Cambiemos y el peronismo acordaron autorizar a las empresas a aportar para la campaña

Fuente: Archivo
Gustavo Ybarra
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7 de noviembre de 2018  • 17:16

En una jugada a tres bandas, el Gobierno y los bloques de Cambiemos y el PJ acordaron avanzar en el Senado en el levantamiento de la prohibición a las empresas privadas de aportar al financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, establecido en 2009 luego de la derrota electoral de Néstor Kirchner a manos del empresario Francisco de Narváez.

La iniciativa mantiene la restricción a sindicatos y a empresas de juegos de azar y concesionarias y contratistas de servicios públicos de aportar a la campaña. Pero establece un sistema mixto, al permitir que personas jurídicas puedan aportar hasta un 5% del total de los gastos de campaña habilitados para un partido o alianza electoral.

El proyecto podría generar la resistencia de los partidos políticos pequeños, ya que reduce a la mitad el tiempo que los medios de comunicación ceden de manera gratuita a la difusión de mensajes electorales. Sin embargo, y como contrapartida, también extiende el plazo de campaña de 20 a 30 días para las primarias y de 25 a 35 días para la elección general.

El texto, que aún no reunió las firmas necesarias para convertirse en dictamen, modifica la ley de financiamiento de los partidos políticos y cuenta con el acuerdo de la Casa Rosada. De hecho, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, impulsó durante las últimas dos semanas con el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera (PJ-Catamarca), las negociaciones para alcanzar un proyecto de consenso entre el oficialismo y la oposición.

La campaña 2019

La intención del Gobierno es que la nueva reglamentación entre en vigor para la próxima campaña electoral. Para eso, buscará que el Senado apruebe la iniciativa antes de fin de mes y que la Cámara de Diputados la convierta en ley en los primeros meses de 2019.

El 5% de límite al aporte de una persona física o jurídica es sobre el total del gasto autorizado a cada partido o alianza por campaña electoral y surgió como cifra de consenso entre la propuesta del Poder Ejecutivo, que lo fijaba en el 2%, y el del PJ, que pretendía poner como techo el 15 por ciento.

La iniciativa establece, además, que todos los aportes que reciban los partidos políticos podrán realizarse solo "mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito" y cualquier otro medio o plataforma digital que le permita a la Justicia Electoral establecer la trazabilidad de los fondos, cuyo control estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.

Los partidos o alianzas electorales deberán designar dos responsables económico-financieros de sus campañas. Uno de ellos deberá ser una autoridad partidaria y el otro deberá ser un profesional contable. Ambos deberán aceptar el cargo ante la Justicia Electoral bajo promesa de desempeñarlo conforme a la ley.

Una de las importantes novedades que tiene el proyecto es la reducción a la mitad (del 10% al 5%) de la cuota de espacios gratuitos para propaganda electoral en los medios de comunicación. La otra cara de la moneda es que extenderá en 10 días las campañas para las elecciones primaria y general.

También modifica la prohibición de difundir encuestas por medios de comunicación o internet en época electoral, que comenzará a regir ocho días antes de la elección y concluirá tres horas después de terminados los comicios. Además, amplía a 25 días previos a la elección -hoy es de dos semanas- la prohibición de publicidad y actos oficiales.

La obligación de registrarse que hoy comprende a las encuestadoras se extenderá a las empresas de publicidad en la vía pública que quieran trabajar en una campaña electoral.

Una de las grandes beneficiadas por el proyecto es la Cámara Nacional Electoral, que sumará facultades de control y fondos. Además del registro de empresas de publicidad en la vía pública, el tribunal tendrá a su cargo los mecanismos de control de trazabilidad de los aportes recibidos por las agrupaciones políticas y verá incrementado el cuerpo de auditores que fiscalizan los gastos de campaña.

El proyecto contempla un endurecimiento del capítulo punitivo. La violación de la regulación y transparencia de los aportes podrá ser castigada con la pérdida de los aportes públicos hasta un máximo de cuatro períodos y de hasta dos campañas electorales.

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