Caro lo culpó a Erman González
Armando Caro Figueroa responsabilizó a Antonio Erman González, su sucesor en el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Carlos Menem, por el otorgamiento de jubilaciones irregulares y deslindó toda responsabilidad personal.
Caro Figueroa, designado director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, se presentó motu proprio en la Oficina Anticorrupción (OA) para hacer su descargo y esta mañana, a primera hora, llevará un documento idéntico al fiscal federal Guillermo Marijuan, que impulsa la investigación sobre jubilaciones irregulares a empleados del Banco de La Rioja.
Lo hizo después de que el interventor de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Douglas Lyall, lo señaló como responsable del otorgamiento de miles de jubilaciones irregulares durante su paso por el ministerio, a partir de 1993, sumándose a anteriores acusaciones de dirigentes radicales.
"No voy a dejar que alguien deje caer sospechas sobre mi persona", dijo Caro Figueroa a LA NACION. No identificó a quién se refería, pero dijo que en el "trasfondo" de las acusaciones en su contra está el intento de "profesionalizar la Anses", tarea que debió abandonar al perder la batalla política por el control del gasto previsional. La UCR logró evitar su injerencia y, por lo tanto, la de Cavallo, en un terreno que le es propio (a eso se refirió ayer Raúl Alfonsín, como se informa en la página 6).
Descargo
La OA no tenía una investigación en curso sobre el escándalo de las jubilaciones riojanas. La presentación de Caro Figueroa provocó su apertura, dijeron fuentes de la OA a LA NACION.
El resultado de la investigación será enviado al fiscal Marijuan y al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quienes investigan 748 jubilaciones presuntamente irregulares otorgadas a empleados del Banco de La Rioja.
En su presentación, que acompañó con 150 páginas de documentación, Caro Figueroa recordó que el gobierno de Menem decidió absorber las cajas jubilatorias de las provincias durante su gestión en Trabajo. Así, el Estado recuperó la facultad de legislar en materia previsional.
La provincia de La Rioja transfirió su caja en marzo de 1996, "motivo por el cual se derogaron los regímenes de privilegio y se aceptó la aplicación de los topes nacionales a todas las jubilaciones transferidas", escribió Caro Figueroa.
"En abril de 1997, ante la presencia de indicios de irregularidades y tras un intercambio epistolar con el gobernador de la provincia, el suscripto ordenó suspender preventivamente 4200 beneficios", agregó. Así lograba "generar un sistema de mayores controles".
Los beneficiarios quedaron desde entonces sujetos al control de la Anses, según el funcionario. "En relación con el régimen previsional para las amas de casa (otro fraude sobre el que se informa por separado), el firmante dio de baja 1800 beneficios que no reunían los requisitos establecidos. Ninguno de estos beneficios fue rehabilitado durante mi gestión."
"Las gestiones ministeriales que me sucedieron tomaron decisiones en contra de las adoptadas durante mi gestión", afirmó, entre ellas la modificación de montos de haberes y la incorporación de regímenes especiales que habían sido excluidos del convenio .
"Creo haber dejado la cartera con un sistema de absorción de la caja provincial de La Rioja lo suficientemente apto para detectar irregularidades -concluyó-. Lo ocurrido en las gestiones que me sucedieron y las investigaciones efectuadas por la Justicia y la prensa evidencian que hubo excesos y que deben profundizarse las indagaciones para determinar quiénes fueron los responsables."
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