Cancillería objetó el estudio ambiental del Banco Mundial

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, envío hoy un documento al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, con las objeciones iniciales del Gobierno al "Borrador del Estudio de Impactos Acumulativos" de las plantas de celulosa proyectadas sobre la margen izquierda del Río Uruguay.

El estudio había sido publicado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), dependiente del organismo internacional de crédito, con una tendencia favorable a la instalación de las papeleras.

El documento de la Cancillería advierte que las plantas pueden generar perjuicio sensible a la Argentina y que ello causaría responsabilidades patrimoniales muy serias para, entre otros, las empresas industriales y las entidades financieras participantes, según un comunicado difundido hoy por el Palacio San martín.

Las siguientes son algunas de las objeciones presentadas a la CFI y reproducidas en el comunicado oficial:

- El Borrador de Informe de la Corporación Financiera Internacional no se ajusta a las propias Políticas Operacionales de la CFI, especialmente a la Política sobre Evaluación Ambiental; no ha tomado totalmente en cuenta las conclusiones del Informe de la Asesor de Observancia o "Ombusdman" (CAO) de noviembre de 2005.

- El documento no analiza métodos de producción libres de cloro y carece de indicaciones para prevenir la contaminación con efluentes líquidos y emisiones gaseosas (...) ni crea adecuados sistemas de control de las contingencias que puedan suscitarse que son frecuentes en esta industria.

- El Borrador ignora que existe una controversia entre la Argentina y el Uruguay sobre la aplicación del Estatuto del Río Uruguay de 1975, aunque esta controversia es particularmente relevante por las normas que rigen a la CFI y los principios que son vinculantes para las casas bancarias que lideran el financiamiento de las obras proyectadas.

Uno de los elementos principales de dicho principio es el mecanismo de consulta e información previas que un Estado debe cumplir antes de dar curso a una actividad que pueda tener un impacto ambiental transfronterizo. En el caso del Río Uruguay, dicho principio está receptado en el Estatuto de 1975 que reglamenta la administración y gestión de dicho curso fluvial.

- La controversia entre ambos países surgió cuando se autorizaron unilateralmente los proyectos, a pesar de los requerimientos reiterados de la Argentina para que se suspenda la construcción hasta tanto pueda determinarse, de manera objetiva y fehaciente, su impacto acumulado transfronterizo.

- El Borrador argumenta sobre anuncios de las empresas acerca de sus intenciones de utilizar tecnologías incluidas en recomendaciones de la Unión Europea (UE). Esos documentos de la UE establecen una gama de técnicas aptas para distintos procesos industriales, incluyendo la fabricación de celulosa, pero no prescriben ninguna técnica específica, salvo para el caso del descortezado de la materia prima.

- Se utilizó un modelo matemático de dispersión de contaminantes en la atmósfera que no es adecuado porque no se lo puede utilizar en zonas costeras. Es de esperar que por lo menos durante 3 ó 4 meses, durante la puesta en marcha inicial de cada planta y cuando se produzcan paradas programadas y no programadas, se perciban olores en el balneario Ñandubaysal y en la ciudad de Gualeguaychú.

- El borrador del informe tampoco tiene en cuenta los reiterados requerimientos de información formulados por la Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) creado por acuerdo de los Presidentes Kirchner y Vázquez.

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