Cameron: con ironías, piden su procesamiento

El fiscal Moldes acusó al secretario de Energía de no controlar al concesionario; "¿Vamos a premiarlo?", dijo
Hernán Cappiello
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23 de agosto de 2013  

Con acidez y sutiles ironías un fiscal reclamó revocar el sobreseimiento que benefició al secretario de Energía Daniel Cameron y reclamó que sea procesado por no controlar entre 1995 y 2000 a la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, que explotaba una mina en Santa Cruz. El perjuicio para el Estado por esta causa fue de unos 37 millones de pesos.

"¿Vamos a premiarlos con un sobreseimiento?", se preguntó el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, al apelar el fallo firmado por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah que eximió de responsabilidad a Cameron y a Jorge Enrich Balada, Eduardo Sorensen, Enrique Campaña y Fernando Malvasio, ex miembros de la Comisión de Fiscalización Río Turbio (CFRT), acusados de no controlar la mina concesionada al empresario Sergio Taselli, procesado por fraude y con bienes embargados por 45 millones de pesos.

El fiscal Moldes aseguró que durante cuatro años "la concesión fue llevada a la ruina" cuando los acusados "debían velar y controlar" la explotación y "nada hicieron para evitar esa ruina, salvo cobrar sus salarios y anunciar que no podían cumplir sus funciones por una supuesta falta de recursos".

Taselli sigue procesado, pero su situación judicial está atada a la de Cameron. De hecho, que Cameron siga siendo funcionario público es el mejor argumento de la fiscalía para evitar que el caso sea declarado prescripto por el paso del tiempo.

La Sala I de la Cámara Federal ya había sobreseído a Cameron en una causa anterior, y es la misma que desprocesó a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y eximió de prisión al procesado ex secretario kirchnerista de Transporte Ricardo Jaime.

Cameron había sido procesado en marzo pasado por el juez federal Sergio Torres por incumplimiento de los deberes de funcionario, por no evitar el desvío de subsidios en la concesión.

El yacimiento fue privatizado en 1993 y el gobierno nacional rescindió la concesión en 2002. En 2004 una explosión en la mina mató a 14 obreros. Cameron integró la comisión fiscalizadora desde 1995 y hasta su finalización, y en su indagatoria ante Torres había dicho que no contaba con los recursos necesarios para controlar el yacimiento.

El fiscal Federico Delgado había sostenido que el descontrol era tal que no se tenía inventario de los bienes, maquinarias e inmuebles. "La caótica situación de desmantelamiento documentada [...] fue posible, entre otras cuestiones, como consecuencia de la falta de controles adecuados", escribió el juez Torres. Estas falencias fueron advertidas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

El juez reprochó que se hubieran adquirido dos máquinas, que no estaban avaladas ni técnica ni económicamente. Son una Turbogas BAR Marca General Electric, por $ 5.942.939, incluidas obras civiles para su emplazamiento, y la otra es una Turbo Gas John Brown 5200 LA. Ambas funcionan a gas, combustible que no existía en la zona.

La Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Taselli por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y había dispuesto que se investigara el desempeño de los funcionarios, pero luego los sobreseyó. Ahora será la Cámara de Casación Penal la que deberá definir la situación de Cameron.

Moldes les dijo a los camaristas que tengan en cuenta a la hora de decidir que la defraudación no estaba oculta detrás de "alambicadas maniobras financieras", sino que aparece "burda y ramplona, visible a los ojos de propios y extraños". Dijo que los funcionarios tuvieron una actitud de "dolosa indiferencia" al no evitar los actos de administración infiel por los que Taselli fue procesado. Tuvieron, dijo, una actitud "apática e indiferente".

"Está claro que los hechos de este proceso involucran a varios agentes públicos. Algunos de ellos ampliamente conocidos por quienes diariamente trabajamos en esta justicia federal por su recurrente aparición en las carátulas" de los expedientes, escribió Moldes en alusión a Cameron. Y dijo que también es conocida la costumbre de "pretender enmascarar con una supuesta e inocente distracción" la connivencia de funcionarios con aquellos a los que debían controlar.

Un funcionario en problemas

Está acusado de no evitar la ruina de una concesión

  • Daniel Cameron

    Secretario de Energía


    Estaba al frente de una Comisión de Fiscalización que debía controlar la concesión de una mina de carbón en Río Turbio. El empresario Sergio Taselli, que la manejaba, fue procesado por fraude y los funcionarios, sobreseidos. La fiscalía apeló el fallo
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