Bloquean una designación de Nicolás Caputo

La sesión de ayer de la Cámara de Diputados tuvo ayer un final abrupto cuando el oficialismo intentó aprobar un proyecto que autoriza al empresario Nicolás Caputo , el mejor amigo del presidente Mauricio Macri , a desempeñarse como cónsul honorario de Singapur en nuestro país. El kirchnerismo objetó la designación y se retiró, por lo que la sesión quedó sin quorum y el proyecto no pudo aprobarse.

Transcurría la madrugada de ayer cuando el oficialismo, en la voz de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cornelia Schmidt-Liermann, propuso el tratamiento del proyecto, que incluía, además de la de Caputo, las designaciones de otros 31 ciudadanos argentinos propuestos por distintos gobiernos extranjeros para desempeñarse como cónsules y vicecónsules honorarios en el país.

De inmediato, el diputado kirchnerista Guillermo Carmona planteó sus reparos y reclamó discutir la autorización de Caputo en un proyecto por separado. "Estamos dispuestos a aprobar los 31 representantes designados, pero no el de Nicky Caputo. No podemos darle estas ventajas al amigo de la vida del Presidente", se quejó. Carmona indicó a LA NACION que presentará un pedido de informes al Poder Ejecutivo para indagar si Caputo cumple sus funciones como cónsul honorario de Singapur pese a no contar con la autorización correspondiente del Congreso.

"Esto huele a negocios. Estamos frente a un potencial conflicto de intereses y de tráfico de influencias. Caputo es muy allegado al Presidente y, sin dudas, Singapur contará con mayores ventajas que otras naciones con representación en nuestro país", planteó. Y citó la Convención de Viena de 1967, que establece los privilegios e inmunidades que tienen los cónsules, y destacó, en ese sentido, que entre esas inmunidades y prerrogativas se les otorgan llamativas concesiones que consideró "un privilegio judicial" y otras cuestiones que consideró "irrazonable que sean otorgadas al hermano de la vida del Presidente".

La Convención establece, por ejemplo, que cuando se instruya un procedimiento penal contra un funcionario consular honorario, este debe comparecer ante la Justicia, pero las diligencias deben practicarse "con la deferencia debida a ese funcionario por razón de su carácter oficial, de manera que se perturbe lo menos posible el ejercicio de las funciones consulares".