Buscan un consenso para avanzar con la regulación de los piquetes

Pese a las tensiones internas que el tema genera dentro del oficialismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al comando de la kirchnerista Diana Conti, comenzó a debatir ayer un paquete de proyectos destinados a regular la protesta social para garantizar la libre circulación en los espacios públicos, iniciativas que elaboraron legisladores de distintas corrientes políticas.

La discusión se dividió en dos vertientes: la que promueve algún tipo de regulación de las protestas sociales para no alterar el derecho de libre circulación en los espacios públicos, mientras que la otra corriente insiste en no "criminalizar" las manifestaciones públicas y en impulsar una amnistía para todos los procesados, imputados y condenados por participar en protestas sociales. En esta última postura se enrolaron los diputados del Frente de Izquierda y Virginia Linares (GEN).

"La idea es encontrar puntos de encuentro para impulsar una iniciativa por consenso", indicó la diputada Conti, quien anticipó que el debate continuará el 10 del mes próximo con la presencia de representantes gremiales, de ONG y de movimientos sociales.

Ayer fue el turno de los legisladores que presentaron proyectos al respecto: Darío Giustozzi (Frente Renovador); Juan Manuel Pedrini (Frente para la Victoria); Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social); Federico Sturzzeneger (Pro); Conti y Alicia Comelli (MPN), y Pablo Tonelli (Pro) y Araceli Ferreyra (Frente para la Victoria). Todos ellos fundamentaron sus iniciativas así como las coincidencias y diferencias con las propuestas de sus pares.

En términos generales, Pedrini, Sturzzeneger, Tonelli y Giustozzi plantearon el problema como una "colisión de derechos", es decir, entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado. En lo que difieren es en qué formato debería encuadrarse la protesta social para que no queden afectados los derechos de terceros.

Protesta legítima o no

Quien arrancó el debate fue el oficialista Pedrini, que, en líneas generales, cataloga las manifestaciones sociales como legítimas (cuando son notificadas ante las autoridades e interviene un mediador) e ilegítimas (cuando aquellas dos premisas no se cumplen).

Esta división de aguas que marcó Pedrini en su proyecto provocó recelos dentro del propio oficialismo, por lo que el diputado chaqueño (que responde políticamente al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich) se afanó en aclarar la letra chica del texto.

En este sentido, explicó que aquella distinción "no tiene la intención de calificar el conflicto", y aclaró que la autorización previa requerida, de 48 horas, "es un trámite" que puede efectuarse en cualquier comisaría y es sólo a los efectos de poner en marcha el sistema de mediación, que a su juicio debe ser "civil y obligatoria".

El massista Giustozzi, en cambio, rechazó las propuestas que contemplaban crear figuras de mediación, como también la propuesta de amnistía, ambas incluidas, además, en la propuesta de Conti y Comelli.

En ese sentido, el Frente Renovador sugiere establecer lugares fijos en las provincias y municipios para la realización de las protestas sociales, las cuales además deberían ser transmitidas por los medios de comunicación estatales para que adquieran visibilidad.

"El kirchnerismo y Mauricio Macri son responsables del avance de los piquetes, uno por alentarlos y el otro porque dejó que la ciudad se convirtiera en la capital de los piquetes", disparó Giustozzi.

Mientras tanto, en Pro hay dos propuestas: la más rígida, de Tonelli, rechaza los cortes de tránsito por protestas sociales, salvo previa decisión judicial. En cambio, la iniciativa de Sturzzeneger habilita las manifestaciones siempre y cuando se garantice la libre circulación en la mitad de los carriles por mano de circulación.

Por su parte, Pucheta, Ferreyra, Linares y el diputado Nicolás del Caño (FIT) aseguraron en el inicio de la discusión que el derecho a peticionar ante las autoridades públicas tiene primacía por sobre el derecho a transitar. "No se puede afectar el derecho a la manifestación sin afectar a la democracia", planteó Ferreyra.

SERÁ LEY EL PROYECTO CONTRA EL TRABAJO ILEGAL

• La Cámara de Diputados convertirá en ley hoy el proyecto que propone rebajas de contribuciones patronales para combatir el trabajo en negro. El kirchnerismo convocó la sesión para las 10.30, para tratar la propuesta enviada por el Ejecutivo.
• El dictamen del oficialismo fue firmado, con disidencias, por la UCR, el FAP y el Frente Renovador.
• Al término de ese debate, la oposición intentará por tercera vez reunir el quórum para tratar una rebaja en el impuesto a las ganancias.
• El temario incluye también un proyecto del Frente de Izquierda que propone prohibir suspensiones y despidos por dos años.