Berni le propuso un plan antidrogas a Lorenzetti y agitó las pujas internas

El funcionario impulsa reformas procesales para agilizar allanamientos; Alak quiere darles más poder a los fiscales
Mariano Obarrio
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9 de marzo de 2014  

Los funcionarios de Cristina Kirchner comenzaron a discutir un plan de lucha contra el narcotráfico que despertó peleas internas. El secretario de Seguridad, Sergio Berni , le presentó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, una lista de propuestas para debatir con los poderes Legislativo y Judicial. El hilo conductor es la reforma procesal penal para agilizar los allanamientos y la investigación de los jueces en las causas por drogas.

Según pudo saber LA NACION, Berni no lo consultó con el ministro de Justicia, Julio Alak , que prefiere una reforma del Código Procesal Penal de la Nación para darles todo el poder a los fiscales en la recolección de pruebas y reemplazar a los jueces en la investigación de delitos.

"Berni no sabe de temas procesales y debe encargarse de las fuerzas de seguridad. Esa reforma procesal está en estudio desde 2007 en el Congreso y Alak la impulsa", aseguraron a LA NACION en la Casa Rosada.

También aseguraron que Berni tampoco conversó con la Presidenta sobre este proyecto ni con el "ala progre" que expresa la agrupación La Cámpora, de Máximo Kirchner.

El secretario de Seguridad, en cambio, acordó hace dos semanas con Lorenzetti, en el despacho del titular de la Corte, que conformarían un espacio de diálogo con legisladores y jueces. El primer consultado será el ministro Eugenio Zaffaroni, más afín a las ideas de Cristina Kirchner, de Carlos Zannini, La Cámpora y Alak, que a las de Berni.

Según borradores que circularon en la Casa Rosada, las propuestas de Berni se podían resumir así:

  • Reformar el Código Procesal Penal de la Nación para que los jueces puedan allanar búnkeres de venta de drogas apenas tengan un dato de sus informantes, y no estén obligados a reunir pruebas que tardan meses, en los que las cuevas desaparecen. Berni recomienda no reformar el Código Penal, sino cumplirlo. Ambos puntos contradicen la línea ideológica del Gobierno. Berni es resistido por el ala más garantista.
  • Sin embargo, juristas entendidos aseguran que no existen hoy dificultades reales para que los jueces dispongan allanamientos, como cualquier otra medida en la instrucción del sumario que pueda conducir al esclarecimiento del delito que se investiga. Si no lo hacen, dicen, es por falta de voluntad o de coraje.

    El artículo 224 del Código Procesal habilita a los jueces a ordenar allanamientos "si hubiere motivo para presumir" del delito.

  • Berni promueve dotar a los juzgados de más recursos humanos. Un juez federal que investiga causas de drogas también tiene otros casos. Quiere, así, crear en cada juzgado una secretaría para narcotráfico, coordinada por un órgano central de la Corte Suprema. El Juzgado Federal de Orán, observó, tiene 16 empleados para 22.000 causas de drogas.
  • Estudiar la despenalización del consumo y la legalización del comercio de drogas para quitarle rentabilidad al negocio, bajo el pretexto de que es imposible ganarles la batalla a los narcos. Esto enfrentaría a Cristina con los Estados Unidos y con la Iglesia, que se oponen.
  • Rechazar cualquier intervención militar más allá de la operación de los radares del Escudo Norte. En ello, la Presidenta está de acuerdo.
  • Estudiar la legalización del ingreso de hoja de coca o penalizar el coqueo. Hoy el coqueo es legal, pero el contrabando es ilegal. Eso alienta el contrabando de la hoja. Nunca se discutió este punto.
  • Incrementar la cooperación internacional con todas las policías y organismos de inteligencias extranjeros, incluso la DEA de los Estados Unidos e Interpol. La Presidenta lo habilitó recientemente.
  • El avance del narcotráfico escaló al tope de la agenda oficial desde que Cristina Kirchner se acercó al papa Francisco y la Iglesia condenó la insuficiente acción contra los narcos. Además, también Lorenzetti había planteado esa preocupación y lo volvió a hacer tras reunirse con Berni.

    En la Casa Rosada informaron a LA NACION que Alak promueve otra reforma al Código Procesal Penal. Propone que los fiscales acumulen la prueba y acusen ante un tribunal oral. Los fiscales tendrían más preponderancia o reemplazarían a los jueces, que hoy pueden igual delegar esa facultad en el fiscal. El ministro asegura que el actual sistema es lento y favorece la impunidad.

    Algunos advierten que la preponderancia de los fiscales supone un control político: ellos dependen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que responde a la Presidenta y que desplazó al fiscal José María Campagnoli por investigar el caso Lázaro Báez.

    En cualquier caso, Berni y Alak coinciden en un hilo conductor: el instrumento sería la reforma procesal penal y el desplazamiento de los jueces por los fiscales. O bien despenalización del consumo de drogas y la legalización del comercio.

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