Buscan derogar el DNU de extinción de dominio

Se une la oposición para frenar la iniciativa del Gobierno
Gustavo Ybarra
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19 de febrero de 2019  

Fracasadas las negociaciones para que el Gobierno acepte enviar un proyecto de ley, la oposición intentará dar hoy en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el primer paso hacia la derogación del controvertido decreto de necesidad y urgencia que estableció el régimen de extinción de dominio de los bienes y fondos obtenidos por la comisión de delitos vinculados con la corrupción y el narcotráfico .

La bicameral fue convocada por el diputado kirchnerista Marcos Cleri (FPV-Santa Fe) para las 15 con la esperanza de reunir el rechazo de los ocho miembros opositores que integran la comisión.

Igual cantidad de legisladores responden al oficialismo, por lo que la apuesta de Cleri y de todas las vertientes peronistas es romper el empate gracias a la firma del presidente de la comisión, lo que convertiría el dictamen de rechazo en despacho de mayoría.

Para lograr este cometido será de vital importancia la decisión que adopte la senadora María Cristina Fiore Viñuales (Renovador-Salta). Alineada con el gobernador de su provincia, Juan Manuel Urtubey , la legisladora ha jugado en varias oportunidades con Cambiemos, pero también mostró un alto nivel de independencia. Esto, sumado al hermetismo que ha mantenido Fiore Viñuales en torno al decreto, mantiene en la incertidumbre la suerte que correrá el DNU.

De hecho, la oposición ya debió suspender un primer intento de avanzar en la derogación del decreto hace dos semanas por la ausencia de la legisladora salteña, que se encontraba de viaje en el exterior. También colaboró a la postergación de la reunión de comisión el hecho de que tampoco fuera a estar presente el senador Daniel Lovera (PJ-La Pampa).

El DNU del Gobierno crea el Régimen Procesal de Acción Civil de Extinción de Dominio, que, como su nombre lo indica, deja en el fuero civil la posibilidad de avanzar con el desapoderamiento de los bienes obtenidos por la acción de delitos aun cuando el acusado no cuente con una condena firme en la causa penal.

Esta decisión fue cuestionada por todo el arco opositor por considerarla inconstitucional.

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