Buscan amortiguar el ajuste provincial

Con aportes del Tesoro crearán un fondo para reactivar Pyme del interior del país; temen que el fuerte ahorro acordado con el FMI provoque malestar social
Con aportes del Tesoro crearán un fondo para reactivar Pyme del interior del país; temen que el fuerte ahorro acordado con el FMI provoque malestar social
Mariano Obarrio
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31 de enero de 2000  

El Gobierno prepara una batería de medidas, cuyos detalles sólo se conocerán sólo dentro de un mes, para contener el posible malestar social que podría originar el duro ajuste estructural que inevitablemente se pondrá en marcha en casi todas las provincias. Así trascendió de altas fuentes oficiales.

Para este año, las provincias -que en 1999 tuvieron un desequilibrio fiscal de 3700 millones de pesos- deberán ceñirse a un déficit que no supere los 2200 millones, lo que equivale a un ahorro de 1500 millones. Así fue acordado por las autoridades del Palacio de Hacienda con el Fondo Monetario Internacional. Las fuentes admitieron a La Nación que de no ser así, "no había acuerdo".

En principio, se estudia la creación de un fondo de crédito con garantías del Banco Nación, que se destinaría a financiar créditos blandos para promover la reactivación de pequeñas y medianas empresas (Pyme). Se privilegiaría el incentivo a la actividad económica en zonas focalizadas e identificadas como las más críticas en términos de desempleo y marginalidad.

Los recursos provendrían de una partida de 130 millones de pesos de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN, que administra el Ministerio del Interior). Con 25 millones de los ATN se crearía un fondo de crédito de 150 millones, que controlaría el Banco Nación. "Esto es para paliar la crisis y comenzar a reconvertir las economías regionales más castigadas", dijo a La Nación en estos días una fuente de la Secretaría de Asistencia a las Provincias, que conduce Walter Ceballos.

Un crecimiento del desempleo en provincias con economías regionales deprimidas se convertiría en un problema serio para el presidente Fernando de la Rúa, según admiten fuentes del Ministerio del Interior, a cargo de Federico Storani. Por ello se diseñan planes para amortiguar el impacto del ajuste, pero sólo se conocerán a fondo en 30 días.

El fantasma de la crisis social en Corrientes, desatada el mes último, inquieta a los funcionarios políticos, que estrenaron la Casa Rosada con dos muertos y varios heridos de esa población.

Preocupa también el cierre y el traslado de industrias, que expulsan mano de obra y disminuyen la capacidad del sector privado para absorber a los posibles desocupados. "Si por cerrar las cuentas del palacio los excluidos te rompen los vidrios, no ganaremos nada porque habrá pagar los daños", razonó un funcionario delarruista.

Por otra parte, Storani analiza la creación de puestos de trabajo en obra pública con los equipos del ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo. Se fijaría como prioridad la realización de proyectos en las regiones más críticas.

Según fuentes gubernamentales, Tierra del Fuego y La Rioja resultan las provincias más comprometidas, en donde la situación social se perfila como altamente delicada debido a hipotéticos conflictos.

Los Estados del interior, en forma inevitable, deben reordenar el gasto de sus administraciones para equilibrar sus cuentas. En 1999, registraron un déficit de 3700 millones de pesos en conjunto. O sea que globalmente gastaron alrededor del 10% más de sus ingresos, que rondan los 32.000 millones de pesos.

Las metas fiscales

Para este año, deberán reducir su déficit a 2200 millones de pesos. Es decir que en doce meses tendrán que recortar 1500 millones. Esa es la meta que el Gobierno prevé, según el acuerdo al que arribó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ajuste es la primera condición que impuso la Nación para renegociar de manera bilateral -con cada una de ellas- la refinanciación de su deuda, que en conjunto suma 20.700 millones de pesos. La Nación exigirá el reordenamiento del gasto para lograr un superávit operativo.

Y de ese modo, se pactarán mejores condiciones de financiamiento.

Por ahora se acordaron pautas de refinanciamiento con Río Negro y Catamarca. Tucumán está en las puertas de un convenio. Su gobernador, Julio Miranda (PJ), advirtió no obstante que no aceptaría disminuir salarios ni personal, pese a que se comprometió a lograr el superávit de $ 60 millones (su déficit actual es de $ 120 millones) para el año actual.

El secretario de Hacienda, Miguel Bein, afirmó que además se podrían concretar acuerdos inminentes con Formosa y Neuquén. En tanto, se pusieron en marcha discusiones bilaterales con Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego, y no se descarta que se sumen a las gestiones Mendoza, San Juan, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero y Salta.

Para el Gobierno, las diez provincias con peores problemas financieros y al borde del colapso son Jujuy, Corrientes, Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Neuquén. Mientras tanto, Santa Cruz, La Pampa, San Luis y la ciudad de Buenos Aires son consideradas de relativo orden.

Una fuente oficial confió que el FMI pretendía que en el ejercicio de 2000 los Estados redujeran su desequilibrio fiscal a sólo 1500 millones. "Pero les explicamos que eso era poner al país al borde del estallido social generalizado", concluyó.

El panorama

  • El acuerdo : el acuerdo stand-by con el FMI durará tres años y le permitirá a la Argentina acceder a un préstamo contingente por 7400 millones de dólares.
  • Compromiso: el Gobierno se comprometió a alcanzar un déficit no mayor a los 4700 millones de pesos durante 2000.
  • Ajuste: las provincias deberán ajustarse a un déficit de sólo 2200 millones de pesos. En 1999, los Estados provinciales tuvieron un desequilibrio total de 3700 millones de pesos.
  • Las pautas: el FMI desistió de incluir a las provincias en forma "obligatoria" en las metas del déficit del acuerdo con la Nación, pero las compromete de manera "indicativa".
  • Deudas: la Nación refinanciará la deuda de 20.700 millones de pesos sólo con las provincias que acaten pautas de ajuste de gastos por 1500 millones de pesos.
  • Crisis: el fantasma de la crisis social de Corrientes inquieta a los funcionarios del Gobierno, 0que promoverán mecanismos para contener el mal humor de la gente.
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