Buscan anular inmunidades

¿Serán capaces los legisladores de avanzar en una ley que limite sus privilegios judiciales?

Tras sucesivos fracasos en el Congreso, los diputados de la Alianza que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales impulsarán esta semana un dictamen en ese sentido.

Se trata de una iniciativa que no sólo afectará a los legisladores, sino también a los magistrados y funcionarios designados por el Poder Ejecutivo que, en la actualidad, están eximidos de la obligación de presentarse ante los tribunales ante el llamado de un juez.

Sin embargo, el camino para su aprobación en el recinto no está despejado. El justicialismo, principal fuerza de oposición en la Cámara baja, se muestra renuente a aceptar una iniciativa de estas características.

"Si bien el bloque aún no tomó una posición oficial al respecto, lo cierto es que los fueros judiciales son una necesidad que preserva al legislador o al funcionario público de los embates que pueden sufrir por parte de contrincantes políticos", apunta el vicepresidente primero de la bancada, diputado Miguel Angel Pichetto (Río Negro).

Más allá de los argumentos formales, lo cierto es que el justicialismo no demuestra voluntad de avanzar en este proyecto. "Así redactado, no pasa", sentencian.

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Elisa Carrió (UCR-Chaco), desafía las resistencias del justicialismo. "El dictamen sale ahora o nunca. Actualmente no queda ningún pedido de desafuero por resolver, por lo que partido político alguno puede sentirse amenazado. Además, es un tema que ha propuesto la Alianza en su plataforma electoral", argumenta.

Inmunidad de arresto

La iniciativa, cuyos últimos retoques se darán pasado mañana, obliga a los legisladores, magistrados y funcionarios a prestar declaración indagatoria ante un requerimiento judicial, como cualquier ciudadano común. Hasta ahora esa exigencia no los afecta, ya que gozan de inmunidad total, es decir, de arresto y de proceso judicial.

De todas maneras, el dictamen por aprobarse preserva la inmunidad de arresto, o sea que si bien se habilita al magistrado a avanzar en una causa contra un legislador, juez o funcionario, no podrá concretar su eventual pedido de prisión preventiva sin antes solicitar al Congreso su desafuero (o juicio político, en caso de funcionarios y jueces).

Este pedido deberá ser analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara respectiva en un plazo de 60 días, según reza el proyecto.

En pocas palabras, la propuesta de la Alianza promueve la inmunidad de proceso, aunque no de arresto.

La propuesta cosecha la adhesión del bloque de Acción por la República. "El propósito es que el legislador, juez o funcionario pueda ejercer su tarea con libertad, pero no por ello que sean ciudadanos de privilegio", apunta el diputado Alfredo Castañón (Capital).

De prosperar la aprobación del dictamen con la firma de la mayoría de la Alianza en la comisión, éste será considerado por los bloques respectivos. De todas maneras, los pronósticos en el Congreso no son demasiado optimistas; se trata de una iniciativa demasiado sensible a los intereses de los tres poderes del Estado y su aprobación definitiva, vaticinan, llevará su tiempo.