Bases para saldar una deuda histórica
La informalidad urbana ha sido y continúa siendo la manifestación territorial más cruda de la desigualdad en la Argentina. Décadas de una economía estructuralmente volátil, crisis recurrentes, falta de planificación y de absoluta incapacidad tanto del Estado como del mercado para generar una oferta de suelo asequible, entre otros factores, han expulsado a cientos de miles de familias de nuestras ciudades formales, vulnerando los derechos de millones.
En Agosto de 2016 el Estado Nacional a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Anses, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como la ONG Techo, organizaciones sociales representadas por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, y la Iglesia a través de Caritas, puso en marcha el primer relevamiento nacional de barrios populares en la historia del país, un esfuerzo inédito con el objetivo de dimensionar la problemática de la informalidad urbana en la Argentina.
El relevamiento permitió conocer por primera vez, con datos oficiales, fehacientes y exhaustivos, que existían en la Argentina al 31 de diciembre de 2016 4.416 villas y asentamientos, en los que 935.000 familias (unas 4 millones de personas) viven sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo que habitan.
Más de la mitad de los barrios existían antes de la década del 2000, y casi un cuarto surgió en ese decenio marcado por una de las crisis más profundas de nuestra historia.
Más preocupante aún: el 40% de los habitantes de los barrios populares tiene menos de 15 años de edad, y casi el 70% menos de 29, haciendo de la problemática de la informalidad una tragedia en términos del desarrollo de la niñez y la adolescencia en el país.
Dimensionar la problemática fue el primer paso para comenzar a construir una política pública consistente y sostenible que permita mejorar las condiciones de vida de los millones que habitan en los barrios populares. A través de los años, y a pesar de precedentes relevantes en materia de políticas de vivienda y hábitat, la población de villas y asentamientos fue relegada a intervenciones limitadas, generales y fragmentadas que no lograron dar respuestas específicas a sus necesidades.
Al relevamiento le siguió la creación mediante el decreto presidencial 358/17 del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Este y otros hitos fueron fundamentales para que desde fines de ese año se comenzara a trabajar en un proyecto de ley para la integración socio urbana de los barrios populares, proceso que lideró el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con distintas áreas del Ejecutivo Nacional, referentes de todas las fuerzas políticas y el involucramiento pleno de la sociedad civil.
Así, en octubre de 2018 fue sancionada la Ley 27.453 con apoyo unánime en ambas cámaras del legislativo nacional. La norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el registro, suspendió los desalojos en los barrios por un período de cuatro años, y habilitó la creación de un régimen especial de regularización dominial. Además, sentó las bases para el lanzamiento de un programa para la integración socio urbana de los barrios y de un fideicomiso para su financiamiento.
La reciente reglamentación de la Ley, la formalización del Programa de Integración Socio Urbana (PISU) y el lanzamiento del fideicomiso permitirá la ejecución efectiva de proyectos desde 2020, en un marco de estrecha colaboración entre el ejecutivo nacional, las provincias y los municipios de todo el país.
Desde marzo de 2018 cuando asumí como Secretario de Integración Socio Urbana en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tuve el honor y la responsabilidad de aportar a la construcción de este proceso histórico, que comenzó tiempo antes de mi llegada al gobierno y que confío continuará por décadas. Porque lo hicimos de la única manera en que se desarrollan los procesos profundos y sostenibles; a través del diálogo, sin especulaciones de ningún tipo, con todos, con profesionalismo.
Ese es acaso el mayor valor que deja esta experiencia, que encontró en una misma mesa y trabajando de igual a igual a sectores de la sociedad que muchos se empeñan por presentar como antagónicos.
Apostando a la grieta, al oportunismo, a la agresión y el aislamiento, perdemos todos. Alguno podrá pensar que es lo que pide la política, máxime en tiempos de elecciones, pero sin entender que lo que se destruye es la posibilidad de construir las políticas públicas necesarias para mejorar la vida de los millones de hermanas y hermanos que más nos necesitan.
Únicamente desde el corazón, con vocación profunda por construir con el otro, es que podremos encarnar la cultura del encuentro que tanto necesita la Argentina. La búsqueda de consensos no implica en modo alguno minimizar los conflictos y disputas de poder inherentes a los procesos de construcción política. Existen y hay que atravesarlos con madurez. Pero siempre poniendo a los más vulnerables por delante: la política deshumanizada no es política.
En el marco de la transición dada por el cambio de gobierno auguramos a nuestros sucesores el mayor de los éxitos, que será el éxito de la sociedad toda. Además, compartimos con espíritu franco los avances logrados, las lecciones aprendidas, los errores, lo que faltó hacer, y los lineamientos para la consolidación de la integración socio urbana como verdadera política de Estado en el país.
Desde el lugar que nos toque ocupar, el compromiso por una Argentina para todos, en paz y de diálogo, permanecerá intacto.
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El autor es Secretario de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Social
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