Bloquean datos sobre Ciccone

Algunos organismos públicos responden con evasivas. O sólo abordan una pregunta entre muchas. O replican que no pueden informar. O que el interesado carece de "interés legítimo" para acceder a los datos que pide. O hasta afirman que el curioso, aunque sea un legislador nacional, cayó en la trampa de jugar para "intereses" de "grupos económicos" difusos. O, directamente, ni responden.

El Gobierno cerró así filas alrededor del vicepresidente Amado Boudou: durante los últimos cinco meses rechazó entregar datos sensibles vinculados al caso Ciccone, según surge de los pedidos de acceso a la información pública presentados en 11 áreas distintas del Poder Ejecutivo Nacional por senadores y diputados nacionales y por este cronista de La Nacion.

Las magras o nulas respuestas abarcan desde la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Economía, Interior y Justicia hasta los bancos Central (BCRA) y Nación (BNA). También, la Secretaría de Comercio Interior, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Pero las reacciones más notables las aportaron la Casa de Moneda y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Firmada por su presidenta, Katya Daura, una funcionaria de extrema confianza de Boudou, la Casa de Moneda respondió al presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, que no debería presentar consultas basado en supuestas revelaciones periodísticas.

"Como usted sabe -le enseñó Daura-, muchos medios de prensa, más [sic] que hacer honor y desempeñar la profesión en forma objetiva, parecen ser órganos de difusión de grupos económicos que responden a sus propios intereses, muchas veces lejanos a la búsqueda de la verdad que debe marcar el Norte de su profesión."

Daura le aportó luego ciertos datos solicitados y calló otros por razones, argumentó, de "seguridad nacional". Y al despedirse, le propinó otra reprimenda a Gil Lavedra. Le envió sus saludos, "esperando que esta respuesta colabore a revertir los preocupantes niveles de opacidad o direccionamiento político que caracterizan algunas consultas en ejercicio del derecho de acceso a la información pública".

Regulado por el decreto 1172/2003 que firmó el entonces presidente Néstor Kirchner, el régimen de acceso a la información pública existente bajo la órbita del Ejecutivo pronto halló sus primeros escollos y zonas discrecionales. Por eso, organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y Poder Ciudadano, entre otras, lanzaron una campaña en 2010 para que se sancione una ley más certera y amplia.

Dos años después, el reclamo sigue abierto, mientras que los filtros oficiales se intensificaron. Al punto que la Inspección General de Justicia (IGJ) modificó incluso sus procedimientos y prácticas tradicionales para exigir, ante otra consulta de Gil Lavedra, que quien pida datos sobre una sociedad comercial debe demostrar su "interés legítimo" para acceder a esos datos. La misma respuesta que cosechó LA NACION cuando pidió el legajo de The Old Fund -la controlante de la ex Ciccone- y terminó por descubrir el "extravío" (o robo) de ese legajo (de lo que se informa por separado).

Gil Lavedra, la diputada por Udeso Graciela Ocaña y su par por la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay también cosecharon rechazos del Banco Central. El vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce, les respondió que el BCRA no tenía vínculo directo con la ex Ciccone. Pero la entidad sí aludió a la firma que preside Alejandro Vandenbroele en el contrato que rubricó con la Casa de Moneda, tal como reveló LA NACION el 3 de junio pasado.

Al titular del bloque de senadores radicales, Luis Naidenoff, no le fue mejor en sus intentos con la Jefatura de Gabinete, la AFIP y los ministerios de Justicia y del Interior. Un colaborador de Juan Manuel Abal Medina le respondió que debía consultar a las áreas específicas, los ministerios no le respondieron y el subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, Guillermo Michel, invocó el "secreto fiscal" para callar.

Abal Medina también recibió consultas -aunque no por el decreto 1172/02- de los también senadores Laura Montero y Ernesto Sanz. Y aunque sólo contestó de manera completa un tercio de sus preguntas, Montero al menos obtuvo así el contrato que firmó la Casa de Moneda con Vandenbroele.

La AFIP volvió a aludir al "secreto fiscal" ante otra consulta de Gil Lavedra, el legislador que más recurrió por el "caso Ciccone" a los pedidos de acceso a la información pública.

Michel le replicó que no podía siquiera informarle si la ex Ciccone se había acogido a una moratoria. Curioso: al día siguiente, su jefe máximo, Ricardo Echegaray, detalló el plan de pagos excepcional otorgado a la ex Ciccone e informó en conferencia de prensa sobre otras empresas que pidieron moratorias, con lo que obvió el escollo del "secreto fiscal".

Otros funcionarios fueron más tajantes. La Secretaría de Comercio Interior, que lidera Guillermo Moreno, y el Banco Nación no le contestaron a Gil Lavedra. Y otras, como la Comisión Nacional de Comunicaciones y el Banco Central -ante otra consulta de LA NACION-, siguen sin responder, transcurridos más de 60 días desde que se presentaron las consultas. El plazo para responder es de 10 días, prorrogable por 10 más.

Sin respuestas que compliquen al vicepresidente

Amado Boudou es investigado por su participación en el resurgimiento de la imprenta Ciccone Calcográfica. Diversos organismos del Estado ahora retacean información pública que pueda complicar al vicepresidente.

• Administración de Ingresos Públicos
  
  La AFIP se escudó en el "secreto fiscal" ante la consulta de diputados y senadores radicales que querían saber datos sobre la ex Ciccone y sus actuales dueños. Un funcionario del ente recaudador replicó que no podía siquiera informarle si la empresa se había acogido a una moratoria. Fue un día antes de que el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, hablara en público sobre ésa y otras moratorias especiales.

• Inspección General de Justicia (IGJ)
  
  El organismo dependiente del Ministerio de Justicia cambió sus procedimientos y prácticas tradicionales para exigir ante cualquier consulta sobre sociedades comerciales que quien solicite la información debe demostrar su "interés legítimo" para acceder a esos datos. Lo hizo después de que LA NACION publicara que se había perdido el expediente de The Old Fund, la controlante de la ex Ciccone.

• Jefatura de Gabinete
  
  El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se negó a responder pedidos de información de diputados y senadores de la oposición relacionados con el caso Ciccone y con el vicepresidente Amado Boudou. Sugirió consultar a otras áreas, que tampoco brindaron los datos requeridos. Ante el Congreso, sí respondió una parte de las consultas escritas que le enviaron los legisladores.

• Banco Central y Banco Nación
  
  El vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce, les respondió a un grupo de diputados opositores que el BCRA no tenía ningún vínculo directo con la imprenta del escándalo. Sin embargo, el mismo banco había mencionado a la empresa que preside Vandenbroele en el contrato que rubricó con la Casa de Moneda para la provisión de billetes. El Banco Nación se negó a responder pedidos de informes.

• Secretaría de Comercio Interior
  
  La dependencia que maneja Guillermo Moreno intervino para lograr que Boldt devolviera la planta de Ciccone -en la que operaba con permiso judicial-. Desde entonces los nuevos dueños de la imprenta, ligados a Boudou, retomaron el control del predio. El diputado radical Ricardo Gil Lavedra consultó cómo fue el trámite administrativo para tomar esa decisión y jamás respondió.