Calculan que se pagaron en sobresueldos $ 466 millones

Es el resultado de un informe técnico que fue solicitado por el fiscal Paulo Starc
Gabriel Sued
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26 de abril de 2005  

Un mecanismo perfectamente aceitado, con montos fijos según la categoría del funcionario, con organismos que se encargaban de distribuir puntualmente lo acumulado y sin ningún registro de cuánta plata se repartía ni a quiénes. Así habría funcionado el sistema de sobresueldos durante el gobierno de Carlos Menem, según los resultados de un informe técnico solicitado por el fiscal Paulo Starc el 14 de febrero pasado.

Entre 1991 y 1999 la Casa Rosada distribuyó entre sus funcionarios 466 millones de pesos, de acuerdo con el cálculo de ese análisis, a cargo de Alfredo Popritkin, un perito contable contratado, el año pasado, por el Ministerio Público.

El cálculo surge de la sumatoria de los montos que habrían recibido durante esos nueve años los ministros, secretarios y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. De acuerdo con ese cuadro, ocho ministerios recibían 100.000 pesos por mes; 90 secretarías, $ 40.000; 10 direcciones del Ministerio de Economía, $ 20.000, y 31 asesores, entre $ 2000 y $ 5000. El Ministerio de Defensa habría gastado en ese período $ 35.000 por mes en retribuciones extras para sus funcionarios.

El informe técnico se nutrió en gran parte de las declaraciones testimoniales que hicieron ex funcionarios menemistas ante el fiscal Starc y ante el tribunal oral que condenó a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito. Por esa razón, los funcionarios que intervienen en el expediente no le daban mucho valor a la información allí recopilada. "No agrega nada", dijo uno de ellos a LA NACION.

El juez de la causa, Jorge Ballestero, delegó la investigación en la fiscalía. En el sumario figura también la declaración testimonial de Alsogaray, cuyos conceptos principales repitió en una carta de lectores que publicó LA NACION el sábado pasado.

El informe permite, sin embargo, captar en un rápido golpe de vista las conclusiones preliminares a las que llegó la pesquisa hasta el momento. Siempre según el análisis de Popritkin, los sobresueldos eran pagados con fondos reservados, previstos en las leyes de presupuesto.

Los organismos autorizados para recibir esos montos (que pueden ser gastados sin rendir cuentas) eran la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa.

Esos órganos (menos el Ministerio de Defensa, que se limitaba a solventar los sobresueldos de sus empleados) aportaban dinero para la formación de un fondo general para sobresueldos. La distribución de los fondos acumulados corría por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia, primero, y de la Jefatura de Gabinete, desde su creación, en 1994. El Ministerio de Economía, en tanto, sólo se ocupaba de pagar a sus funcionarios.

Según el estudio, el dinero era entregado en mano, sin constancia de su existencia. "Esta operatoria, de ser cierta -dice el informe-, expone un circuito o contabilidad «blanca», ficticia o aparente, que es la que encontramos en los registros oficiales (...) y, por otra parte, existiría un circuito «negro», real, no asentado en la contabilidad del Estado, cuya fuente de abastecimiento de fondos estaría dada por el dinero en efectivo aportado por los ministerios y cuyo destino sería el pago de sobresueldos a funcionarios."

El contenido del informe coincide con lo que asegura Alsogaray en su carta de lectores. En ese texto, la ex secretaria de Recursos Naturales dijo que conoció la existencia de los fondos por intermedio del ex secretario general de la Presidencia Eduardo Bauzá y que, en una reunión de gabinete de 1991, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, informó que había que empezar a declarar los sobresueldos en las declaraciones juradas.

Ante la Justicia, también reconocieron el pago de montos extras, entre otros, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión; el ex director de la DGI Ricardo Cossio y Roberto Martínez Medina, ex asistente del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.

Sobre la base de esos testimonios, el fiscal Starc pidió, el 28 de febrero último, las declaraciones indagatorias de Cavallo, Granillo Ocampo y Rodolfo Aiello (ex funcionario de la Jefatura de Gabinete) y, a comienzos del mes pasado, de Camilión. Ballestero aún no respondió a esos planteos.

Ayer, en tanto, el actual gobernador bonaerense y secretario de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Menem, Felipe Solá, negó haber cobrado sobresueldos. "Es una locura", dijo según la agencia DyN. Y agregó: "En muchos años conviviendo con otros secretarios de Estado del gabinete económico, puedo asegurar que no, que no es así".

Menos terminante resultó el senador Eduardo Menem (PJ-La Rioja), que en declaraciones a la agencia DyN dijo que no le consta la existencia de un sistema de sobresueldos.

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