Boudou vuelve a escena en su momento de máxima vulnerabilidad judicial

El vicepresidente Amado Boudou se hizo cargo del Poder Ejecutivo en un momento de máxima vulnerabilidad judicial. De la media docena de causas que enfrenta, la que más lo complica en estos días es aquella en la que se investiga su patrimonio y donde se lo acusa de interesarse en la ex Ciccone, la imprenta que hace papel moneda, para dejarla en manos de supuestos allegados de él.

En ambos expedientes, que están en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Jorge Di Lello, en las últimas semanas se dieron dos novedades que pueden complicar su situación: por un lado, el juzgado cruza las comunicaciones telefónicas de los protagonistas del caso de la ex Ciccone, y por el otro, surgieron dudas en las declaraciones de bienes de Boudou.

Con la información de los números de celular de los allegados a Boudou, de su socio comercial José María Núñez Carmona y del ex director de la ex Ciccone Alejandro Vandenbroele, los investigadores consiguieron la información de las empresas telefónicas con los números de llamadas entrantes y salientes. Así, lograron establecer quién habla con quién y patrones de comunicación donde se dan determinadas llamadas y a continuación uno de los interlocutores llama de inmediato a otro número. Esto permitiría vincular a personajes que por ahora no está probado que se conozcan ni que tengan relación.

En el caso de la ex Ciccone, ahora estatizada y con un fallo judicial que declaró inconstitucional esa decisión, se investiga si Boudou se interesó en la quiebra de la imprenta, a la que la AFIP reclamaba el pago de una deuda. Ricardo Echegaray otorgó un plan de pagos a la firma, tras consultarlo con Boudou, que lo recomendó para sostener las fuentes de trabajo de los empleados.

Ya había desembarcado Alejandro Vandenbroele, con el dinero aportado por The Old Fund. Su ex mujer, Laura Muñoz, jura que es el testaferro de Boudou, pero el vicepresidente dice que no lo conoce.

La Justicia analiza si declara nulo el testimonio de Muñoz -por la prohibición de los esposos de declarar uno contra el otro-, y con ello, parte del caso Boudou. Lo estudia la Cámara de Casación, que escuchó la semana pasada argumentos del fiscal Javier de Luca para rechazar la nulidad y de las defensas para admitirla. Los jueces Juan Carlos Geminiani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazarían la nulidad tras los comicios.

Boudou y Vandenbroele niegan todo vínculo; no obstante, las expensas y el servicio de TV por cable del departamento de Puerto Madero del vicepresidente -allanado por la Justicia- los pagaba Vandenbroele. Según explicó, Boudou alquiló ese piso al abogado Caroso Donatiello, que vive y trabaja en España, quien se lo facilitó a Vandenbroele. Por lo pronto, el juez Lijo mandó a interrogar a Donatiello a España para que aporte el contrato de alquiler con Boudou, nunca presentado.

Lijo, por otro lado, investiga a Boudou, sus padres, hermanos y a su novia, Agustina Kämpfer, por enriquecimiento ilícito. La diputada y candidata Graciela Ocaña y el diputado Manuel Garrido denunciaron inconsistencias entre la declaración de bienes de Boudou presentada en la Oficina Anticorrupción y las declaraciones fiscales del vicepresidente presentadas en la AFIP.

Ahora, un contador, auxiliar de la Justicia, analiza esos documentos y, según confiaron a LA NACION fuentes que están al tanto del trabajo, el experto en números habría confirmado que existen algunas de las inconsistencias denunciadas. En otros casos no llegó a la misma conclusión que los legisladores.

De comprobarse estas inconsistencias, el juez Lijo, una vez que termine de realizar el peritaje integral que efectúan los peritos de la Corte sobre los bienes del vicepresidente, podría pedirle explicaciones.

La situación judicial de Boudou se tornó más vulnerable con los cruces de llamadas y sus números en duda, pero la cercanía de las elecciones y el hecho de que esté a cargo del Poder Ejecutivo hicieron que estas investigaciones sigan la coyuntura política. Ningún juez lo citaría a una indagatoria en este momento.

Paralelamente, el vicepresidente tiene al menos otras seis causas en trámite. Es investigado por sus viáticos, fue citado a indagatoria sin fecha por el juez Claudio Bonadio por anotar a su nombre un auto con documentación apócrifa. El diputado Claudio Lozano le cuestionó en la Justicia la compra de bonos cuando era ministro de Economía y es investigado por la compra de 19 vehículos de alta gama por $ 2.301.227,25 para ese ministerio, entre otros casos.

Los casos que lo jaquean

• Negociaciones
  
  El juez Lijo analiza si se interesó en la quiebra de la ex Ciccone para que sea controlada por supuestos allegados suyos

• Enriquecimiento
  
  Se investiga si su crecimiento patrimonial y el de su grupo familiar y su novia es compatible con sus ingresos como funcionario y empresario

• Autos de lujo
  
  El juez Sergio Torres lo investiga por la compra de 19 automóviles de alta gama por $ 2.301.227,25 cuando era ministro de Economía

• Bonos
  
  El diputado Claudio Lozano lo acusó porque en el canje de deuda habrían intervenido consultoras ligadas a él

• Papeles apócrifos
  
  El juez Claudio Bonadio lo citó a indagatoria sin fecha por anotar como suyo un auto con papeles falsos

Testigo con captura

El juez Ariel Lijo ordenó detener con la policía al ex socio de Boudou Luis Scolari. El empresario fue citado, a pedido suyo, como testigo en el caso Ciccone. Declaró la primera vez que no sabía nada y pedía US$ 250.000 de indemnización. La segunda y la tercera vez faltó a su declaración. Lijo ordenó traerlo con la policía.

La nota fue cerrada a comentarios debido a la sensibilidad del tema