Avanzan las causas "revancha" del kirchnerismo

Comodoro Py
Comodoro Py Fuente: Archivo
Son impulsadas por exfuncionarios y empresarios que ya fueron investigados
Iván Ruiz
Candela Ini
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5 de enero de 2020  

Mientras en los tribunales federales de Comodoro Py las causas contra exfuncionarios y empresarios cercanos al kirchnerismo avanzaron y llegaron al juicio oral, en otros expedientes esas mismas personas denunciaron a dirigentes vinculados al gobierno de Mauricio Macri. Una especie de "contraataque" o " revancha" judicial, que llegó de la mano de los cambios en la conducción principal de la política.

Esos expedientes, casi todos en una primera etapa de instrucción, avanzaron en los últimos meses y ya se convirtieron en un dolor de cabeza para los salientes funcionarios, que involucran desde el expresidente hasta ministros y funcionarios de segunda línea.

Cristóbal López, que pasó dos años detenido por una multimillonaria deuda con la AFIP, fue uno de los primeros en activar la "revancha" en Comodoro Py. El empresario y su socio Fabián de Sousa denunciaron a Macri y a un grupo de exfuncionarios por haberlos "apretado" para obligarlos a vender el Grupo Indalo a distintos empresarios que serían -según la denuncia- cercanos al gobierno saliente.

López y De Sousa siempre se consideraron víctimas de una persecución judicial, mediática y política, tal como lo señalaron en todas sus declaraciones ante la Justicia. En esa causa ya fueron imputados Macri y hombres de su confianza, como José Torello, Nicolás "Nicky" Caputo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, Mario Quintana, el exministro de Energía Javier Iguacel, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, así como los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova.

La jueza María Servini tomó en los últimas semanas una decena de declaraciones testimoniales. Los primeros que se acercaron hasta Comodoro Py fueron personas del entorno de los empresarios que, según supo este medio, ratificaron las presiones denunciadas. La jueza continuará en febrero con las testimoniales de funcionarios de la AFIP, así como a exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.

Pero el principal "contraataque" judicial se activó fuera de Comodoro Py. En el caso D'Alessio, tramitado en los tribunales de Dolores, se investigan vínculos y una serie de extorsiones por parte de funcionarios judiciales y espías. El principal acusado en ese expediente es el falso abogado Marcelo D'Alessio, pero también el fiscal federal Carlos Stornelli -que investigó la causa de los cuadernos-.

El juez Alejo Ramos Padilla aceptó como querellante en ese expediente a exfuncionarios kirchneristas que están procesados en distintos casos de corrupción que se tramitan en Comodoro Py, como Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.

Otra de las causas que mantienen en alerta a exfuncionarios del macrismo es impulsada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado reactivó en los últimos meses una causa iniciada en 2017 por una denuncia para investigar si dentro de la AFI se habían ejecutado maniobras de espionaje ilegal, y que en los últimos años no había tenido movimientos,

Canicoba Corral activó medidas de prueba para determinar si los organismos de control del gobierno de Macri, como la AFIP y la UIF, accedieron a información sobre jueces federales, gobernadores y políticos. Pero Canicoba Corral incluyó su nombre en el listado de consultas, con el fin de identificar quiénes accedieron a sus datos migratorios.

El sindicalista Omar "Caballo" Suárez, detenido durante casi cuatro años por la supuesta extorsión a empresarios, es otro de los dirigentes que volvieron a la carga en los tribunales.

El exlíder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) denunció al exministro Jorge Triaca y a la interventora del Poder Ejecutivo en el gremio, la senadora Gladys González, por administración fraudulenta y defraudación durante la intervención del SOMU.

El juez Luis Rodríguez le tomó declaración testimonial a mitad de año a Sandra Heredia, la exempleada de Triaca que lo denunció por maltrato, que ratificó ante el magistrado la hipótesis del denunciante sobre el vaciamiento del SOMU, informaron fuentes judiciales.

Antes de la feria judicial, Rodríguez ordenó al Ministerio de Trabajo brindar detalles sobre cómo había sido el proceso de intervención en el SOMU y también requirió las cuentas bancarias del sindicato y la obra social al Banco Nación para revisar los movimientos durante la intervención. Es parte de un cambio de tendencia judicial más expandido.

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