Berni pule su plan antisaqueos y corta vacaciones a policías

El gobierno de Cristina Kirchner pule un plan antisaqueos. Como primera medida, decidió suspender las vacaciones durante todo el mes de diciembre para el personal operativo de todas las fuerzas de seguridad para prevenir desbordes sociales, saqueos o rebeliones de fuerzas policiales, que podrían ocurrir según la información que maneja el Ministerio de Seguridad.

En segundo término, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se reunió anteayer con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y con todos los fiscales. El objetivo era preparar el operativo de despliegue rápido de las fuerzas y las denuncias inmediatas de esos fiscales a punteros o agitadores que sean identificados en los disturbios.

Durante esta semana, Berni se reunirá con todos los jueces federales del país, para organizar toda la acción inmediata de los juzgados, según pudo saber la nacion de fuentes de la Casa Rosada.

"Hay mal clima social, los planes sociales no alcanzan y la inflación hace estragos en los salarios, y por eso en diciembre estamos todos en apresto", confió a la nacion una fuente de esas fuerzas.

En la Casa Rosada admitieron el temor de la Presidenta a un estallido social. Pero señalaron que las vacaciones se suspendieron sólo para el personal operativo de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, es decir, los afectados al control de la calle, como escuadrones antidisturbios. Pero no se interrumpieron para los efectivos de otras áreas, como robos, asuntos internos, hurtos, drogas u homicidios.

En una fuerza de seguridad contrapusieron a la nacion que las vacaciones se suspendieron para todos, menos para el personal civil, sin estado policial.

Cerca de Cristina Kirchner relativizaron la crisis social y culparon a punteros y sindicalistas. "Hay información de que puede haber violencia social. Pero no porque la gente está descontenta o por la pobreza, sino porque hay más de 100 punteros barriales agitadores y los tenemos bien identificados", dijo un funcionario de Balcarce 50.

La Presidenta y Berni buscan sofocar el fantasma de diciembre de 2013 cuando la rebelión policial en Córdoba se propagó a varias provincias e incluyó saqueos a supermercados y comercios.

En la reciente rebelión policial de Caleta Olivia, en Santa Cruz, el Gobierno denunció a los rebeldes por el delito de sedición.

Según confiaron allegados a Berni, los punteros y agitadores serían denunciados por los delitos de robo en poblado y en banda y asociación ilícita, previstos en los artículos 167 y 210 del Código Penal, respectivamente. Esos delitos prevén penas de entre 3 y 10 años de prisión y no son excarcelables.

"Los tenemos a todos apuntados: al primero que delinca lo detenemos y denunciamos. Todavía quedan detenidos y presos de 2013", aseguró un funcionario oficial.

La cartera de Seguridad monitorea a punteros y agitadores en la zona norte, centro y sur del conurbano y algunas zonas de Capital Federal. "Son más de 100 punteros quilomberos que siempre actúan en diciembre", dicen en Balcarce 50.

Agregan que Berni los conoce personalmente, desde que era mano derecha de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

La preocupación oficial radica en que los planes sociales no alcanzan, los comedores comunitarios son cada vez menos, y los propios líderes barriales oficialistas se involucran con el narcotráfico porque no basta con el dinero de la política.

"Les temen a sus propios punteros", dicen oficiales de seguridad.

El seguimiento de éstos debe ser cuidadoso para no avanzar sobre las leyes de inteligencia, seguridad interior y protección de datos personales. "Con los fiscales, Berni preparó mecanismos de acción rápida de las fuerzas ante posibles disturbios", dijo un funcionario.

Un allegado a Berni admitió a la nacion que "aplicará el Código Penal apenas saquen un pie del plato". Eso será acordado con los jueces esta semana.

Otra denuncia contra Boudou

El vicepresidente Amado Boudou sumó otra imputación en su contra. El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una investigación en su contra por el supuesto reparto de dinero en su despacho del Senado a militantes kirchneristas. La causa se inició por una denuncia del dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, quien indicó a la Justicia que en el velatorio de Antonio Cafiero, "amigos" le dijeron que a diario le depositan unos 100 mil pesos "que lo reparten a su antojo".