Boudou fue a Tribunales y se defendió en el caso de dádivas

Amado Boudou volvió ayer, cinco días después de haber dejado la vicepresidencia, a los tribunales de Comodoro Py para una nueva indagatoria.

Declaró como acusado de haber viajado a Necochea en un avión privado, por el que nadie pagó, para asistir a un acto. También, por un traslado en helicóptero de seis minutos, ese mismo día, dentro de Necochea con el entonces intendente Horacio Tellechea. El delito por el que está imputado consiste en haber recibido "dádivas".

Boudou, que desde la semana pasada tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, se presentó en los tribunales de Comodoro Py cerca de las 9, acompañado sólo por su abogado, Eduardo Durañona. Llegó sonriente hasta el tercer piso de los tribunales de Retiro. Allí lo esperaban el juez Norberto Oyarbide -que un rato después le anunció a su equipo que se jubila- y el fiscal Carlos Rívolo. Ante ellos declaró.

Boudou dijo que la decisión "político-institucional" de hacer el viaje había sido suya, pero que los traslados eran parte de "instancias operativas" de las que él no se encargaba.

Además, presentó un escrito de 20 páginas con un pedido de sobreseimiento. "Yo no conocí ni pude conocer ni imaginar que quienes me trasladaban eran «empresas» particulares que de algún modo podrían estar interesadas en hacerme «obsequios» en virtud de mi cargo", sostuvo Boudou en su escrito.

En cuanto al viaje en helicóptero, hizo responsable a la gente del intendente Tellechea. Según Boudou, ese traslado estaba previsto que se hiciera en móviles que había alquilado la división custodia, pero la policía fue informada por "las personas que acompañaban al intendente de Necochea" del cambio de planes.

Rívolo había pedido dos veces la indagatoria de Boudou que se concretó ayer. En 2014, al juez Luis Rodríguez, el primero que tuvo el expediente, y el mes pasado, a Oyarbide, que recibió el caso de Rodríguez por compensación.

En su escrito de ayer, Boudou se quejó de esto. Dijo que había en Rívolo una "ausencia de objetividad" y que estaba "probando suerte con el nuevo juez, pero sin nuevos fundamentos".

Los vuelos por los que fue indagado fueron el 17 de diciembre de 2011, una semana después de su asunción como vicepresidente.

El piloto del helicóptero que trasladó a Boudou, Marcelo Juan Scaramellini, ratificó en la causa que nadie había pagado por el vuelo. Contó que "fue una gauchada" que le pidió Tellechea. Scaramellini era además director de la firma Ecodyma, una empresa constructora que, según advirtió Rívolo, tiene como actividad principal desde hace años la realización de "obras públicas y privadas".

El vuelo Buenos Aires-Necochea Boudou lo hizo en el Learjet 60, matrícula LV-CRB de Alas de Fin del Mundo SRL, cuyo socio mayoritario es Nazareno Natale, un empresario vinculado al juego en el Sur.

En paralelo con esta causa, Boudou espera el juicio oral en el caso de la falsificación de los papeles de un Honda y en la causa Ciccone, en la que tiene un procesamiento confirmado por la Cámara.

En ese expediente, el juez federal Ariel Lijo dispuso el viernes pasado que Boudou deberá pedirle autorización a la Justicia cada vez que quiere salir del país. La resolución fue tomada un día después de que Boudou dejó el cargo de vicepresidente de la Nación y perdió los fueros.

"Es la restricción que rige contra cualquier procesado. Nada más", dijo a LA NACION una fuente vinculada a la defensa de Boudou, restándole trascendencia al tema. Planean poner a prueba los alcances de la prohibición muy pronto, si el ex vicepresidente les confirma sus planes de irse en enero de vacaciones fuera del país.

Dos causas que avanzan

• En diciembre de 2011, el ex vicepresidente realizó vuelos a Necochea que no pagó y que dieron pie a una denuncia por presuntas dádivas
• Ayer, Boudou fue a los tribunales de Comodoro Py para plantear su defensa ante el juez Oyarbide y presentó un escrito en el que pidió ser sobreseído
• Días atrás, Lijo, a cargo de una causa por falsificación de los papeles de un auto, dispuso que Boudou deba pedir autorización judicial para salir del país