Bajo cumplimiento del registro de audiencias: Alberto Fernández todavía no las informó

A dos meses de la asunción del nuevo gobierno, hay un bajo cumplimiento de los funcionarios en su obligación de transparentar las reuniones que mantienen en ejercicio de su función y que suelen asociarse al lobby. En el registro de audiencias, que es de acceso público y que todos los dirigentes dependientes del Poder Ejecutivo deben completar, solo seis de los 21 ministros dejaron asentadas sus reuniones. El presidente Alberto Fernández todavía no publicó ninguna información.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cargó 34 encuentros en la plataforma del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses que publica la Secretaría de Asuntos Políticos y es el funcionario que encabeza la lista.

En segundo lugar está la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con 25. El ministro de Transporte, Mario Meoni, publicó 14; el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, dio a conocer 12 encuentros; el ministro de Economía, Martín Guzmán, publicó cinco, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, cuatro.

La obligación de hacer públicas las reuniones que los funcionarios mantienen con empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos o sociales, y de dejar asentados los motivos del encuentro, está contemplada en el decreto 1172, que firmó el expresidente Néstor Kirchner en 2003, que, entre otras disposiciones, fue un primer paso hacia la regulación del lobby. El texto establece, en su artículo 3, que las audiencias constituyen "una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión".

Además de reuniones de presentación formal propias de los primeros días de un gobierno -con embajadores, por ejemplo-, en el registro figuran encuentros con figuras de afuera de la gestión pública. Cafiero, por ejemplo, publicó encuentros con el supermercadista Alfredo Coto y con el representante de la petrolera estadounidense Exxon Mobil. También se reunió con el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, y con Susana Trimarco.

Guzmán registró una audiencia con Trevor Alleyne, representante del FMI, que tuvo lugar el 20 de diciembre. También registró reuniones con los gobernadores de Neuquén, Chubut, Santa Fe y La Rioja.

En los registros también figura la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, con nueve registros. Entre ellos están Víctor Fera, fundador de Maxiconsumo y dueño de Marolio; un "estrategista financiero" de nombre José Barrionuevo; y la consultora Kezia McKeague, con quien habló de las futuras visitas empresariales norteamericanas.

La poca cantidad de funcionarios que cumplieron con la normativa -aunque de una manera limitada teniendo en cuenta que las reuniones son permanentes- responde, según dicen en el Gobierno, a que todavía se están acomodando en sus nuevos puestos y que la situación debería normalizarse con el tiempo. En el gobierno anterior, que al 10 de diciembre registraba 699 audiencias solo del expresidente Mauricio Macri, por ejemplo, también había demoras en la carga de la información.

La obligación de transparentar las reuniones privadas alcanza solo al ámbito del Poder Ejecutivo. La administración de Cambiemos había presentado un proyecto de ley para regular la gestión de intereses con el objetivo de que el registro de audiencias alcance a los tres poderes del Estado.

Impulsada por la entonces Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que condujo Marina Carbajal bajo la órbita del exministro del Interior, Rogelio Frigerio, la iniciativa planteaba, por ejemplo, la obligación de que todos los legisladores dejen asentadas por escrito toda las reuniones que mantengan durante su mandato. El proyecto ingresó al Congreso por Diputados y nunca se trató.

Los intentos durante el macrismo no fueron los primeros, sin embargo. Hacia el final de la segunda presidencia de Carlos Menem el Gobierno había propuesto enviar un proyecto de ley para blanquear la presión del sector privado en favor de sus intereses.

El poder del lobby había quedado expuesto en el escándalo que se desató durante el debate de la ley de patentes en 1996, impulsado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y que despertó un fuerte rechazo de laboratorios extranjeros. Ese intento posterior de regular el lobby también quedó en el olvido.