Cambiemos debió hacer concesiones para asegurar los votos

En el camino para lograr el dictamen de comisión y juntar la mayoría para darle media sanción al proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, el oficialismo debió dejar de lado una serie de herramientas ideadas por la Casa Rosada para fortalecer la recaudación y brindar mayor discrecionalidad en la gestión de los recursos.

En el interbloque de Cambiemos no hicieron una estimación del impacto fiscal de esa marcha atrás, considerada imprescindible para conseguir el respaldo de un sector del peronismo no kirchnerista. Buena parte de las concesiones fueron compensadas por el aumento del impuesto a los bienes personales, que se tramitó en forma paralela al presupuesto.

La primera concesión que debió hacer el oficialismo tiene que ver con la ahora frustrada eliminación del plus que cobran en sus haberes y salarios los jubilados, pensionados y trabajadores de zonas consideradas "desfavorables", como la Patagonia.

La intención original del Gobierno era que ese pago extra pasara de un 40% a un 20% en las jubilaciones y de un 40% a un 30% en las asignaciones familiares. Las quejas de los diputados de las provincias afectadas hicieron que finalmente el oficialismo diera marcha atrás.

Otro cambio obligado por la presión de los gobernadores de la Patagonia es el que mantuvo las exenciones al impuesto a las ganancias de ciertos componentes del salario, como "viáticos, movilidad, bonificaciones especiales, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional y desarraigo".

Los mandatarios accedieron en la adenda del pacto fiscal a eliminar las exenciones que beneficiaban a empleados públicos provinciales y municipales de algunos distritos. Se mantendrán, en cambio, las exenciones de las que gozan gremios de trabajadores privados, como el petrolero. El acuerdo con los gobernadores incluyó también el aumento del impuesto a los bienes personales, una reforma que traerá una recaudación extra de unos 35.000 millones de pesos. Por presión de los productores agropecuarios, el oficialismo debió dar una primera marcha atrás, que figura en el dictamen. Los inmuebles rurales, que en un principio empezaban a tributar como el resto, gozarían de una tarifa plana del 0,25%. Como el cambio no resultó suficiente para la Mesa de Enlace, los diputados de Cambiemos prometieron mantener el beneficio para los inmuebles rurales. Las críticas de la oposición hicieron también que quedaran fuera del dictamen de presupuesto dos facultades especiales reclamadas por el Poder Ejecutivo.

La primera habilitaba al jefe de Gabinete a ampliar las asignaciones presupuestarias para gastos corrientes a partir de fondos excedentes de los créditos de organismos internacionales. Es decir, del FMI. Otra herramienta reclamada por la Casa Rosada que quedó fuera de juego es la que permitía mayor flexibilidad en los procesos de reestructuración de la deuda externa. El Gobierno proponía modificar la ley de administración financiera, para dejar de lado el criterio que solo autoriza una reestructuración en casos de "mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses" y reemplazarlo por un criterio que atienda "las condiciones imperantes en el mercado financiero".