Boudou acusó al estudio de los Righi

El vicepresidente Amado Boudou transformó ayer sus sorprendentes acusaciones de la semana pasada sobre el caso Ciccone en una denuncia formal: pidió que la Justicia investigara al estudio fundado por el procurador general, Esteban Righi, por un aparente tráfico de influencias, y al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, por un supuesto ofrecimiento de dinero para que favoreciera a la firma Boldt.

Los argumentos son casi idénticos a los que expuso en su discurso del jueves pasado, pero ahora Boudou identificó con nombre y apellido a "las funcionarias" del estudio jurídico que fueron a verlo para ofrecerle "aceitar las relaciones con los jueces". Según él, una fue la mujer del ministro porteño Guillermo Montenegro, María José Labat; la otra, la de Righi, Ana García. "Nada menos que las esposas de dos importantes y reconocidas autoridades públicas", afirmó Boudou. No nombró a sus maridos, pero dijo que ellas son del estudio "García, Labat, Musso y Righi", firma de la que además es socio Federico Righi, hijo del procurador.

LA NACION intentó ayer, sin éxito, comunicarse con Righi y con Montenegro. El procurador llegó ayer de Estados Unidos y en su oficina dijeron que no haría declaraciones. La Presidenta tampoco habló sobre las acusaciones de Boudou, y el futuro del jefe de los fiscales es incierto.

En paralelo, el kirchnerismo denunció al juez federal Daniel Rafecas, el magistrado que ordenó allanar un departamento de Boudou por el caso Ciccone, ante el Consejo de la Magistratura.

La acusación fue presentada por el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Hernán Ordiales, y ayer, antes de que el caso tuviera siquiera un consejero responsable de su instrucción, declaró el primer testigo contra el juez (ver aparte).

Tanto la denuncia del kirchnerismo ante el Consejo como la presentación de Boudou en Tribunales tienen como base las acusaciones del vicepresidente de la semana pasada, que ahora tomaron carácter formal.

En lo que respecta al estudio fundado por el procurador, Boudou sostuvo en su denuncia que García, Labat y el socio de ambas, Fabián Musso, lo visitaron dos veces. La primera, el 3 de julio de 2009, cuando él estaba al frente de la Anses. Entonces, los abogados le contaron que ellos tenían "buen lobby, influencia y contactos en la mayoría de los juzgados y fiscalías federales", según el vicepresidente; la segunda, el 20 de mayo de 2010, cuando él era ministro. "Se me reiteró el ofrecimiento de sus servicios -relató- para ser contratados en atención a que sólo contando con la capacidad de lobby que ellos poseían lograría cerrar aquellas causas aún en trámite."

El asunto del estudio de la familia de Righi es el primer hecho que denuncia Boudou. El "hecho 2" es el supuesto ofrecimiento de dinero, durante reuniones celebradas en marzo de 2011, de Gabbi. Según el vicepresidente, el titular de la Bolsa le dijo que pusiera "un número" y ayudara a la gente de Boldt a concretar sus negocios, porque, si no, ellos lo iban a "destruir".

Si las reuniones fueron hace años y Boudou, como funcionario, estaba obligado a denunciar los delitos de los que tenía conocimiento, ¿por qué no hizo público todo esto antes?

Nueva perspectiva

El vicepresidente dijo en su presentación que por las "singulares características" de los hechos, los había desdeñado "ante la carencia de seriedad y/o entidad que aparentaban poseer por aquel tiempo", pero alegó que luego, "a la vista de las actuales circunstancias que rodean al denominado caso ?Ciccone-Boldt", decidió informarlo "advirtiendo ahora que por su entidad y gravedad resultan circunstancias que deben ser puestas en conocimiento de la Justicia".

Sobre el estudio Righi, dijo además que después de la última reunión se había quedado con la sensación de que los abogados le intentaban "vender humo". Pero ayer afirmó que ahora les da "otra entidad" a la vista de los sucesos del caso Ciccone; que él refiere en todas sus menciones como "Ciccone-Boldt". En cuanto a Gabbi, sostuvo que "no había advertido" al principio que se trataba "del ofrecimiento concreto de un pago indebido".

La denuncia, de seis páginas, lleva la firma del vicepresidente y fue presentada ayer a las 8.10 por su abogado, Eduardo Durañona, en los tribunales de Comodoro Py. Relata hechos pero no dice contra quiénes debe dirigirse la investigación.

Por sorteo, les tocó al juez federal Ariel Lijo y al fiscal Jorge Di Lello, que ahora deberán decidir si impulsa una investigación contra la mujer del procurador, que es su jefe. Lijo y Di Lello también tienen a su cargo la denuncia contra Boudou por enriquecimiento ilícito, una causa que se tramita en paralelo con el caso Ciccone y que todavía está en su etapa inicial. En ese expediente, Lijo le enviará en las próximas horas la denuncia a Di Lello para que el fiscal determine si cree que hay elementos para avanzar, informaron fuentes judiciales.

En su denuncia de ayer, Boudou solicita que se investiguen los hechos que relata y que se "persiga a sus responsables". Además, pide que el juez lo cite para ratificar su presentación. Fuentes del caso informaron que, de acuerdo con el artículo 250 del Código Procesal, Lijo le dará la opción al vicepresidente de que declare por escrito o que lo haga "en su residencia oficial".

Hace menos de un mes, Boudou había presentado otra denuncia en Comodoro Py; entonces, por un supuesto hackeo a sus mails. Ese caso le tocó, por sorteo, a Rafecas y el vicepresidente fue en persona a los tribunales. Ese día, el juez y Boudou se vieron cara a cara. Todavía podían cruzar un saludo cordial.