechazo el neuquino Guillermo Pereyra, por lo que el único voto no propio que podría sumar el oficialismo sería el de la otra representante del MPN, Lucila Crexell, quien todavía no definió qué postura adoptará.
"Ésta no es una ley pensada para YPF, es una ley para la Argentina", afirmó Galuccio para defender el proyecto, que ingresó hace menos de dos semanas a la Cámara alta. Junto con el presidente de la petrolera volvió a asistir al Senado la secretaria de Energía, Mariana Matranga, quien expuso anteayer ante las comisiones junto con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
Galuccio tuvo un paso por demás tranquilo por las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles. De hecho, ningún senador de la oposición le preguntó sobre los pormenores del acuerdo secreto que la petrolera selló con Chevron por la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, cuando ayer varios senadores, sobre todo de la UCR, presionaron a los gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos con ese tema. Voceros radicales confiaron a este diario que hubo una orden de evitar el tema para no enturbiar la buena relación del partido con Galuccio.
El presidente de YPF se movió ayer en el Senado como si fuera un funcionario, tanto que su inconsciente lo traicionó y en varias oportunidades respondió en primera persona, dejando al descubierto que participó en la redacción de la iniciativa, que regulará las actividades en las que participa la petrolera que él dirige.
"Esta ley da herramientas para ser incisivos en la búsqueda de inversiones", dijo Galuccio para despejar las dudas de los senadores de la oposición. Además, destacó como positivo que el proyecto incluya la inversión como requisito para adjudicar una concesión o avanzar en la renegociación de un área en explotación. "Está explicitado que se tiene que presentar un plan de inversión, esto es un cambio con el marco normativo vigente, que lleva a los gobernadores a discutir más por el bono (que recibirán) por la extensión que por el plan de inversión", señaló.
Lo más cerca que estuvo de ser cuestionado el presidente de YPF fueron las críticas de la senadora Magdalena Odarda (FAP-Río Negro) porque el proyecto habilita el método de la fracturación hidráulica (fracking, en inglés), cuestionado por su impacto negativo en el medio ambiente, para la explotación de hidrocarburos no convencionales. El presidente de YPF dijo que no coincidió en su visión y le recordó que "sólo dos países, Bulgaria y Francia, han prohibido" esa práctica. Después se corrigió y sumó a Inglaterra a la lista, aunque acotó que en ese país "ahora están cambiando de idea" sobre el fracking.
Mientras Galuccio defendía el proyecto oficial se confirmaba la renuncia de Juan Carlos Fábrega al Banco Central. Arrastradas por los rumores, las acciones de YPF cayeron 6,7%.
Antes de la llegada de Galuccio y Matranga, expusieron especialistas invitados por los legisladores, entre los que se destacaron los ex secretarios de energía Daniel Montamat y Jorge Lapeña, que criticaron el proyecto por considerar que sólo beneficiará a las empresas petroleras, en detrimento de las provincias, que verán limitados sus ingresos por regalías e impuestos locales.
En este tramo del plenario, Fernando Solanas (FAP-Capital) cargó en duros términos contra el proyecto. "Esta ley es un disparate, se ceden concesiones por 35 años y quieren decidir con un debate exprés el uso de la energía y el petróleo de dos generaciones", se quejó.
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