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Indagarán y podría ir preso un ex represor. Bello se defendió ante la Cámara Federal.
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12 de diciembre de 2001  

JUICIO POR LA VERDAD

Indagarán y podría ir preso un ex represor

  • Un suboficial de la Policía Bonaerense podría quedar detenido mañana en La Plata, pues la Cámara Federal de esa ciudad lo citó a prestar declaración indagatoria, acusado por hechos ocurridos durante la última dictadura militar. Se trata de Miguel Angel Ferreyro, que será indagado por episodios que sucedieron en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda. La decisión de tomar la primera declaración indagatoria en el marco del Juicio por la Verdad, que se realiza para determinar el destino de miles de desaparecidos en esta zona, fue tomada por los jueces Julio Reboredo y Alberto Durán, luego de que Ferreyro fue reconocido por una sobreviviente de la dictadura como uno de los policías que actuaba en la brigada cuando ella estuvo detenida ilegalmente en esa unidad. El 28 de noviembre último, Ferreyro compareció como testigo ante la Cámara Federal local y dijo que no tuvo responsabilidades en la represión ilegal. Pero cuando concluyó su declaración la ex detenida Nilda Eloy se acercó a los jueces y, llorando, aseguró que ese hombre era el cabo de guardia de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda en 1976.
  • FRAUDE AL ESTADO

    Bello se defendió ante la Cámara Federal

  • Claudia Bello defendió ayer su gestión al frente de la Secretaría de la Función Pública durante una audiencia de conocimiento personal que mantuvo con la Sala II de la Cámara Federal porteña, que debe resolver si confirma o revoca el procesamiento de la ex funcionaria menemista por presunto fraude al Estado. Fuentes judiciales dijeron que frente a los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, Bello aseguró que no cometió ningún delito cuando adjudicó a la agencia publicitaria Lautrec el contrato para la campaña de difusión del llamado "efecto 2000" que amenazó colapsar los sistemas informáticos ante el cambio de milenio. La causa contra Bello se inició con una denuncia de la Oficina Anticorrupción que fue investigada por la jueza federal María Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli.
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