Cámara de Casación Penal: los cambios en un tribunal decisivo
El Gobierno logró integrar con jueces suplentes que le son afines la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal que existe por debajo de la Corte Suprema. El Consejo de la Magistratura decidió ayer apartar al juez Luis María Cabral como subrogante: de este modo habrá siete jueces cercanos al Gobierno que van a estar en funciones (y otros seis que no comparten muchos de sus puntos de vista).
El desembarco kirchnerista en la Casación es el producto de una ingeniería jurídica que se puso en marcha a fin del año pasado. Incluyó, en primera instancia, la aprobación por parte del Senado de una lista de conjueces integrada por abogados afines al Gobierno para ocupar las vacantes de jueces, que fue aprobada el segundo semestre de 2014. El segundo paso fue la aprobación exprés la semana pasada de una nueva ley de subrogancias. Y el tercero, la votación realizada ayer en el Consejo de la Magistratura donde se hicieron las nuevas designaciones.
Nuevos jueces suplentes con aires kirchneristas
- Claudio Vázquez, conjuez. Es un abogado que fue de Ejecución Penal, de la zona sur del conurbano, cercano al viceministro de Justicia Julián Álvarez, uno de los impulsores de este cambio. Se trata de un activo defensor de la reforma judicial impulsada por el Gobierno.
- Roberto Boico, conjuez. Profesor universitario abiertamente kirchnerista, que firmó la primera solicitada de la agrupación Justicia Legítima. Es socio del constitucionalista Eduardo Barcesat. Fue abogado de Madres de Plaza de Mayo y de Hebe de Bonafini.
- Norberto Frontini, conjuez. Integró el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 y se desempeñó en la Defensoría General de la Nación. Trabajó como asesor del Ministerio de Justicia. Su pliego como conjuez fue aprobado por el Senado el 18 de diciembre del año pasado.
Más leídas de Política
"En el Mar Argentino". Tras una persecución, la Armada abordó un barco pesquero chino que navegaba en la zona exclusiva
Los 70. El senador que sobrevivió de milagro a una bomba en su auto y fue secuestrado por la dictadura militar
Tras las críticas. El Gobierno defendió la postulación del juez Lijo para la Corte y negó un pacto de impunidad con Cristina