Boudou pidió cerrar el caso de la ex Ciccone

El vicepresidente Amado Boudou se presentó ayer ante la Justicia para reclamar que se cierre de inmediato el caso en que se investiga si se interesó en levantar la quiebra de la ex Ciccone para ponerla en manos de amigos suyos, al entender que no cometió ningún delito y que se están violando sus derechos humanos. Ahora, un tribunal tiene 20 días para decidir si cierra el caso o si, por el contrario, deja que sigan adelante las medidas de prueba que se están llevando a cabo.

Boudou se presentó ante la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte. Había ensayado hace más de año un recurso exprés para ser sobreseído . Se llama "excepción por falta de acción": es un atajo legal que permite a un acusado que se cierre el caso en su contra cuando es evidente que a todas luces su conducta no implica un delito.

El recurso fue rechazado en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo, que investiga a Boudou, y por la Cámara Federal, que de todos modos instó a que cuanto antes se decida si el vicepresidente cometió o no delito, pues no se lo puede mantener sujeto a una causa penal indefinidamente.

Los abogados de Boudou apelaron y el tema llegó a la Cámara de Casación Penal, que debe resolver si hace lugar o este atajo para que todo quede en nada. Los jueces que deberán resolver son Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, de la Sala I de la Cámara de Casación. Éstos vienen hasta ahora rechazando los intentos de Boudou de declarar nulo parte del caso y apartar del tribunal a alguno de estos jueces que ya votó contra los intereses del vicepresidente.

El fiscal que interviene en el asunto es Javier de Luca, quien ante el planteo de Boudou se pronunció por resolver cuanto antes su situación procesal y dio a entender que su conducta podría no configurar un delito; sin embargo, no propuso explícitamente su sobreseimiento.

Ayer debería haber tenido lugar una audiencia oral donde los jueces escucharan a las partes para decidir. En cambio, la defensa de Boudou, a cargo de Diego Pirota, dejó un escrito con breves notas para que las analicen el fiscal y el tribunal, que ahora tiene 20 días para decidir.

El argumento de Boudou es que no hizo nada, ninguna acción que sea considerada delito por el Código Penal. Únicamente admitió haber respondido una consulta que le hizo el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que lo consultó sobre dar facilidades a la ex Ciccone para pagar sus impuestos atrasados. En esa nota, Boudou le dice a la AFIP que "sustancie" el pedido según sus atribuciones y le recuerda que "permitir la continuidad de la empresa" está dentro de la política del Gobierno de mantener las "fuentes de trabajo" en una empresa de esa "importancia estratégica". Dijo que haber suscripto esa nota no evidencia el delito de interesarse de manera indebida por la firma.

Pirota destacó que peritajes descartaron que hubiera fotos de Boudou con Alejandro Vandenbroele, que manejó Ciccone hasta su estatización y negó conocerlo. Dijo que fue ajeno a la plata colocada para salvar Ciccone y que hasta apareció un dueño de ese dinero, Raúl Moneta, que la reclama.

No mencionó el relato de la ex esposa de Vandenbroele que lo identificó como el testaferro de Boudou. Tampoco mencionó que Vandenbroele vivió en un departamento de Puerto Madero que es de propiedad de Boudou.

El abogado del vicepresidente reconoció que la familia Ciccone, cuando declaró ante Lijo, dijo que se habían visto con Boudou, que les había señalado que trataran el asunto a través de su amigo José María Núñez Carmona, pero el abogado desestimó estas declaraciones al señalar que otros testigos los desmintieron. También se apoyó en que los Ciccone fueron considerados imputados por el fiscal de primera instancia Jorge Di Lello, que pidió sus indagatorias como sospechos del mismo delito por el que el funcionario pidió indagar al propio Boudou.

Un atajo para cerrar el caso

• El vicepresidente presentó un atajo legal para cerrar la causa de la ex Ciccone. Este recurso es válido cuando la conducta que se le atribuye al acusado evidentemente no es un delito. Un tribunal tiene 20 días para decidir.
• Boudou dijo que sólo firmó una nota a pedido de Echegaray donde le indicaba que hiciera lo que sus facultades le permiten para facilitar que la imprenta pagara sus impuestos teniendo en cuenta que la política del Gobierno era mantener las fuentes de trabajo.