Buscan un acuerdo con Uruguay por una planta papelera

Evitarán otro conflicto diplomático
Jorge Elías
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1 de marzo de 2004  

Las aguas bajan revueltas entre Néstor Kirchner y Jorge Batlle.

Más revueltas bajarán, al parecer, si no hallan una solución al grifo abierto por la decisión del gobierno uruguayo de autorizar la instalación de una planta de procesamiento de pasta de celulosa, materia prima del papel, sobre el río Uruguay, frente a la costa de la provincia de Entre Ríos.

El proyecto, en respuesta a una solicitud de la Empresa Nacional Celulosa España (ENCE), promete 3000 empleos en forma directa e indirecta, pero, en forma simultánea, organismos no gubernamentales y gente de a pie han advertido que tendría un impacto contaminante y, como consecuencia de ello, en la salud de la población.

La inversión, inusual en nuestros países, supera los 500 millones de dólares. Otra compañía, Metsa Botnia, de capitales finlandeses, está dispuesta a montar en 2007 una planta similar en la zona, también sobre la ribera uruguaya, con un capital del orden de los 1000 millones de dólares.

La reciente visita de Kirchner a Gualeguaychú, en compañía del canciller Rafael Bielsa, removió aún más las aguas. En la ocasión, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció que presentará un recurso de amparo ambiental, de modo que Batlle revea la medida, pero, según confiaron a LA NACION fuentes provinciales, está en veremos si será de tipo administrativo o judicial.

La parte argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), compartida con Uruguay, se fijó un plazo de 30 días, desde el martes pasado, para emitir un dictamen: informes de dos consultores propios y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no reflejan perjuicios sensibles en la margen entrerriana, razón por la cual, según confió a LA NACION una fuente diplomática, existen posibilidades de llegar a acuerdo. En especial, si la delegación uruguaya vuelve a participar de las sesiones, suspendidas por su inasistencia desde octubre, cuando Batlle autorizó la instalación de la planta.

Uno de los técnicos argentinos dijo en una reunión con el Grupo de Vecinos Autoconvocados de Gualeguaychú, renuente a la instalación de la planta, que el mal olor, entre otras consecuencias, no era señal de contaminación. Recibió como respuesta una pregunta: ¿quién quiere vivir con mal olor?

Los perjuicios

El quid de la cuestión, sin embargo, no se resume en mal olor: informes a los cuales tuvo acceso LA NACION dicen que la planta será una industria química que, partiendo de chips de madera de eucalipto, producirá pulpa o pasta (es decir, celulosa) blanqueada, materia prima para la elaboración de papel. En el proceso, agregan, se usan sustancias químicas, como el dióxido de cloro, cuyos desechos líquidos contaminantes (materia orgánica clorada), serán vertidos al río. Presumen que habrá emisiones aéreas tóxicas, ruido permanente, peligro de contaminación de las napas subterráneas y perjuicios para el turismo.

"La pasta de celulosa se hace con cloro y no se puede eliminar fácilmente; no mata a los peces, pero, por el consumo, afecta a los seres humanos -dijo a LA NACION el ingeniero Gabriel Moguilner, director general de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de la provincia de Entre Ríos-. Sobre la inversión de más de 500 millones de dólares, la empresa debería contemplar un adicional de un 10 por ciento para una planta de tratamiento que nos libere del cloro, como se hace en Finlandia."

Exigencia

El proyecto de Fray Bentos, según los informes, contempla el proceso Elemental Chlorine Free (ECF), libre de cloro gas, pero no descarta el uso de dióxido de cloro. Es el mismo que se utiliza en algunas plantas de este tipo en la Argentina, según la fuente diplomática. "Difícilmente podamos exigirles a los uruguayos que usen un sistema diferente del nuestro", convino. La CARU, no obstante ello, evaluará un plan de monitoreo permanente, en ambas costas, en el cual estén involucrados los intendentes y la sociedad civil.

En plantas similares emplazadas en la Argentina no se usa cloro, sino agua oxigenada. El mal olor, según explicó a LA NACION uno de sus directivos, es inevitable, pero hay formas de atenuarlo. En Uruguay, dijo, habrá que ver cómo es el sistema de efluentes.

En algunos casos, agregó, lo único que cae al agua es la fibra de la madera y, como se estabiliza a determinada profundidad, no es perjudicial para la salud.

Uno de los informes dice que el cloro vertido al río afectaría la producción de dioxinas en la vida acuática y se almacenaría en los tejidos grasos de los organismos; en especial, de los peces que consume el hombre. Esto podría provocar trastornos en los sistemas inmunológico, nervioso y reproductor, así como cáncer.

"Debemos frenar esto a tiempo -repuso Moguilne-. Ellos piensan hacer la tecnología sucia aquí, en América latina, y la limpia allá, en Europa. Queremos evitar que el río Uruguay se convierta en una gran cloaca. Si esto se pone en marcha, no tendrá retorno."

El Tratado del Río Uruguay, firmado en 1975, establece que ambas partes deben proteger y preservar el medio ambiente y, en particular, prevenir su contaminación, así como promover estudios conjuntos de carácter científico de interés común. La solución de controversias, si las hay, pasa por la Corte Internacional de Justicia, pero por más que las aguas bajen revueltas, ni Kirchner, ni Batlle, quieren llegar a tanto, parece.

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